Este 27 de setiembre,
se cumplió el primer año desde que se procedió a recoger oficialmente en
Naciones Unidas las firmas de los Estados interesados en suscribir el
denominado "Acuerdo de Escazú", un tratado internacional sobre acceso a la información ambiental, participación pública y justicia ambiental.
Desde el 27 de setiembre del 2018, este instrumento regional está
formalmente abierto a la firma de los 33 Estados que forman parte de
América Latina y del Caribe.
El mismo día de la ceremonia
realizada en Nueva York, en setiembre del 2018, se recogieron un total
de 15 firmas (entre las cuales, en América Latina, las de Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá,
Perú y Uruguay), y un día después, se recibió la de Paraguay; en el mes
de julio del 2019, se registró la firma de San Vicente y las Granadinas.
Se trató de un primer buen impulso que merecía confirmarse
durante el primer año, y que, como veremos a continuación, no logró
mantenerse.
Un sólo año con una sola ratificación y cinco ratificaciones obtenidas en 24 horas
El único Estado que, al día 25 de setiembre del 2019, había procedido a
depositar su instrumento de ratificación era Guyana, depósito realizado
en abril del 2019: un resultado poco halagador, algo superado con el
anuncio hecho por varios Estados 24 horas después.
En efecto,
desde este 26 de setiembre del 2019, Guyana ya no está sola: depositaron
en Naciones Unidas sus respectivos instrumentos de ratificación Bolivia
y Uruguay, así como Jamaica, San Kitts y Nevis y San Vicente y las
Granadinas.
A su vez, quienes no habían firmado este
instrumento aprovecharon de este primer aniversario para hacerlo:
Granada y Nicaragua.
Remitimos a nuestros estimables lectores al comunicado oficial de la CEPAL así como estado oficial de firmas y ratificación disponible en este enlace oficial de la Secretaría General de Naciones Unidas.
La
falta de interés de algunos Estados, la poca presión ejercida por
organizaciones de la sociedad civil en el caso de algunos Estados
firmantes del texto (desde setiembre del 2018), así como la presión de
algunos sectores en la dirección opuesta, pueden explicar estos tímidos
resultados para un instrumento internacional extremadamente innovador,
tal y como lo explicaremos en las líneas que siguen.
Breves apuntes sobre los alcances logrados en Escazú
Como se recordará, el denominado "Acuerdo de Escazú", cuyo título oficial es "Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe", fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica, luego de 4
años de intensas negociaciones (2014-2018) auspiciadas por la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas: este convenio
internacional, de alcance regional, es el primero en la historia del
derecho internacional público en unir derechos humanos y protección del
ambiente en un texto de carácter vinculante para los Estados. En efecto,
hay una gran cantidad de tratados de derechos humanos, y existe otra
gran cantidad de tratados en materia de protección del ambiente: pero, a
diferencia de varias declaraciones y resoluciones no vinculantes
adoptadas por diversas Organizaciones Internacionales y Estados en los
últimos años, no se contaba con un convenio que, además de vinculante,
vinculara ambos ámbitos.
Por lo tanto, no se trata de cualquier
tratado, sino de una iniciativa audaz, que busca garantizar la
implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, a
la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, en aras de
consolidar y hacer más efectivo de lo que es el derecho a vivir en un
ambiente sano (véase texto oficial en español).
A diferencia de negociaciones de otros instrumentos internacionales, el
marco utilizado por parte de la CEPAL para las negociaciones propició
una amplia presencia y participación de organizaciones de la sociedad
civil, lo cual merecería ser replicado - o al menos imitado - en muchos
otros recintos multilaterales.
Uno de los aspectos más novedosos del "Acuerdo de Escazú"
es el de haber incorporado una disposición (el Artículo 9) en aras de
proteger a los defensores del ambiente, a menudo objeto de todo tipo de
intimidaciones, persecuciones, acciones legales claramente
intimidatorias y asesinatos, constituyéndose así en el primer
instrumento de carácter vinculante que contempla obligaciones para los
Estados al respecto. Como bien es sabido, el indignante clima de
impunidad en el caso de muchos de estos asesinatos contribuye a minar la
credibilidad de las instituciones, las cuales deben garantizar
investigaciones creíbles y sanciones ejemplarizantes para quienes
atentan contra la vida y la seguridad de los que defienden los derechos
de sus comunidades.
