Mientras Toledo afirmó que el gobierno está en su derecho al decretar tal medida de excepción en las provincias de Cajamarca, Celendín, Contumazá y Hualgayoc, el PCP demandó el levantamiento de esa disposición.
Según el exgobernante, el estado de emergencia es constitucional y no implica la militarización de esas provincias, pues la situación está a cargo de la policía y las fuerzas armadas la apoyan.
Tras confirmar que el lunes se reunió con el presidente Ollanta Humala, afirmó que el país vive una situación de conflictos sociales heredados por el mandatario, sobre todo en torno a actividades mineras.
La protesta de Cajamarca rechaza el proyecto minero aurífero de Conga, de capitales peruano-estadounidenses, por amenazar las fuentes de agua, aunque el gobierno asegura que garantizarbá la preservación de las mismas.
Para el PCP, el estado de emergencia es una medida excesiva y contraria al diálogo social y el gobierno debe mantener la serenidad para evitar una ola represiva y no incurrir en la criminalización de las protestas populares.
El pronunciamiento de la organización comunista rechaza también la intransigencia de algunos sectores que hacen el juego a la derecha política, a las transnacionales y a la oligarquía minera que reclaman acallar las protestas a sangre y fuego.
"El camino más viable para resolver los conflictos sociales es el diálogo y la concertación con los verdaderos representantes de las organizaciones sociales y comunidades históricamente postergados", señala.
El Presidente Ollanta Humala, añade, se comprometió al cambio y por eso votamos la mayoría de peruanos y exigimos que cumpla y revise los contratos petroleros y mineros y defienda los intereses nacionales.
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