Katu Arkonada
La Jornada
La historia de Ecuador
es una historia de rebelión. Entre 1997 y 2007 el país de Eloy Alfaro
tuvo ocho presidentes, tres de ellos –Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y
Lucio Gutiérrez– fueron derrocados por levantamientos populares. Sólo
Rafael Correa logró la estabilidad suficiente, estando en el cargo
durante 10 años, entre 2007 y 2017; fue sucedido por Lenín Moreno, quien
había sido su primer Vicepresidente.
En los tres casos de presidentes derrocados, el detonante fue la
aplicación de medidas neoliberales contra el pueblo. Bucaram elevó 500
por ciento las tarifas de la luz y dejó de subsidiar las del gas, Mahuad
dolarizó la economía y Gutiérrez –que había llegado con un programa de
centroizquierda y el apoyo del movimiento indígena– traicionó su
programa y apoyos para acercarse a Estados Unidos y Colombia, y fue
desalojado del poder tras unas movilizaciones de la clase media urbana
contra la corrupción y cooptamiento del poder judicial, en lo que fue
conocida como Rebelión de los Forajidos.
Este es un esbozo de la memoria larga de las rebeliones en Ecuador,
pero para entender lo que sucede hoy en el país andino también es
importante una memoria corta que examine cómo nace la rebelión que
vivimos actualmente, la rebelión de los
zánganos, en palabras del presidente de apellido Moreno, cuyo nombre no me atrevo a teclear para no mancillar el recuerdo de un gran revolucionario.
Un presidente que llegó a ser candidato para suceder a Correa más por
las encuestas (si llega a ser por capacidad o lealtad al proyecto, ahí
estaban Ricardo Patiño o Gabriela Rivadeneira para sucederlo) que
arrojaban que un señor bonachón en silla de ruedas, que venía de ser
enviado especial del secretario general de la Naciones Unidas para la
Discapacidad y Accesibilidad tras ser vicepresidente del primer gobierno
de Rafael Correa, tenía más posibilidades de ganar al candidato de las
élites económicas, el banquero Guillermo Lasso.
Y así fue, Moreno ganó en segunda vuelta con 51 por ciento de los
votos, y en menos de dos años y medio de mandato metió en la cárcel a su
vicepresidente Jorge Glas (también vicepresidente en el primer gobierno
de la revolución ciudadana); aplicó el lawfare contra Rafael
Correa; destruyó Alianza País a nivel nacional y la Unasur a nivel
internacional; sacó a Ecuador del Alba y de la Opep; se incorporó al
Grupo de Lima, y avanzó en su integración a la Alianza del Pacífico al
mismo tiempo que retiraba el asilo a Julian Assange. El viraje de 180
grados a la derecha se consumaba.
Pero hacia la derecha siempre se puede girar aún más, y la nueva
vuelta de tuerca llegaba el primero de octubre con el anuncio por parte
de Moreno del Decreto 883, un paquetazo de medidas económicas
como condición impuesta a los más de 4 mil millones de dólares prestados
por el Fondo Monetario Internacional: eliminación del subsidio a las
gasolinas (que suponía un incremento de 120 por ciento al diésel y 30
por ciento a la gasolina regular); 20 por ciento menos de remuneración
para los contratos ocasionales; reducción de 30 a 15 días de vacaciones a
los empleados públicos; la eliminación del impuesto de salida de
divisas, y otra serie de medidas clásicas del shock neoliberal al estilo de las impuestas por el capital en la Argentina de Macri con el objetivo de la
flexibilización laboralen primer lugar.
Las protestas de estos días, sin embargo, recuerdan más a la Guerra
del Agua de Cochabamba en el año 2000, con trabajadores (los
transportistas comenzaron las protestas), estudiantes, indígenas y
clases medias en las calles, protestando contra un gobierno y un
presidente que tuvo que huir de Quito a Guayaquil e imponer el estado
deexcepción, sacando a los militares a las calles a reprimir las
protestas. Protestas con múltiples voces y sin un liderazgo claro, ni
siquiera el de la Conaie, cuyos dirigentes han sido rebasados por sus
propias bases.
El saldo preliminar de una semana de represión deja siete muertos y
más de 600 heridos, además de 13 periodistas encarcelados y nueve medios
de comunicación intervenidos. Ya se sabe que la primera víctima de
cualquier guerra es la verdad. Y el gobierno no quiere que la comunidad
internacional conozca la verdad sobre lo que sucede en Ecuador.
¿Es el fin del gobierno del señor de apellido Moreno? Aún es pronto
para decirlo. No parece que las movilizaciones por sí solas vayan a
provocar la renuncia del presidente, pero tampoco parece que Moreno, sin
estructura partidaria ni gabinete propios (sus ministros son
imposiciones de los diferentes grupos de poder) pueda llegar hasta la
próxima elección presidencial de 2021 si las élites económicas, los
medios de comunicación y la embajada de Estados Unidos dejan de
sostenerlo una vez cumplida su misión, de manera similar a lo sucedido
con Temer en Brasil.
La solución podría ser la muerte cruzada, una fórmula plasmada en la Constitución de 2008 que permite materializar el Que se vayan todos.
El presidente tiene facultad para disolver la Asamblea Nacional, así
como la Asamblea tiene la facultad de destituir al Presidente, pero en
ambos casos se debería llamar a elecciones para sustituir a los
integrantes de los dos poderes, Ejecutivo y Legislativo.
Mientras tanto, el estado de excepción y la violencia contra las mayorías sociales imponen en Ecuador la dictadura del capital.
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