Este Artículo 9 se adoptó con base en un
documento de trabajo preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y
Perú sobre los defensores del ambiente y la imperiosa necesidad de
protegerlos (véase nota oficial
presentada a las demás delegaciones durante las negociaciones): una
iniciativa de estos cinco Estados que merece, como mínimo, ser saludada.
Precisamente, en un comunicado conjunto circulado el 13 de
setiembre del 2018, varios expertos en derechos humanos de Naciones
Unidas llamaron a firmar este instrumento internacional. En su texto
titulado “UN experts urge prompt ratification of landmark Latin America and Caribbean environment treaty” (véase texto completo en inglés), se lee que:
”This
agreement is a major leap forward in the protection and safeguarding of
human rights defenders in environmental matters. By establishing
specific binding provisions, Latin American and Caribbean States are not
only recognising the acute and alarming situation faced by
environmental defenders in countries of the region, but are also taking
concrete steps to reaffirm their role and respect, protect and fulfil
all their rights“.
Nótese que, más recientemente, una
excitativa suscrita por 17 Procedimientos Especiales en materia de
derechos humanos de Naciones Unidas fue enviada el 15 de julio del 2019 a
las autoridades de México, instándolas a ratificar sin más preludios el
Acuerdo de Escazú (véase carta).
Vale la pena mencionar que el pasado 17 de setiembre, la ONG Human Rights Watch (HRW) dió a conocer su informe titulado "Rainforest Mafias. How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon" (véase texto completo así como comunicado de prensa
de HRW), en el que detalla la impunidad campante que se ha instalado en
Brasil con relación al asesinato selectivo de líderes ecologistas e
indígenas que defienden la Amazonia en los últimos años.
La ausencia de algunas firmas y en particular una de ellas
Cabe precisar que Brasil, así como México, figuran entre las 20 firmas reunidas hasta el momento por el "Acuerdo de Escazú", y que no se registra la de Chile, como tampoco la de Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, ni la de Venezuela.
En el caso chileno, resulta sumamente sorprendente que se haya negado a
firmar este tratado, al ser uno de sus principales impulsores durante
la fase de negociación. Tuvimos la oportunidad de analizar este insólito
cambio de orientación por parte de las nuevas autoridades chilenas
electas a finales del 2017: véase nuestra breve nota titulada "El Acuerdo de Escazú sobre derechos humanos y ambiente: Chile se desdice".
En esta precitada nota, se reproduce al final el comunicado oficial
conjunto de Chile y de Costa Rica difundido con ocasión del Día Mundial
del Ambiente en junio del 2018: se recomienda su lectura integral, la
cual evidencia cuán contradictoria resulta ser la actual posición de
Chile así como los argumentos (un tanto originales) esgrimidos por parte
de sus máximas autoridades. En esta emisión producida en Chile del
programa "Las cartas sobre la mesa", representantes chilenos de
la sociedad civil desmenusan y desvirtúan uno a uno los distintos
argumentos precitados (véase emisión disponible en este enlace).
El hecho que, salvo error de nuestra parte, no exista ningún documento
oficial elaborado por las autoridades chilenas explicando y justificando
su posición desde setiembre del 2018 pareceriera indicar que sus
motivaciones son otras, y que las razones esgrimidas en algunas
declaraciones a la prensa, simples instrumentos de comunicación
política.
Como bien se sabe, en noviembre del 2018, Brasil
anunció que desistía de ofrecerse como sede para organizar la próxima
Conferencia Mundial de Estados Partes a la Convención Marco sobre Cambio
Climático (más conocida como "COP25") a realizarse en noviembre del 2019 (véase nota de prensa
de El Tiempo, de noviembre del 2018). El repudio generalizado externado
por diversos integrantes de la comunidad internacional ante la actitud
omisa de Brasil para contener los incendios en la Amazonia brasileña
desde julio del 2019, confirma la visión tan peculiar de las actuales
autoridades de Brasil con relación a la protección del ambiente.
