David Brooks
▲ Los pitazos de denunciantes o filtradores contra el abuso de poder han
marcado la historia reciente de Estados Unidos. Un caso emblemático fue
el escándalo de Watergate, que llevó a la renuncia del
presidente Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 (en la imagen, al
abandonar la Casa Blanca luego de dimitir).Foto Ap
Los pitazos contra el
abuso y empleo ilegal del poder han marcado la historia de Estados
Unidos, sobre todo durante el último medio siglo. Trump ahora está bajo
investigación para un juicio político gracias a un whistleblower
(literal, alguien que sopla, o que da el pitazo), y vale recordar que
los pitazos han ayudado a poner fin a una guerra, frenar algunos
programas de espionaje masivo de ciudadanos y programas de tortura,
revelar corrupción a varios niveles y hasta derrumbar a un presidente.
Hay una diferencia entre un denunciante y un filtrador, el primero
emplea los canales internos oficiales establecidos por ley para alertar
al Congreso sobre algo indebido en el ejercicio del gobierno, el segundo
intenta entregar información sobre abusos y delitos oficiales al
público generalmente vía los medios. Ambos dan el pitazo para revelar
abusos de poder o actos ilegales.
Para algunos son héroes que rescatan la democracia; para otros son
espías y traidores. Depende de los intereses de las cúpulas en dadas
coyunturas y obviamente sobre qué se está divulgando y sobre quién.
Fue hace justo 50 años que el analista militar Daniel Ellsberg empezó a hacer copias de los llamados Papeles del Pentá gono
que revelaban las mentiras oficiales sobre la guerra en Vietnam. Fue
acusado por la Casa Blanca de Nixon de violar la Ley de Espionaje y el
gobierno intentó prohibir la publicación de los documentos en el Washington Post y el New York Times en 1971, disputa que llegó hasta la Suprema Corte, la cual falló a favor de los medios.
Poco después, estalló el escándalo conocido como Watergate y fue otro tipo de denunciante, apodado Garganta Profunda ( Deep Throat), quien guió a los reporteros del Washington Post hasta llegar al fondo de las operaciones ilegales de Nixon, lo que detonó un proceso de impeachment y
culminó con la renuncia del mandatario antes de que fuera destituido.
La fuente fue revelada en 2005: Mark Felt había sido durante ese tiempo
nada menos que el subdirector de la FBI.
El denunciante (y ahora son dos o tal vez más), un oficial de inteligencia, quien de-tonó el proceso de impeachment
actual contra Trump es festejado como un patriota valiente que cumple
con su deber por la cúpula política demócrata que exige que le sean
brindadas todas las protecciones que otorga la ley.
Pero, a diferencia de los denunciantes en el caso Trump, la cúpula política estadu-nidense, de manera bipartidista, acusa de
criminalesa los filtradores/denunciantes y a los que los publican, incluidos tres de los más importantes de los últimos años, a quienes han acusado de violar la ley de espionaje, entre otras: Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra encarcelado en Londres con la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos por publicar documentos oficiales secretos que incluyen crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas. Chelsea Manning, de nuevo encarcelada por negarse a cooperar en el caso contra Assange después de que cumplió siete años de prisión por filtrar documentos militares a Wikileaks. Y Edward Snowden, asilado en Moscú después de tal vez la mayor filtración de documentos de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos que revelaron, entre otras cosas, programas de espionaje masivo a ciudadanos en Estados Unidos y otras partes del mundo.
En su libro recién publicado, Permanent Record, Snowden se identifica así:
Antes yo trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el público.
Y hay varios más que están o fueron encarcelados, perdieron sus
empleos y más por atreverse a alertar sobre programas que son ocultados a
la opinión pública y que van desde tortura hasta métodos de espionaje e
incluso programas secretos de asesinato con drones y múltiples mentiras
oficiales.
Las cúpulas políticas, y sobre todo el sector de seguridad nacional,
en general detestan en principio toda revelación no auto-rizada por
ellos sobre lo que desean ocultar del pueblo al que supuestamente
sirven. Por ello, el debate sobre los pitazos es esencialmente una
disputa sobre la democracia (y dentro de ello, la libertad de la
prensa).
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