Lima. El Tribunal Constitucional de Perú resolvió ayer
que la disolución del Congreso ordenada por el presidente Martín
Vizcarra fue legal, al zanjar el debate sobre el tema que allana los
comicios legislativos del 26 de enero.
Por cuatro votos a favor y tres en contra, el tribunal declaró
infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada a finales de
octubre por el jefe del Congreso disuelto, que era dominado por la
oposición.
Tras el cierre, el mandatario peruano convocó a elecciones para
completar el periodo legislativo en julio de 2021, proceso que ya está
en marcha y en el cual participan una veintena de partidos políticos.
La actuación de este gobierno es, y ha sido siempre, con base en el respeto a nuestra Constitución. La decisión tomada el 30 de septiembre del año pasado es muestra de ello, sostuvo Vizcarra en un tuit luego de conocer el fallo.
El máximo intérprete de la Constitución ha cerrado este capítulo, señaló.
Vizcarra, político centrista, cerró el Congreso tras una larga pugna
con la oposición sobre reformas relacionadas con el combate a la
corrupción. La decisión fue respaldada por las fuerzas armadas y la
población, que se manifestó en las calles contra el desacreditado
Congreso.
La disolución fue rechazada en su mayoría por legisladores del
partido Fuerza Popular, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori,
investigada por presunto lavado de dinero y recibir dinero de la
constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011.
Los opositores a Vizcarra alegaron que el presidente excedió sus poderes al cerrar el Parlamento, y denunciaron un
golpe.
El ex jefe del Congreso y ahora líder de la Comisión Permanente,
Pedro Olaechea, aseguró que acatará la decisión del máximo tribunal y
que
la historia juzgará la decisión.
La popularidad de Vizcarra creció a niveles máximos luego de que
ordenó disolver el Congreso, medida que pudo concretar gracias a que los
legisladores habían aprobado el nombramiento de un nuevo magistrado del
Tribunal Constitucional, que dirime los conflictos entre poderes del
Estado.
Reuters
Periódico La Jornada
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