Empresas y paramilitares
Colombia Informa
La Universidad Javeriana elaboró una base de datos
sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas
en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los
grupos paramilitares. La relación entre estas empresas y paramilitares
permitió la muerte de opositoras al modelo económico y político
neoliberal. Una crisis humanitaria que en menos de 12 días de 2020 ya
cobró la vida de 14 líderes y lideresas sociales.
Sectores de la
economía nacional como el de la explotación de hidrocarburos, los
monocultivos de caña de azúcar y palma de cera, la ganadería extensiva
junto a la producción de contenidos en medios de comunicación
tradicionales, colaboraron con grupos paramilitares y son responsables
de su promoción y consolidación en toda Colombia desde hace más de dos
décadas.
Para las empresas los líderes y lideresas no permiten
desarrollar sus negocios, por ello necesitaron que los paramilitares
utilizaran la violencia en favor de los intereses económicos de empresas
como Chiquita Brands y Postobón.
La Ley de Justicia y Paz ó Ley
975 de 2005, que permitió la desmovilización problemática de grupos
paramilitares en el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010)-, fue un
escenario para que paramilitares como Salvatore Mancuso, el Iguano,
Monoleche y muchos más confesaran cómo funcionaban estas estructuras
criminales. Varias empresas colombianas e internacionales apoyaron con
dinero y logística a las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, según
estos comandantes.
RCN Televisión, la Federación Nacional de
Ganaderos, Ecopetrol, Chiquita Brands, Postobón, Cementos Argos, son
algunas de las varias empresas señaladas durante las confesiones de los
paramilitares.
Extractivismo
Por ejemplo, Ecopetrol
es señalada por Salvatore Mancuso de pagar un porcentaje del monto de
los contratos adjudicados «oscilaba entre el 2 % y el 5 %, dependiendo
del valor y la naturaleza del mismo, obras civiles, prestación de
servicios o suministro de bienes».
El pago del porcentaje, que
confesó Mancuso, podía cancelarse de contado o en cuotas mensuales. En
ocasiones, estos desembolsos se hacían en especie, representados en
artículos de primera necesidad. Igualmente, Ecopetrol realizó entrega de
dinero voluntario a las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- a cambio
de seguridad.
Ecopetrol promovió varios homicidios en la mal
llamada limpieza social en la zona en donde estaban instaladas las sedes
petroleras, «decían que combatían a extorsionistas y guerrilleros, y
los pagos a los paramilitares eran hechos directamente por los
directivos y administradores de cada una de las empresas. Se consideraba
a Ecopetrol como un integrante orgánico de la estructura del Bloque
Catatumbo pues tenía capacidad para determinar delitos», sentenció
Mancuso.
Monocultivo de caña
Postobón, que pertenece
al grupo empresarial de Carlos Ardila Lulle, según Javier Antonio
Quintero Coronel, responsable del Frente Héctor Julio Peinado Becerra en
el departamento Cesar, le daba mensualmente 15 cajas de bebidas al
Frente paramilitar para luego negociarlas en un depósito. Le ordenaban a
un carro que repartía las bebidas que las dejara en determinado lugar, y
la persona del depósito le daba al Frente $150.000 pesos mensuales.
«Eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000»,
reafirmó Armando Madriaga Picón.
Jorge Iván Laverde Zapata,
conocido como El Iguano, señaló que Postobón en Norte de Santander
ayudaba por intermedio de sus directores o administradores, a cambio de
seguridad. Los mayores aportes los recibió el Frente Fronteras. Postobón
fue una de las empresas más representativas en contribuir con las
finanzas del Bloque Catatumbo, una región golpeada significativamente
por el paramilitarismo.
Ganadería extensiva
De igual
manera, en este departamento del nororiente colombiano, la Federación
Nacional de Ganaderos – Fedegan- integró activamente la estructura del
Bloque Catatumbo, hasta el punto de «ostentar poder de mando y control»,
declaró Mancuso. Se le sindicó de utilizar su rol económico para
materializar el cumplimiento de los objetivos criminales aliados a la
ganadería extensiva.
En Córdoba, el Fondo Ganadero es señalado
pues el ganadero Rodrigo García Caicedo sirvió como intermediario para
contactar a otros empresarios industriales como Hernán Echavarría, para
concretar formas de cooperación con los paramilitares y expandir su
alcance criminal en el departamento del Valle del Cauca.
