CELAG
| La situación de bloqueo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que viene marcando el pulso político del Perú parece haber llegado a un punto de no retorno tras el cierre del Congreso decretado por Martín Vizcarra. |
Nuevamente se agitan
las aguas de la política peruana. La situación de bloqueo entre el
Poder Ejecutivo y el Congreso, que viene marcando el pulso político del
país en los últimos años, parece haber llegado a un punto de no retorno.
El presidente Vizcarra decretó el cierre del Congreso haciendo uso del
artículo 134 de la Constitución Nacional, al enteder que el Parlamente
dio por rechazada la tercera moción de confianza presentada por su
gobierno. El cierre del Congreso conlleva la convocatoria de elecciones
parlamentarias para el 26 de enero de 2020. Lejos de acatar tal
decisión, el Congreso contraatacó votando la “suspensión temporal” del
presidente y juramentando como nueva presidenta de la república a
Mercedes Áraoz, representante del poder económico aglutinado en la
Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas), exministra de economía de Alan García y exfuncionaria del
Banco Mundial, quien hasta ayer ocupaba la Vicepresidencia de la
República.
Se abre ahora un periodo de incertidumbre en el que el
pulso entre el Ejecutivo y el Congreso se dirimirá dependiendo de la
correlación de fuerzas y los posicionamientos que adopten a) el poder
económico, b) las fuerzas armadas, c) la ciudadanía movilizada, d) los
actores internacionales (embajada de EE. UU., OEA) y e) el Tribunal
Constitucional, que podría tener que dirimir si es constitucional el
cierre del Congreso decretado por Vizcarra o si prevalece el argumento
de la mayoría parlamentaria fujiaprista que sostiene que el presidente
no estaba habilitado para activar tal mecanismo.
¿Cómo hemos
llegado a este punto? Para entenderlo hay que explicar, al menos, dos
particularidades del sistema político peruano. La primera, de largo
aliento, apunta al hecho de que Perú dispone de un modelo institucional
muy expuesto a situaciones de bloqueo entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo como la que se vive hoy. Efectivamente, con una Presidencia
con poderes limitados frente a un Congreso adverso que funge de “perro
del hortelano” (ni come ni deja comer) la situación deriva en bloqueo.
Ni el Congreso puede legislar libremente en función de sus mayorías
-como en los sistemas parlamentaristas británico o español- ni el
presidente puede evitar que el Congreso impida sus iniciativas.
Por otro lado, un elemento de corte más coyuntural: un caduco sistema de partidos fujiaprista corroído por la corrupción y un deadline
concreto para la carrera política de los asambleístas actuales, a los
que el referéndum de diciembre de 2018 les prohibió la reelección y, por
tanto, sus expectativas de carrera política en el Congreso. Se trata de
una expresión más del cariz revanchista que viene tomando la dinámica
de la política peruana.
Como en el mítico western, se alinean los ingredientes perfectos para un “duelo en ok corral”:
un presidente sin partido que necesita una reforma del sistema de
inscripción electoral y unos asambleístas que ya no tienen nada más que
perder. Sólo en esa lógica del juego de la gallina, en el que dos coches
se lanzan a toda velocidad uno contra otro a ver cuál se aparta
primero, es posible entender los últimos movimientos políticos en el
Perú. El problema es que con los coches que se lanzan al desastre seguro
van los últimos restos de confianza de los peruanos en sus
instituciones. Como espectadora del drama, una sociedad hastiada de la
clase política que demanda un cambio profundo en el país al grito de
“Cierren el Congreso”. Asistimos, en definitiva, a una vuelta de tuerca
más en la profunda crisis política que atraviesa la democracia peruana
con unas instituciones que se evidencian profundamente incapaces de dar
respuesta a los problemas del país. Tal vez la respuesta esta vez esté
en las calles.
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