¡En tiempos de crisis!

Fuentes: Público
La pandemia del coronavirus ha
vuelto a poner en jaque al libre mercado. Como en 2008, cuando
mandatarios como Nicolas Sarkozy pidieron una refundación del
capitalismo o líderes patronales como Gerardo Díaz Ferrán clamaban por
un paréntesis que regenerara la confianza perdida en las bolsas. Casi
doce años después, el líder del PP vuelve a agitar el supuesto fantasma
de las nacionalizaciones. Pero el mercado responde a Pablo Casado -son
necesarias para salvar balances de empresas y contener la recesión más
profunda- y, de paso, entierra a dos de sus referentes ideológicos: es
el final del consenso neoliberal de Reagan y Thatcher.
Cuando el 15 de septiembre de 2008 el gobierno estadounidense, cuna
del libre mercado, dio orden de nacionalizar Lehman Brothers, mientras
el Kremlin, arquetipo del modelo estatalista de los regímenes
comunistas, decretaba la suspensión de la cotización de la Bolsa de
Moscú -el gran emblema del libre mercado-, los analistas se preguntaron a
qué se debía este movimiento telúrico registrado en los cimientos
mismos de la arquitectura financiera internacional. En pocos días, el
ambiente se aclaró.
La teoría de que la economía mundial se adentraba en un crash sin parangón
desde 1929 cobró rango de mandamiento. En medio de voces de autoridades
políticas y de dirigentes empresariales que reclamaban casi al unísono la
urgente movilización de recetas keynesianas que sacaran al capitalismo de su
paradoja, de su duda existencial.
El mercado ofrece el primer signo de «rebote técnico» tras su
caída vertical de marzo, que refleja el «impacto de los gobiernos y bancos
centrales por proteger sectores enteros en tiempo récord» y poder
gestionar la economía real de forma efectiva
La pandemia del covid-19, su súbita e incontenible propagación, las
excepcionales medidas de confinamiento en todo el mundo y las obligadas
hibernaciones económicas para detener su expansión, limitar el catastrofismo
sanitario y, sobre todo, frenar el número de fallecimientos, ha vuelto a sacar
a la palestra la contrariedad que crea entre los defensores del neoliberalismo
a ultranza del mercado los episodios de grandes rescates
públicos provocados por debacles bursátiles, deterioros de los
balances financieros por altas concentraciones de activos tóxicos y recesiones
económicas.
Uno de los últimos exponentes de esta recurrente crítica al intervencionismo estatal ha sido
el presidente del PP, Pablo Casado, quien, en una entrevista en Telecinco,
aseguró que Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, quiere convertir
España en Grecia: «Pablo Iglesias empieza a decir
que la propiedad privada está supeditada al interés general. Ya
vemos dónde conduce eso. A Venezuela o a Grecia. ¿Se va a nacionalizar un medio
de comunicación o una empresa privada y tenemos que apoyarlo?», espetó.
La pregunta, cargada de ironía, de Casado ha tenido cumplida respuesta
desde el mercado. Yves Bonzon, CIO de Julius Bär, explica en un análisis de la
coyuntura global del banco suizo que el primer signo de «rebote
técnico» en los mercados tras la caída vertical de cotizaciones entre el 5
y el 23 de marzo, reflejan el «impacto de los gobiernos por proteger
sectores enteros de la economía en tiempo récord» y evitar «ventas
masivas [en las plazas financieras] forzadas por inversores en busca de
márgenes provechosos y beneficios inmediatos».
Pero «esta fase parece superada», explica Bonzon, «gracias a
la decisiva intervención de los bancos centrales, que se aprovecharon de la
experiencia labrada en la crisis de 2008» y que han logrado estabilizar la
esfera financiera y, sobre todo, mantener sus funciones activas y al día. Un
compás de espera necesario para «poder gestionar efectivamente la economía
real».
El Chief Information Officer de Julius Bär, en su diagnóstico de la última
semana, va más allá de esta descripción de la coyuntura, que anticipa un primer
dique de contención estatal -de bancos centrales y de gobiernos-, para
amortiguar la meteórica y profunda contracción de la actividad, que apunta a
tasas de dobles dígitos, con históricas destrucciones de empleo.
Bonzon habla de la necesidad de acometer
nacionalizaciones «para salvar los balances de las empresas»,
de otra tregua -o paréntesis en la economía de mercado, como reclamó en 2009 el
entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán- y del final del consenso
neoliberal de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Dos de los referentes
ideológicos en el PP.
