El
fumus boni iuris y/o el periculum in mora son en general las dos
condiciones en las que debe basarse un juez para dictaminar una medida
cautelar. El primero puede traducirse literalmente como “humo de buen
derecho” y es conocido más (ejem…) “popularmente” como verosimilitud
del derecho.La demanda invocada en nombre de la posible violación de un
derecho debe aparentar o tener aspecto verosímil. El segundo es el
peligro de demora. La lógica procesal se basa en que si no se otorga
una medida cautelar, puede suceder que cuando termine todo el proceso
del juicio “de fondo” la cuestión se vuelva abstracta, habiéndose
violado todos los derechos. Una resolución de este tipo reclamaban los
abogados representantes de la Argentina ante el juez Griesa, en el
litigio con los fondos buitre. Un stay, una medida cautelar que debía
ser repuesta antes del 31 de julio para que los bonistas que habían
aceptado los diferentes canjes (2005-2010) puedan cobrar los fondos que
el gobierno argentino había depositado en Nueva York.
Griesa se negó a reponer la cautelar y los representantes del gobierno -empezando por el ministro Kicillof-, salieron a despotricar rayos y centellas contra esta injusticia del mundo, que además de no garantizar derecho al pago de los tan cumplidores “pagadores seriales”, demora el cobro de los sufridos bonistas que aceptaron las reestructuraciones. Gente de bien y de trabajo, sensibles a los avatares y a los cataclismos del capitalismo argentino, casi filántropos del mundo financiero. Qué distinto sería el mundo en manos de tan buenos “compañeros bonistas”, nacionales y populares. Era más que verosímil su derecho al cobro legítimo, en tiempo y forma; sin demora peligrosa.
Griesa no repuso la cautelar, y primero negociaron los “compañeros banqueros nacionales”, que también fracasaron en sus gestiones solidarias y todo quedó en manos de la JP… Morgan y el Citigroup, internacionalistas de la primera hora, dispuestos a dar la vida por el proyecto (y una buena tasa).
Durante el mismo periodo, 4 (cuatro) medidas cautelares se dictaron a favor de los delegados de los trabajadores de la multinacional Lear Corporation, de la localidad de Pacheco en la provincia de Buenos Aires. Luego se dictó otra resolución con (5) cinco sentencias que obligan al Ministerio de Trabajo de la Nación a intervenir para hacer cumplir las cautelares anteriores. La verosimilitud del derecho es evidente, son delegados gremiales con fueros garantizados por ley, a los que no se les permite en ingreso a la fábrica en momentos de conflicto, justo cuando más necesaria es su función.
Y el mismo conflicto también hace absolutamente peligrosa la demora.
Sin embargo nadie del gobierno salió a indignarse con esta situación, a poner cara de malo y combativo en la televisión contra esta injusticia “atómica” (Kicillof dixit). Cualquiera que tenga un poco sentido común o haya visto las familias que Lear está dejando en la calle, observa que los peligros de esta demora son mucho más graves que los de los sufridos bonistas reestructurados.
Frente a esta situación, los funcionarios responsables del Ministerio de Trabajo combinan los dos principios invocados en las cautelares, pero levemente modificados: hacen humo para garantizar la demora. O se hacen humo para no tener que hacerse cargo del derecho ganado por los obreros en buena ley y sobre todo, en buena lucha.
Una de las denuncias de los funcionarios gubernamentales es que Griesa viola la soberanía, pretendiendo aplicar las leyes de su país al resto del mundo, a la Argentina o a los países de origen de los bonistas.
Pero la norteamericana Lear viola la soberanía de la justicia en lo que debe considerar su “territorio”, dentro de la fábrica, donde aplica su derecho al despotismo. El gobierno argentino renunció a la soberanía cuando aceptó la jurisdicción norteamericana para la reestructuración de deuda; y ahora renuncia a la soberanía de la justicia en su propio territorio ante la ilegalidad de un buitre industrial también norteamericano. Los “nacionales y populares” cuando se trata de enfrentarse a los dueños de bonos o de empresas parece que siempre aceptan la legislación imperial, de derecho o de hecho.
Todas las medidas cautelares son iguales, pero parece que algunas son más iguales que otras.
Griesa se negó a reponer la cautelar y los representantes del gobierno -empezando por el ministro Kicillof-, salieron a despotricar rayos y centellas contra esta injusticia del mundo, que además de no garantizar derecho al pago de los tan cumplidores “pagadores seriales”, demora el cobro de los sufridos bonistas que aceptaron las reestructuraciones. Gente de bien y de trabajo, sensibles a los avatares y a los cataclismos del capitalismo argentino, casi filántropos del mundo financiero. Qué distinto sería el mundo en manos de tan buenos “compañeros bonistas”, nacionales y populares. Era más que verosímil su derecho al cobro legítimo, en tiempo y forma; sin demora peligrosa.
Griesa no repuso la cautelar, y primero negociaron los “compañeros banqueros nacionales”, que también fracasaron en sus gestiones solidarias y todo quedó en manos de la JP… Morgan y el Citigroup, internacionalistas de la primera hora, dispuestos a dar la vida por el proyecto (y una buena tasa).
Durante el mismo periodo, 4 (cuatro) medidas cautelares se dictaron a favor de los delegados de los trabajadores de la multinacional Lear Corporation, de la localidad de Pacheco en la provincia de Buenos Aires. Luego se dictó otra resolución con (5) cinco sentencias que obligan al Ministerio de Trabajo de la Nación a intervenir para hacer cumplir las cautelares anteriores. La verosimilitud del derecho es evidente, son delegados gremiales con fueros garantizados por ley, a los que no se les permite en ingreso a la fábrica en momentos de conflicto, justo cuando más necesaria es su función.
Y el mismo conflicto también hace absolutamente peligrosa la demora.
Sin embargo nadie del gobierno salió a indignarse con esta situación, a poner cara de malo y combativo en la televisión contra esta injusticia “atómica” (Kicillof dixit). Cualquiera que tenga un poco sentido común o haya visto las familias que Lear está dejando en la calle, observa que los peligros de esta demora son mucho más graves que los de los sufridos bonistas reestructurados.
Frente a esta situación, los funcionarios responsables del Ministerio de Trabajo combinan los dos principios invocados en las cautelares, pero levemente modificados: hacen humo para garantizar la demora. O se hacen humo para no tener que hacerse cargo del derecho ganado por los obreros en buena ley y sobre todo, en buena lucha.
Una de las denuncias de los funcionarios gubernamentales es que Griesa viola la soberanía, pretendiendo aplicar las leyes de su país al resto del mundo, a la Argentina o a los países de origen de los bonistas.
Pero la norteamericana Lear viola la soberanía de la justicia en lo que debe considerar su “territorio”, dentro de la fábrica, donde aplica su derecho al despotismo. El gobierno argentino renunció a la soberanía cuando aceptó la jurisdicción norteamericana para la reestructuración de deuda; y ahora renuncia a la soberanía de la justicia en su propio territorio ante la ilegalidad de un buitre industrial también norteamericano. Los “nacionales y populares” cuando se trata de enfrentarse a los dueños de bonos o de empresas parece que siempre aceptan la legislación imperial, de derecho o de hecho.
Todas las medidas cautelares son iguales, pero parece que algunas son más iguales que otras.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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