Multinacionales
La
empresa Chiquita Brands, de Estados Unidos, según Jesús Ignacio Roldán
Pérez, conocido como Monoleche, aseguró que el 5 de noviembre de 2001,
en el puerto de Chiquita Brands, en el departamento Magdalena,
ingresaron 14 contenedores con 3.400 fusiles AK 47 y 7 millones de
cartuchos para fusil con destino a los grupos paramilitares, traídos en
el buque Otterloo.
«Los contenedores, descargaron en la bodega de
Chiquita Brands y la empresa envió una grúa sofisticada para su
movilización. Los 14 contenedores, que fueron declarados ante la Dian
como un cargamento de pelotas de caucho, fueron trasladados luego a las
fincas La Rinconada y La Maporita» explicó Roldán, comandante del Bloque
Bananero de las AUC.
En Antioquia Las multinacionales bananeras
Chiquita Brands y su filial BANADEX, junto a las Comercializadoras
Sunisa S.A, Conserva S.A, Uniban, Tropical S.A, Proban, Banafrut,
Bagatela S.A y Agrícola Rioverde, financiaron de forma periódica a los
grupos paramilitares: «pagaron 3 centavos de dólar por caja de banano
exportado desde 1997 a 2007», confesó José Gregorio Mangones Lugo, alias
Carlos Tijeras.
Según la Sala judicial que recibió el testimonio
de Mangones, la canalización de los recursos -que se dio mediante la
CONVIVIR Papagayo-, incidió en las formas de victimización del Bloque
Bananero, pues hubo incentivos materiales para asesinar a trabajadores
sindicalizados y militantes de partidos políticos de izquierda.
Coca-Cola,
que no es mencionada por el estudio de la Universidad Javeriana, fue
llevada a juicio en Estados Unidos gracias a las denuncias del sindicato
colombiano Sinaltrainal. Esto, porque la empresa norteamericana
contrató paramilitares de las AUC para asesinar a 9 sindicalistas en sus
plantas embotelladoras entre los años 1990 y 2002.
Uno de los
líderes sindicales asesinados fue Isidro Segundo Gil, dirigente del
sindicato Sinaltrainal, quien negociaba un pliego de peticiones con la
planta de Coca-Cola en Carepa -Antioquia-. La mañana del 5 de diciembre
de 1996 un grupo de paramilitares de las AUC llegó hasta el sindicato de
la embotelladora y lo asesinó.
Sin embargo, en 2003, la Corte
norteamericana desestimó a The Coca-Cola Company como responsable porque
el asesinato tuvo lugar fuera de Estados Unidos y por tanto demasiado
lejos (física y causalmente) del Cuartel General de la compañía en
Atlanta. El Tribunal permitió que el caso siguiera adelante contra dos
embotelladoras de Coca-Cola.
Medios de comunicación
En
cuanto a RCN Televisión -también del grupo empresarial Ardila Lulle-,
el comandante nacional de las AUC, Salvatore Mancuso afirmó que RCN y
otros medios de comunicación como Caracol tuvieron «complacencia con el
accionar de las autodefensas» por haber transmitido entrevistas en las
que se mostraba a Carlos Castaño como «el líder de la lucha contra la
subversión».
A pesar de que algunas empresas han sido encontradas
culpables de apoyar a los grupos paramilitares, tanto en Justicia y Paz
como en la Justicia Especial para la Paz -JEP-, creada en el gobierno de
Juan Manuel Santos (2010-2018), se excluyen a estas empresas y
personajes como Ardila Lulle para ser condenados.
La verdad es una
de las reparaciones más importantes para las víctimas del conflicto
social, político y armado que sufre Colombia desde hace décadas. Conocer
los responsables de las masacres, asesinatos, desapariciones,
desplazamientos, amenazas, entre otros, es un reclamo fundamental para
superar la guerra y sus causas.
Entonces, aunque la justicia
ordinaria colombiana es la responsable de condenar a personajes de la
vida política y empresarial de nuestro país vinculados a crímenes como
el asesinato de líderes y lideresas sociales, jurisdicciones especiales
como Justicia y Paz y la JEP han demostrado la importancia de su
quehacer.
Reparar a las víctimas y garantizar la paz en
condiciones de vida digna son responsabilidades del Estado. Negar que
grandes empresas como Ecopetrol y Chiquita Brands, así como empresarios
como Carlos Ardila Lulle tienen vinculos con el paramilitarismo es como
negar la sistematicidad de los asesinatos a líderes y lideresas sociales
en Colombia.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25008
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