COP25
El 10 de octubre de 2019 Pascual Serrano, periodista de investigación y activista social, publicó en el digital Cuarto Poder el artículo ¿Qué quedará de las movilizaciones por el clima?,
que analizaba el contraste entre las movilizaciones de miles de
activistas y centenares de miles de participantes en el movimiento
altermundista y la ausencia de resultados: ni objetivos concretos
conseguidos, ni creación de estructuras organizativas estables, ni en el
Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (1996), los foros sociales mundiales (FSM, Porto Alegre, 2001), ni en el 15M (2011).
El
artículo se publicó días después de la llamada “Huelga Mundial por el
Clima”, tan ruidosa a nivel mediático como nula en consecuencias. En el
texto destacaba un interrogante: “¿Muchas personas en las calles
convocadas por internet sin otro elemento organizativo estable supone
mayor músculo para una lucha social?”. Analicemos posibles respuestas desde la base.
Las COP
El
15 de diciembre, con casi dos días de retraso respecto al calendario
oficial, se clausuró en Madrid la 25 edición de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP25). Su desarrollo (retraso final incluido) siguió el
guion, sobradamente analizado,
de las COP precedentes. La realidad es que desde 2001 no existe
relación entre cambio climático y COP. El cambio climático es un proceso
irreversible sobre el que no se puede incidir, que está provocando
devastación social y degradación o cambios ambientales acelerados; las
COP, por su parte, son reuniones puramente discursivas y acciones de
propaganda sin contacto con lo que está sucediendo. La mejor crónica de
la COP25 es el artículo de Antonio Turiel enlazado en la sección “de otras fuentes” de este mismo boletín.
Las claves para interpretar lo que son las COP están expuestas en el libro Esto lo cambia todo (Naomi Klein,
2014); en resumen, de una parte tenemos las decisiones políticas de los
que mandan y tienen poder para actuar (incluidos unos pocos con
aparente sensibilidad ambiental), que se organizan y toman decisiones en
el marco de la Organización Mundial de Comercio (o así era en la época
analizada por Naomí Klein), sin que el cambio climático cuente para
nada; de otra parte tenemos las reuniones fruto de la Cumbre de Río
(1992), sobre todo las COP, donde se aprueban miles de documentos e
informes sobre el cambio climático, que no influyen en nada de lo
decidido por la primera parte.
Un ejemplo de ello son esos inacabables debates sobre el comercio de derechos de emisión
(CDE) que se desarrollan desde hace años en las COP, lo único que queda
de los mecanismos originales del Protocolo de Kioto. En teoría, se
trata de reducir la concentración atmosférica de Gases de Efecto
Invernadero (GEIs) mediante un sistema de compraventa de gases. Pero el
CDE, sólo se ha aplicado en la Unión Europea (desde 2005) y ni tan siquiera ha conseguido reducir las emisiones de GEIs en su área de aplicación. Su eficacia es muy discutible. Es uno de los puntos de la COP25 en que hay coincidencia decepcionante.
Porque la información que los medios difunden sobre las COP en general (y la COP25 no ha sido una excepción) está formada por indirectas, alusiones, y metáforas,
lo que contrasta con las crudas realidades que explican sobre
territorios afectados por el cambio climático, en una calculada
estrategia propagandística. Un ejemplo, entre cientos, sería el caso de
Somalia.
La situación de Somalia es, en su mayor parte,
consecuencia de años de sequías encadenadas, fenómeno amplificado por el
cambio climático [1]. Las sequías han destruido gran parte del
sistema productivo del país lo que, junto a un estado de violencia
continuada, han llevado a unos 5,4 millones de personas, de un total de
población estimado de 14,7, (las estadísticas son menos fiables en el
Sur global que en el Norte) a ser dependientes absolutos de la ayuda humanitaria internacional. Somalia ocupa el último lugar (181) en el indice ND Gain (Notre Dame Global Adaptation Initiative) que clasifica los países por vulnerabilidad (incapacidad de adaptación)
ante el cambio climático; dicho índice se elabora en la Universidad de
Notre Dame (EE.UU), una institución con fuertes vínculos religiosos.
En la geopolítica actual, Somalia está etiquetado como estado fallido,
lo que quiere decir un estado objeto de una política deliberada de
destrucción violenta de sus estructuras. Así, empresas transnacionales y
grupos armados financiados por éstas, imponen su ley para obtener
beneficios.
