Las fronteras
Son amenazados, perseguidos y sometidos a juicio
▲ Un agente de Aduanas y Control Fronterizo realiza un recorrido en la frontera sur de Estados Unidos, al este de Nogales.Foto Ap
Amnistía Internacional (AI) documentó que desde 2018 el gobierno estadunidense
lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos y México.
La oficina para las Américas de AI dio a conocer ayer el informe Salvar
vidas no es delito: Hostigamiento jurídico de motivación política
ejercido por Estados Unidos contra quienes defienden los derechos
humanos de las personas migrantes, en el que reveló que los
departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y el de Justicia hacen cada
vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a
activistas, abogados, periodistas y personas voluntarias que prestan
ayuda humanitaria de cuestionar –o simplemente documentar– las
violaciones a garantías que cometen
de forma sistemáticalas autoridades de ese país contra migrantes y solicitantes de asilo.
Para elaborar el reporte, AI entrevistó a 23 defensores que
detallaron las restricciones de las que han sido objeto debido a sus
actividades. Diez de ellos fueron incluidos en una lista de control de
vigilancia del DHS como parte de una cuestionable investigación penal
sobre tráfico de personas.
En el informe AI advirtió que en lo que va de año las autoridades
estadunidenses han enjuiciado penalmente a nueve voluntarios de la
organización No More Deaths (No Más Muertes) por prestar ayuda
humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de
Arizona con México, donde miles de personas han perdido la vida en las
dos décadas recientes.
Entre los cargos más graves figuran los formulados contra Scott
Warren, enjuiciado por los presuntos delitos de albergue y conspiración
para transportar a dos personas migrantes, sólo por darles agua, comida y
asistencia médica en el pueblo del desierto de Ajo, donde vive.
La causa terminó en un juicio nulo el 11 de junio, pero los fiscales federales no han retirado los cargos en su contra.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, subrayó:
La administración de (Donald) Trump ataca a quienes defienden los derechos humanos con el uso indebido y discriminatorio del sistema de justicia penal, precipitándose así hacia el autoritarismo. El gobierno se deshonra al amenazar e incluso enjuiciar a sus propios ciudadanos por su trabajo esencial para salvar la vida de personas en situación desesperada en la frontera.
El informe asentó que las autoridades de Estados Unidos han sometido a los defensores de garantías fundamentales
a vigilancia injustificada, interrogatorios, registros invasivos, restricciones para viajar y, en casos aislados, a arresto falso y detención ilegítima.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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