O, al menos, entre los grandes arquitectos del mal llamado milagro
económico español y de FAES, dos fuentes del pensamiento popular de los que
nunca ha renegado precisamente Casado. Una vez más -dice Bonzon- el shock
provocado [por la crisis del coronavirus] «en el sector privado ha
condenado a las economías» a pedir auxilio a modo de
«respuestas monetarias y fiscales» en nombre de su propia
supervivencia. «Empresas y autónomos deben recibir al menos una
compensación parcial de sus ingresos perdidos» desde el ámbito gubernamental.
Como si percibieran una indemnización por daños derivados de un desastre natural por
parte de una aseguradora, aclara. «En ausencia de tales
transferencias», del Estado al sector privado, sus balances engordarían
con «deudas adicionales» que retrasarían de forma
«considerable» la recuperación posterior al confinamiento.
Saneamiento estatal de empresas
«En otras palabras» -suscribe el directivo de Julius Bär-, el
sector privado no puede ser saneado con recursos voluntarios -o forzosos- que
procedan del ámbito empresarial. Porque, «reducir o cancelar los
alquileres, por ejemplo, de manera temporal, puede aliviar casos
individuales» pero, «colectivamente, dentro de un ámbito nacional,
alimentaría la espiral deflacionista».
De ahí que -asegura- en nombre del interés general, medidas de apoyo como
las garantías de pago de los alquileres deban «proceder de las cuentas
estatales»; lo cual revela dos lecturas claves: que el riesgo de que se
instauren políticas intervencionistas bien intencionadas, aunque puedan llegar
a ser contraproducentes, «es elevado en los próximos meses» y que,
sin el salvavidas financiero de los gobiernos, las empresas «no tendrían
salvación» posible.
Para, acto seguido, señalar que el «consenso neoliberal nacido en los
años ochenta» del siglo pasado, «con Reagan y Thatcher [como
estandartes], ha muerto definitivamente» (is dead for good this time). En estos tiempos, aclara Bonzon, «nos dirigimos hacia un capitalismo de estado,
similar al que una vez se practicó en la década de los cuarenta,
durante la guerra». Es una inexorable pérdida de la libertad de mercado.
Pero «estamos ante el peligro de que el control de la curva de
rendimiento, como hace Japón, se extienda por Europa y EEUU».
«Nos dirigimos hacia un capitalismo de estado, similar al que una vez
se practicó en la década de los cuarenta, durante la guerra»; es una
inexorable pérdida de la libertad de mercado hasta que se restaure la curva de
rendimiento en Europa y EEUU
Las valoraciones oficiales del banco de inversión suizo también son un torrente de realidad sobre las interpretaciones político-mediáticas que tildan de
«ideológicas» las medidas del Gobierno de coalición y sobre discursos como los del Círculo de
Empresarios, que se autodefine como un centro de pensamiento del sector
privado, y que arremeten contra el carácter confiscatorio del gobierno o que,
en boca de su presidente, John de Zulueta (1947, Massachusetts), que dirigió
las riendas de Sanitas durante casi dos décadas, hasta 2009, y que considera a
la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como una «ultraizquierdista que
trata a los empresarios como criminales», tal y como refleja en una
entrevista reciente en El Mundo.
De Europa, asegura que la crisis del coronavirus la someterá a «un nuevo examen de cohesión«. Después de que el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al que define como el criterio surgido en
Maastricht para evitar presiones inflacionistas en la zona monetaria surgidas
por déficits fiscales excesivos, «haya muerto en combate».
El analista de Julius Bär cree que la UE dejará atrás las políticas de
austeridad, por efecto de las coberturas sociales de emergencia indiscutible
que deja la crisis del coronavirus, aunque concede el poder en la batalla entre
contribuyentes netos y los socios en dificultades financieras a los países del
norte.
Los englobados en la rebautizada como Liga Hanseática, que «no dejarán
opción» a las naciones meridionales. Aunque no descarta que
esa futura cohesión pase por un proyecto compartido como los eurobonos, al que los vecinos septentrionales
dejarán entrar a los sureños capaces de gestionar convenientemente sus niveles
de endeudamiento.
Nacionalizaciones por doquier
Los procesos de intervencionismo, de nacionalización de empresas, en países
como EEUU es una recurrente tradición cultural. Tan americana como el Apple
Pie, dice Thomas M. Hanna, director de investigación en Democracy Collaborative
y autor de Nuestra riqueza Común: el Retorno a la
Propiedad Pública en EEUU, en un artículo publicado en la revista
Jacobin, donde hace un repaso de esta práctica habitual; sobre todo, en tiempos
de crisis.
A pesar de «las largas décadas de narrativa neoliberal»
que construyó un mensaje de «ineficiencia y debilidad» alrededor de
todo lo que sea considerada economía gubernamental, incluida su manifiesta
incapacidad para genera un clima idóneo para los negocios.