Contrastemos esta brutal realidad con el siguiente texto:
Vivimos tiempos convulsos de auténtica emergencia ecológica, climática y social. El diagnóstico científico es diáfano respecto a la gravedad y la urgencia del momento. El crecimiento económico se produce a costa de las personas más vulnerables: las personas racializadas, las personas indígenas, el campesinado, las personas empobrecidas, las personas migrantes, las personas LGBTI y queer, las comunidades de vanguardia en resistencia… Y se produce también a costa de nuestro entorno, las demás especies y los ecosistemas. Las mujeres, que forman parte de todos estos colectivos, se ven afectadas diferencialmente y son víctimas de las peores consecuencias del modelo capitalista cisheteropatriarcal.(…) Creemos en la justicia climática como el eje vertebrador de la lucha social de nuestro tiempo: porque la sostenibilidad es imposible sin justicia social, y la justicia no existe sin un respeto a todos los seres que viven en el planeta. La justicia climática es el paraguas más amplio que existe para proteger bajo su esfera toda la diversidad de luchas por otro mundo posible: ecologismo, activismo climático, feminismo, LGBTIQ+, sindicalismo, antirracismo, antifascismo, antimilitarismo, movimientos decoloniales, movimiento indígena, movimiento campesino, movimiento rural… Promovemos la justicia climática como un movimiento de movimientos en el que quepan muchos mundos diversos.(…) Nos solidarizamos con quienes más sufren, con las personas trabajadoras y con las comunidades que están en primera línea de resistencia en todos los continentes. También nos solidarizamos con quienes menos han participado en alimentar la crisis climática y más acusan sus impactos. Apoyamos a todas las personas de cualquier género, origen, lengua, raza, etnia, capacidad física, orientación sexual, experiencia, edad y creencia”.
Este texto es parte del llamamiento
a participar en la Cumbre Social Alternativa de la COP25. Sus tres
características definitorias: no presenta reivindicaciones concretas,
utiliza un lenguaje ajeno y extraño al de la mayoría de la sociedad, y
el único referente activo mencionado son individualidades pertenecientes
a movimientos basados en identidades, tan sólo uno, los campesinos, son
un grupo social heterogéneo, y relacionado con la producción material.
Se trata del fenómeno descrito por Daniel Bernabé y analizado teóricamente por Hèctor Xaubet.
En el caso del cambio climático se relaciona con la pregunta planteada
en el artículo de Pascual Serrano, y apunta una característica: la
conversión de medios en fines, que analizaremos más adelante. Las COP
inciden en el cambio climático, pero cumplen una función social clave:
transmitir la impresión de que se está haciendo algo.
La Cumbre Social Alternativa a la COP25
Desde
que se supo que el gobierno de Chile dimitía de la celebración de la
COP25 por los conflictos derivados de las políticas neoliberales
impuestas, y que el gobierno de España se ofrecía a acogerla, comenzó
una frenética actividad en el mundillo de las ONG ambientalistas y
algunos movimientos sociales para organizar en Madrid una Cumbre Social
Alternativa (CSA). Se trataba de vincularla con la CSA que
organizaciones chilenas habían estado preparando en su país y,
lógicamente, realizar una manifestación. Lo que suponía trabajar tres
medios de incidencia, pero no se definían objetivos concretos, fuera del
propio trabajo.
La CSA fue un éxito. Unas 70 entidades ambientalistas y sociales organizaron una manifestación en que, según las fuentes, participaron entre 15.000 y 500.000 personas. Asimismo, y durante siete días, desarrollaron un amplio programa
de más de 290 actividades en que se consiguió una presencia importante
de personas de Chile y América Latina, y también aprobaron un manifiesto
común. Los objetivos de trabajo conseguidos no excusan una pregunta:
¿las más de 290 actividades tenían un objetivo común o eran una muestra
heterogénea de expresiones? Basta consultar el programa
para responderla. Un dato anecdótico pero significativo: el intenso
tráfico de mensajes en internet sobre reuniones, listas y foros de
participación, borradores de documentos, citas, llamamientos, carteles
en PDF, captación de fondos, etc., se detuvo en seco tras la aprobación
del manifiesto El mundo despertó ante la emergencia climática
y la manifestación de la CSA del 6 de diciembre. Ni valoración de
resultados, ni proyectos de continuidad. Una vez expresada la protesta,
todas las ONG implicadas volvieron a sus trabajos habituales.
Se
da la paradoja de que a medida que aumenta la intensidad, complejidad y
dureza de procesos ecológicos y conflictos sociales desencadenados por
el cambio climático, las reivindicaciones se han vuelto más y más
simples. La última versión son las muy divulgadas banalidades de la
adolescente sueca y del movimiento Fridays For Future: faltar a clase los viernes para denunciar que los jóvenes son víctimas de la inacción de los políticos, que a su generación les han robado el futuro, y que hay que hacer algo. Todo así, genérico y sin mayores precisiones. El manifiesto final de la CSA, El mundo despertó ante la emergencia climática, leído al término de la manifestación, se sitúa en esa misma pauta desde el propio título: un mundo (¿todo el mundo?), despierta (ahora ¿tras 27 años?) por la emergencia climática (¿sólo climática?). El papel adjudicado a Greta Thunberg es determinante.