Fue
entonces cuando Chile (diciembre del 2018) anunció que sustituiría a
Brasil en esta tarea. A pesar de ser la sede de la reunión más
importante del 2019 en materia ambiental a nivel global como lo es la
COP25, las actuales autoridades de Chile han optado por mantener sus
distancias con el "Acuerdo de Escazú", al punto de no querer tan
siquiera firmarlo. Desde la perspectiva de los Estados que ven con suma
reticencia el reconocerle derechos a quienes defienden el ambiente y que
no consideran necesario mejorar el acceso de las comunidades a la
información en materia ambiental (y mucho menos garantizarles su plena
participación), la actual posición chilena es extremadamente útil y
oportuna.
En el caso de Colombia, Estado que se mostró
sumamente incómodo durante las negociaciones, proponiendo modificaciones
y enmiendas en aras de limitar sustancialmente el alcance de varias
disposiciones, la presión ejercida para que por lo menos firme el
Acuerdo de Escazú se mantiene. Se lee en esta publicación muy completa
(cuya lectura se recomienda y que puede interesar a muchos otros
Estados), titulada "Colombia y el Acuerdo de Escazú" (véase texto integral) que:
"Son
alarmantes las cifras de conflictos ambientales y de asesinatos de
defensores y defensoras del ambiente en Colombia. A pesar de contar con
una amplia legislación en materia de información, participación y
justicia ambiental en Colombia, la conflictividad ambiental en el país
se agudiza cada día. El Acuerdo de Escazú se convierte en una
herramienta de vital importancia para cambiar esta situación en el país" (p. 89).
La ausencia de la firma de Chile, de Colombia y la de otros Estados
podría revertirse en caso de que algunos Estados de la región, por
alguna razón, cambien súbitamente de parecer e inicien su propio proceso
en aras de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos en
materia ambiental. Como bien se sabe, sin firma por parte del Poder
Ejecutivo, los integrantes de los Poderes Legislativos no tienen cómo
iniciar el trámite de aprobación de un instrumento internacional.
A modo de conclusión
Es de notar que América Latina llegará a la reunión preparatoria de la COP25 (denominada "PreCop"),
a realizarse en Costa Rica del 8 al 10 de octubre próximos, con la
ausencia de las firmas antes mencionadas, así como con la ausencia de
ratificación por parte de Costa Rica, Estado que promovió activamente,
conjuntamente con Chile, esta iniciativa regional durante la fase de
negociaciones, albergando la ronda final y dándole el nombre de "Acuerdo de Escazú" a este novedoso instrumento. En esta breve nota nuestra
se reproduce en la parte final el comunicado oficial de Costa Rica
celebrando la adopción del texto, el 4 de marzo del 2018. Costa Rica sí
firmó el texto el 27 de setiembre del 2018 con ocasión de la ceremonia
oficial realizada en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones
Unidas.
Si bien nuevas firmas pueden registrarse antes del 8 de
octubre, es muy difícil que, en estos pocos días que quedan de aquí a
la PreCop, alguna iniciativa para acelerar el proceso de aprobación
tenga lugar en el seno de la Asamblea Legislativa costarricense.
De confirmarse la falta de ratificación costarricense antes de iniciar
la PreCop en Costa Rica, estaríamos presenciando una nueva ausencia: una
ocasión propicia para reflexionar, en Costa Rica, sobre los logros que
se pueden alcanzar por parte del aparato diplomático desde el Poder
Ejecutivo, y la dificultad para trasladarlos luego como prioridad al
Poder Legislativo.
No obstante, la PreCop también podría
convertirse en un espacio para fomentar en América Latina la urgente
necesidad de saldar una vieja deuda pendiente de la región con la
justicia ambiental y con los defensores del ambiente y sus derechos: lo
pactado en Escazú en marzo del 2018 es un primer paso en esta precisa
dirección.
Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com/
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