El detenido es Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental que condujo la huelga general iniciada el 24 de noviembre y debido a la cual el gobierno puso el domingo último bajo estado de emergencia a cuatro provincias de Cajamarca.
Saavedra afirmó telefónicamente que, tras asistir a una reunión parlamentaria en Lima, agentes policiales vestidos de civil lo condujeron a la Prefectura (gobernación) de la capital para una verificación de su identidad, según dijeron, sin más explicaciones, y lo mantienen allí por varias horas.
Previamente, el dirigente fue aludido por el presidente Ollanta Humala en un acto oficial en la Policía, al señalar que en las calles hay condenados por delitos de traición a la patria, que bajo intereses particulares delinquen nuevamente.
El dirigente Saavedra cumplió condena de cárcel por actividades ilegales como integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que hasta la década de los noventa del siglo pasado realizó acciones armadas, las que ha abandonado.
Humala pidió dureza ante casos como el mencionado, a la policía y a otras instituciones, en medio de presiones de sectores conservadores para que el gobierno tome represalias contra Saavedra y contra el presidente regional (gobernador) de Cajamarca, Gregorio Santos.
El jefe de Estado reivindicó además el principio de autoridad en función de la unidad nacional, más allá de las ideologías y las posiciones partidarias-
Añadió que "el suelo responde a una jurisdicción local, regional, pero el subsuelo es de todos" porque de lo contrario Perú no sería una república sino una confederación.
Aludió así a la huelga cajamarquina contra el proyecto de explotación de oro Conga, rechazo que obedece al temor por la depredación del agua, aunque Humala ha ofrecido garantías de que el recurso será preservado para el consumo humano y el agro, como prioridades.
El Consejo Regional de Cajamarca aprobó una ordenanza que declara intangibles las cabeceras de cuenca y por tanto inviable el proyecto Conga, de capitales peruanos y norteamericanos.
La decisión, que enfrenta sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a decisiones similares, fue rechazada por juristas y otros sectores partidarios de la ejecución del proyecto aurífero.
La ordenanza parece abrir una nueva etapa de resistencia contra el proyecto, tras el repliegue de los bloqueos de carreteras y otras medidas de protesta, ante la declaración del estado de emergencia por 60 días.
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