Greta Thunberg es la quintaesencia de portavoz políticamente correcta en una globalización acomodada. Elevada por la propagandaa
la categoría de símbolo hasta el punto en que la peripecia viajera de
la adolescente ocupaba más espacio informativo que la propia COP25, su
discurso era más comentado que los contenidos de la reunión, y su
presencia parecía el mayor acicate para participar en la CSA; un papel
estelar que es parte de una estrategia planificada.
Se trata de una estrategia difusa. Una interpretación de la misma se puede encontrar en este análisis de Nazanín Armanian, vinculando el fenómeno
Greta con las pautas del capitalismo global. Sin seguir ahora esa
línea, que nos apartaría de la COP25, cabe hacerse una preguntar: ¿por
qué el cambio climático es objeto de seguimiento global y atención
específica?, ¿por qué un debate continuado que ha ido evolucionando desde propuesta de medidas para combatirlo, luego para frenarlo, y después para paliarlo y, finalmente, para adaptarse?
El
cambio climático es sólo uno de los aspectos de un colapso global que
no se menciona como tal; algunas variables de ese colapso aparecen
puntualmente en los medios, otras se presentan como problemas territoriales, o como parte de catástrofes humanitarias.
Ni pérdida de biodiversidad, sequías continuas, agotamiento de recursos
minerales y biológicos, acumulación de residuos (sobre todo plásticos),
contaminación radiactiva, química o electromagnética; fin de las
fuentes de energía no renovable (petróleo, gas, carbón, uranio…),
consumismo compulsivo, explosión demográfica, urbanización global…;
ninguna de esas expresiones del colapso global goza del seguimiento informativo que tiene el cambio climático.
Las ONG
Nada de todo lo anterior se entiende sin las ONG. Como vehículo del neoliberalismo para incidir en cuestiones sociales, las ONG cubren de difusión de ideologías (religiosas incluidas) a elaboración de investigaciones a la carta y, por supuesto, intervención social directa. En 2013 la revista The Global Journal, con sede en Suiza, publicó una clasificación que determinaba cuáles eran, a su juicio, las 100 ONG más importantes del mundo;
lo significativo era la muestra de partida que, sin ser exhaustiva,
incorporó a 10 millones de ONG. Según la Wikipedia, en 2009 se calculaba que sólo en la India actuaban unos dos millones de ONG, lo que daba una ONG por cada 600 habitantes.
Muchas
ONG se mantienen mediante fundaciones creadas por poderes empresariales
o financieros, otras por convenios con los estados en que radican.
Parte de las ONGs actúan en simbiosis con las Naciones Unidas. Desde el
final de la Guerra Fría, despojada de peso político en beneficio
de las instituciones del capitalismo global (FMI, BM), y marginada en la
dinámica de bloques geopolíticos enfrentados, la ONU se ha convertido,
en parte, en el paraguas institucional de la actividad de las ONG. Se
trata de un aspecto más de esa realidad virtual paralela que
elabora discursos sin conexión con las políticas dictadas por los
poderes económicos y financieros. En sus análisis y debates sobre
conflictos globales en que no pueden incidir, las ONG necesitan crear
marcos propios adaptados a su actividad; lo más lógico es convertir los
medios en fines manufacturando problemáticas.
Convertir medios en fines
El acuerdo final de la COP25 ha sido calificado unánimemente de decepcionante, porque en la sociedad civil, ese concepto tan inconcreto, no sienta bien una palabra tan rotunda como fracaso. Las ONG no pueden mostrar una carencia absoluta de resultados que deslegitimaría su función, por ello hay que manufacturar una oferta reivindicativa destinada a la sociedad civil. La denuncia de la COP25, en un calculado equilibrio entre radicalismo y posibilismo, debe combinarse con el enunciado de problemas en que se producen avances,
que actúen de marcos que generen discurso. La clave es transformar los
medios en fines en si mismos, con lo que cualquier avance en los medios
se valora como un avance en los fines, aunque no sea así.
En la COP25 los problemas
más divulgados han sido el PLAN de ACCIÓN DE GÉNERO EN TEMAS DE CAMBIO
CLIMÁTICO (PAGCC), en las sesiones oficiales, y la cuestión de la
JUSTICIA CLIMÁTICA (JC) en la Cumbre Social Alternativa.
El PAGCC parte de una resolución de la COP23 (Bonn, 2017), fruto de una iniciativa, el Women Gender Climate, lanzada en 2009 en los EE.UU. Se trata, según su documento de presentación, de “asegurar
que las voces de las mujeres y sus derechos estén incrustados en todos
los procesos y resultados del marco de la CMNUCC, para un futuro
sostenible y justo, por lo que el género, la igualdad y los derechos
humanos de las mujeres son fundamentales para los debates en curso.”. En la COP25 el PAGCC estuvo a punto de no ser aprobado,
aunque finalmente, tras una serie de presiones de activistas vinculadas
a grupos feministas, se decidió incluirlo en los documentos de
compromiso de los países participantes.
