Ángel Guerra Cabrera
La Jornada
La inminencia de mayor
miseria, y de hambruna, como las impuestas por Macri a millones de
argentinos, hizo estallar la gran rebelión indígena y popular en Ecuador
contra el cruel paquetazo decretado por Lenín Moreno a
principios de octubre. El decreto está integrado por medidas draconianas
dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de
conceder al país un préstamo de 4 mil 200 millones de dólares.
Curiosamente, antes Moreno perdonó multas e intereses a los grandes
grupos económicos por más de 4mil 500 millones de dólares, lo que
descapitalizó al Estado y condujo al aumento del desempleo, de la
pobreza y la pobreza extrema. O sea, el préstamo del FMI equivale al
monto de la condonación de obligaciones fiscales a los multimillonarios
y, sumado a esa medida, implica empujar a una situación aún más
desesperada de la que ya vivían grandes sectores de la población
ecuatoriana.
A cambio del préstamo el FMI exige el aumento del IVA, la liberación
del precio del combustible, la privatización de los sectores
estratégicos, la
reformalaboral, modificar el estatuto del Banco Central y duras medidas para
equilibrarlas cuentas públicas, entre ellas despedir a 23 mil funcionarios, sumados a decenas de miles que ya habían corrido igual suerte. Moreno parece olvidar que otro acuerdo con el FMI del presidente Lucio Gutiérrez en 2003 fue la causa principal por la que un levantamiento popular lo obligó a dejar el cargo sin terminar el mandato. Justo a partir de ahí se creó el clima propicio para el estallido de la rebelión de los forajidos, el arribo a la presidencia en 2007 de Rafael Correa con una copiosa votación y el inicio de una década de avances económicos, sociales, políticos y culturales sin precedente en el país.
Ahora la chispa que incendió la pradera fue el súbito aumento del
precio de los carburantes y, casi de inmediato, del transporte público,
una vez que las autoridades llegaron a acuerdos con los líderes de los
transportistas para desactivar la huelga general que habían puesto en
marcha. Pero, acto seguido, el gobierno, que imaginaba haber controlado
la situación, se topó con el estallido de una movilización indígena en
la sierra y la Amazonia coincidentemente con protestas populares de
trabajadores, estudiantes y mujeres en todas las ciudades del país, que
tuvieron su clímax en la huelga general convocada para el 9 de octubre
por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Moreno, inconstitucionalmente, decretó el estado de excepción por 60
días y a su amparo militarizó el país, estableció el toque de queda en
diversos sitios y sectores, usó la violencia, incluso contra la
expresión de ideas distintas a las neoliberales, lo que explica la
censura y persecución a periodistas y medios, como el caso de radio
Universal Pichincha.
Es fácil comprender la indignación detonadora de las protestas
actuales, pues al desmantelamiento de casi todos los programas, derechos
económicos, sociales y libertades democráticas instaurados por el
presidente Correa se suma ahora un tremendo aumento del precio de los
carburantes. El diésel subió de 1.03 a 2.30 dólares y la gasolina
llamada extra de 1.85 a 2. 39 dólares, lo que llevará a un aumento
insoportable del precio de la canasta básica y de los servicios
públicos. La situación recuerda al Caracazo (1989) y el salvaje aumento del combustible y del transporte público que lo hizo estallar.
La bárbara represión ha sido denunciada con alarma por varias
instancias de la ONU, organismos defensores de los derechos humanos y la
Red En Defensa de la Humanidad. El día 8 en Quito, en violación de
todos los protocolos y normas internacionales y la propia Constitución
ecuatoriana, además del uso masivo de gases lacrimógenos y de violencia
feroz contra los manifestantes se llegó a emplear fuego real, incluso
contra un hospital del centro de la capital donde se refugiaban. Los
presos se cuentan por centenares, por decenas los heridos y cinco
personas muertas, una vuelta al peor estilo neoliberal de los años 90
por el gobierno que ya todos califican como el peor que ha tenido el
país. La persecución política e incitación al odio llega al extremo que
el propio Moreno acusa sin pruebas al ex presidente Correa, Ricardo
Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pavón, líderes del Movimiento
Revolución Ciudadana, de pretender desestabilizar su gobierno. La
situación ha llegado a un punto muerto en que Moreno se niega a retirar
el paquetazo, condición que ha puesto la Conaie para iniciar un diálogo. Correa lo desafía a convocar elecciones.
No hay nada más ruin que un traidor como Moreno, quien después de
militar en la Revolución Ciudadana, de haber sido vicepresidente con
Correa y electo a la presidencia gracias al apoyo de éste, al día
siguiente se arrodilló ante Estados Unidos y la oligarquía local. Luego
se supo que, a diferencia de sus ex compañeros, es un corrupto. Muy
probablemente se dejó chantajear por la CIA. Una verdadera piltrafa.
Twitter: @aguerraguerra
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