Ángel Guerra Cabrera
Los registros de la agencia
antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, desmienten
rotundamente, como veremos, las banales acusaciones de narcotráfico
lanzadas por Donald Trump contra su homólogo venezolano, Nicolás Maduro,
y miembros de su gobierno. Queda claro que la nueva y belicosa
embestida del magnate inmobiliario contra Venezuela tampoco tiene nada
que ver con la defensa de la democracia. ¡Al contrario! Es consecuencia
del absoluto fracaso de todos los planes golpistas y desestabilizadores
de su administración contra el gobierno constitucional y legítimo del
presidente Maduro. No en menor medida, también de un desesperado intento
electoralista por hacer que los estadunidenses miren hacia otro lado y
no al cuadro dantesco de su cada vez más desastrosa y mortífera gestión
de la pandemia del coronavirus, con un saldo altamente negativo
mundialmente que supera de forma notoria en velocidad la del ritmo de
contagios y defunciones de los otros países más afectados por la
enfermedad. Y otra razón para la embestida trumpista antivenezolana muy
probablemente obedezca al muy erróneo cálculo de que la situación de
pandemia colocaría al país bolivariano en una situación más propicia
para hacerlo objeto de las inmorales e ilegales bravatas y amenazas del
propietario de casinos. Resulta que Venezuela está mostrando una
impresionantemente bien conducida estrategia de contención al virus,
apoyada por su población, y, además, por reconocidos expertos de Cuba,
China y Rusia.
Hagamos un muy apretado resumen de los hitos de la embestida
antivenezolana. En una serie de escenas que más que actos de Estado
asemejan una farsa grotesca, primero, el procurador general de Estados
Unidos, William Barr (en su momento recibió de la administración de Bush
padre la encomienda de realizar la fundamentación
legalpara la invasión de Panamá de 1989), acusó de narcoterrorismo al presidente Maduro y a varios miembros de la cúpula gubernamental venezolana y, al estilo de lejano oeste, ofreció recompensas por informaciones que condujeran a su detención.
Curiosamente, la acusación incluye a dos generales hace tiempo
desertores del instituto armado de Venezuela y domiciliados en el
extranjero. Jurídicamente hablando, la acusación de Barr es totalmente
inválida, toda vez que acorde a la Carta de la ONU y hasta la de la
putrefacta OEA, el gobierno de un país no tiene jurisdicción sobre el
territorio de otro. Eso, sin contar que Barr no presentó prueba alguna
contra el presidente Maduro y los otros venezolanos que involucró,
simplemente porque no las tiene. No es ocioso añadir que una acusación
no es ni remotamente un fallo de culpabilidad, por lo que su uso en este
caso no pasa de ser una torcedura de la ley por Barr para cumplir con
los propósitos políticos antivenezolanos de Trump. La cuestión es muy
clara. La DEA afirma en todos sus informes hasta 2019 que Colombia es la
fuente primaria para la cocaína capturada en Estados Unidos. Según el Cocaine Signature Program elaborado por la DEA en 2018
aproximadamente 90 por ciento de las muestras de cocaína analizadas fueron de origen colombiano, 6 por ciento de origen peruano y 4 por ciento de origen desconocido. En otras palabras, de acuerdo con los registros de la agencia federal para las drogas de Estados Unidos, no se encuentra en ese país cocaína ni ningún otro narcótico procedente de Venezuela.
De modo que la conferencia de prensa ofrecida la Casa Blanca pocos
días después de la acusación de Barr en la que Trump anunció el inicio
de
la más grande operación antidroga llevada a cabo en el hemisferio occidentaly el despliegue de toda una armada en el Caribe, pero apuntando a tierras bolivarianas, no es más que otro episodio de la farsa antivenezolana dirigida a hacer presión contra Caracas y a justificar un eventual ataque posterior, sea por paramilitares desde Colombia o por un operación de más envergadura.
Lo único razonable que puede hacer Estados Unidos en una coyuntura
humanitaria tan dramática como la que sufre la humanidad, y su propia
población en primer lugar, es apoyar el llamado a la paz y a silenciar
las armas en el mundo formulado por el secretario general de la ONU
Antonio Guterres, levantar el bloqueo a Venezuela, Cuba, Nicaragua,
Palestina, Irán y Siria. De una vez respetar el derecho de Venezuela a
la autodeterminación y que el secretario de Estado, Mike Pompeo, deje de
presentar marcos
para la transición a la democraciaen Venezuela que el pueblo de ese país aventará al cesto de la basura como siempre que su soberanía e independencia se han visto amenazadas.
Twitter: @aguerraguerra
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