Y aunque la Administración Obama, tras la crisis de 2008, cuando aún estaba
en la Casa Blanca George W. Bush, tomó acciones decisivas para la restauración
de las estructuras económicas estadounidenses, a través de casi un billón de
dólares de un programa de estímulo fiscal y otro similar en cuantía que sirvió
de rescate a entidades financieras -bancos y aseguradoras y grandes
corporaciones- e incluían el control federal de su gestión.
Pese a los apelativos neoliberales de «ineficiencia y debilidad»
a toda gestión económica pública, EEUU tiene un extenso currículum
confiscatorio, desde los ferrocarriles al inicio del siglo XIX hasta la banca
en la crisis de 2008
El tsunami financiero demostró que la administración económica de los
estados, no sólo en EEUU, también en Europa y otras latitudes industrializadas
o emergentes, están lejos de ser débiles o de estar subordinadas a los
designios del mercado.
Como ha ocurrido a lo largo de la historia. Porque la tradición nacionalizadora de EEUU es rica y extensa.
Desde los ferrocarriles, los teléfonos o la fabricación de armas en los años de
la Primera Guerra Mundial, hasta la Tennessee Electric Power Company
(Tepco) y las extracciones de oro y planta bajo el New Deal o,
literalmente, cientos de compañías de múltiples sectores industriales durante y
tras la Segunda Guerra Mundial.
Pero también las firmas productoras de acero en la Guerra de Corea, los
peajes de pasajeros y mercancías en los años setenta, el Banco Continental
Illinois y varias entidades de ahorro y de préstamo en los ochenta y bancos y
marcas automovilísticas en la primera década de este siglo. Un prolongado
recorrido que comenzó con el presidente Woodrow Wilson en diciembre de 1917, cuando
nacionalizó los ferrocarriles en una compañía federal que dio trabajo a más de
2 millones de personas y que, entonces, suponía el 12% del PIB americano.
Hasta el credit-crunch de 2008, propiciado por los activos tóxicos de
la banca, que llevó a Rodrigo Rato, director gerente entonces del FMI a
criticar la actitud de los mercados de individualizar las ganancias y
socializar las pérdidas -considerado desde antes de su nombramiento como
máximo responsable del Fondo Monetario el arquitecto del milagro
económico español- que confiscó los activos y la gestión de entidades
bancarias como Lehman Brothers o Merrill Lynch -que luego se integró en
Bank of America- y de aseguradoras como AIG.
Además de las dos hipotecarias que engordaron la crisis subprime en
el mercado inmobiliario estadounidense -Freddie Mac y Fannie Mae- o
General Motors, entre otros grandes emporios que pasaron a manos del
Tesoro. Momentáneamente o para su posterior liquidación o puesta en
venta en los mercados. Al igual que ocurrió en Reino Unido, en Irlanda,
Alemania, Bélgica, Holanda, Francia o Luxemburgo, donde se tomaron el
control de sus sistemas financieros y se dijo adiós al liberalismo por
un tiempo.
En el que el jefe del Estado galo, Nicolas Sarkozy, llegó a reclamar sin
tapujos y en el seno del G-20, el foro llamado a ejercer de gobierno económico
global, una refundación del capitalismo.
En España, la intervención de la banca, aquejada de activos tóxicos
procedentes de años de alta permisividad hipotecaria para abastecer el fervor
comprado de vivienda de un largo decenio de inmensas liberalizaciones de suelo
con licencias inmediatas para edificar y bajos tipos de interés, decretados
desde el BCE para ayudar a salir a Alemania de su recesión punto.com, en contra
del criterio que dictaminaba la coyuntura inflacionista del conjunto del área
monetaria, motivó una petición de rescate a Europa.
Edulcorado como un préstamo en condiciones ventajosas, sin los controles de
la troika comunitaria -y la supervisión del FMI, como exigía el salvavidas
irlandés o portugués- y con la promesa, nunca cumplida, que el sector
devolvería al Estado, depositario de la ayuda europea, «hasta el último
euro», según palabras del entonces ministro de Economía y ahora
vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
De los más de 65.000 millones a los que ascendió la
factura definitiva del saneamiento de las cuentas del sistema bancario español,
las arcas del Estado español han tenido que sufragar algo más 54.000 millones,
tal y como admitía el Banco de España a finales de 2019. Año y medio después de
la salida de Mariano Rajoy de Moncloa, una de cuyas primeras medidas fue acudir
a Europa a pedir el aval europeo. Banco de Valencia, Bankia, Catalunya Banc y NovaCaixaGalicia
fueron las grandes beneficiarias de esta inyección.
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