El PAGCC es parte de la dinámica de insertar problemas identitarios en conflictos globales, la misma que inspira campañas como las de género y energía
(con lemas tan surrealistas como “la transición energética será
feminista o no será”). Esa dinámica sustituye el debate sobre el núcleo del conflicto por el debate sobre un problema relacionado
indirectamente con el conflicto, debate en el que se pueden obtener
resultados en forma de documentos aprobados, aunque tales documentos no
incidan realmente en el núcleo del conflicto que va por otro lado.
En
la COP25 la paradoja de la PAGCC salta a la vista: se aprueba la
presencia de género en los ámbitos en que se aborden las políticas
climáticas..., cuando aún no existen ámbitos en los que se estén
abordando realmente esas políticas, fuera de las propias reuniones de
las COP. Porque también en el caso del género, disponer de recursos para mantener funcionando las ONG implica dar publicidad a avances, aunque éstos sean más virtuales que reales.
La Justicia Climática (JC), el eje de la CSA, aparece desde el llamamiento de la propia CSA, y apunta a la manufactura de otro problema. Según documentos, la “Justicia
climática es un término utilizado para denominar al calentamiento
global como un problema ético y político, más allá de solo un problema
ambiental o físico en la naturaleza. Esto se hace relacionando los
efectos del cambio climático con conceptos de justicia, particularmente
justicia ambiental y justicia social, y examinando problemáticas tales
como igualdad, derechos humanos, derechos colectivos y la
responsabilidad histórica por el cambio climático.” Es un planteamiento más ambicioso, y más ambiguo, que el del PAGCC. El documento de referencia de la JC puede consultarse aquí.
La
reivindicación de Justicia Climática se remonta a la CSA de Bali
(2002), pero tras un inicio contundente y prometedor el concepto no se
desarrolló en las posteriores CSA. Su referencia en internet está bloqueada
desde 2003. Probablemente, y a diferencia del PAGCC, la JC no ha
contado con el patrocinio de un grupo de presión importante. En la
actualidad el concepto es invocado por entidades que van desde una multinacional de fabricación de helados hasta el ayuntamiento de Barcelona.
A modo de conclusión
Recuperando la pregunta inicial de Pascual Serrano, “¿Muchas
personas en las calles convocadas por internet sin otro elemento
organizativo estable supone mayor músculo para una lucha social?”, podemos contestar: depende de lo que se entienda por lucha social.
Si lucha social
significa afrontar las causas de un conflicto, identificar en detalle a
sus responsables (empresas y gobiernos implicados), exigir medidas
concretas y aplicables para abordarlo, organizar una estructura para
afrontarlo, movilizar a la sociedad en esa estructura, crear mecanismos
que verifiquen el cumplimiento de las medidas propuestas, y establecer
un sistema de sanciones para aquellos que no las cumplan, la respuesta
es evidente: no.
Pero si por lucha social se entiende, como hemos ido analizando, generar movilizaciones de protesta ante un problema para exigir que los actores implicados hagan algo para solucionarlo,
emitir documentos denunciando su inactividad, o valorar la idoneidad de
dichas actuaciones como punto de partida para nuevas movilizaciones,
proceso en el que se crean lazos y complicidades transversales dentro de
la diversidad. Lazos y complicidades que se transmiten de movilización
en movilización, la respuesta sería sí.
La diferencia entre luchar y protestar
es evidente; y no resulta difícil saber en qué terreno se sitúan las
reuniones de las COP y las CSA que las acompañan. El cambio climático,
como casi todos los ámbitos relacionados con el colapso, está controlado
por los medios, e intervienen millones de personas
profesionalmente implicadas en ONG con intereses y vínculos con los
poderes establecidos. Hay que tener en cuenta, además, el papel
adjudicado al cambio climático en la justificación de políticas
adaptativas, como el Green New Deal, última versión popularizada del capitalismo verde.
Esta
realidad indica, sin lugar a dudas, que no existe margen para
planificar y proponer alternativas que permitan incidir de verdad. La
conclusión evidente es dejar de escribir y pasar a actuar, como reza una
referencia que no corresponde al conflicto del cambio climático: “De lo que no se puede hablar, es mejor callarse”,
un aforismo del filósofo Ludwig Wittgenstein sobre la filosofía de las
ciencias aplicable, lógicamente, a las ciencias sociales.
Nota:
[1] La
referencia es Harald Welzer, “Guerras climáticas. ¿Por qué mataremos y
nos matarán en el siglo XXI?”. Katz Editores, 2010 (ed. original alemana
de 2008). Reseñado aquí.
Miguel Muñiz Gutiérrez mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/
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