Los planes desestabilizadores
y las agresiones de Estados Unidos contra la revolución bolivariana
iniciaron muy temprano después de que el comandante Hugo Chávez asumió
la presidencia en enero de 1999. Luego de una feroz arremetida del
sector empresarial contra el presidente, se produjo el derrotado golpe
de Estado en abril de 2002, seguido en noviembre por el sabotaje contra
Petróleos de Venezuela(PDVSA), la empresa pública que genera 98 por
ciento de los ingresos en divisas del país, cuya prolongada paralización
significó una pérdida económica de 16 mil millones de dólares.
La política desestabilizadora y golpista de Washington contra el
gobierno bolivariano no ha cesado nunca, pero es a partir de 2013, con
posterioridad al deceso de Chávez y en el primer gobierno del presidente
Nicolás Maduro, que se inicia la guerra económica, primero de forma
encubierta pero más adelante toma un cariz abierto y formal, de modo que
está sustentada en decretos y leyes emitidos por la Casa Blanca y por
el Congreso de Washington. El primer documento público en esta escalada
es la orden ejecutiva 13692 dictada por el presidente Barack Obama en
marzo de 2015, que con una cara muy dura declara a Venezuela
amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. La orden ha sido prorrogada cada año primero por Obama y más tarde por el peculiar sujeto que ocupa hoy la oficina oval en la Casa Blanca.
No es ocioso reiterar que estas acciones transgreden de manera
flagrante la Carta de la ONU y otros importantes instrumentos del
derecho internacional, como han subrayado los expertos del organismo
mundial que han investigado y reportado las brutales agresiones contra
la economía y el bienestar de los venezolanos; por cierto, sin que este
organismo les haya prestado atención, pese a la seriedad y
profesionalismo con que han elaborado sus informes. Al extremo de que la
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, en una actitud que deja muchos cuestionamientos sobre su
honestidad e integridad personal y como funcionaria internacional, se
prestó a presentar un informe sobre los derechos humanos en el país
bolivariano que parece dictado por el inefable John Bolton. Toda una
paradoja, pues existe una asombrosa semejanza entre la guerra
multidimensional de Nixon y Kissinger para derrocar al presidente
Salvador Allende y la que se está llevando a cabo contra Venezuela.
Mayo de 2016 marca un hito importante en la guerra económica pues el
banco alemán Commerzbank cierra todas las cuentas de instituciones,
bancos públicos venezolanos y de PDVSA, en julio toma la misma medida
Citibank, que un año después se niega a recibir los fondos para la
compra de 300 mil dosis de insulina destinados a Venezuela. A partir de
mediados de 2016, se repetirán e intensificarán acciones de esa
naturaleza por muchos otros bancos y comenzará el bloqueo sistemático a
la compra de alimentos y medicinas por Caracas hasta llegar a extremos
de cerco y acoso tal vez sin precedente, pues junto a Estados Unidos
participan activamente sus aliados de la Unión Europea y las deleznables
marionetas del Grupo de Lima: Duque, Bolsonaro, Piñera y Macri.
También a mediados de 2016 las inescrupulosas calificadoras de riesgo
colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del mundo (2640
puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido
con sus compromisos de deuda externa. Desde 2013 el país pagó 63 mil 566
millones de dólares, sin embargo, el riesgo país incrementó 202 por
ciento durante el mismo período. Cada 100 puntos de ese indicador
equivalen al pago de uno por ciento adicional de tasa de interés. Se
trata de una maniobra sin fundamento financiero, cuyo objetivo es
encarecer el pago de la deuda para aumentar la sangría de la economía
venezolana.
En agosto de 2017, Trump emite la orden ejecutiva 13808 que prohíbe
la adquisición de deuda por Venezuela por un plazo mayor a 90 días, la
obtención de acciones por su gobierno y el cobro de ganancias por
Caracas, que corta los ingresos de Citgo, la muy productiva filial de
PDVSA en territorio estadunidense. Posteriormente, Washington se roba
Citgo con la complicidad del supertítere Guaidó, como ha ocurrido con
muchos otros activos venezolanos. Un caso escandaloso es la retención de
oro por valor de mil 200 millones de dólares depositado por Venezuela
en el Banco de Inglaterra.
Al igual que hace con Cuba, Wa-shington impide que Venezuela tenga
acceso a medicamentos en el mercado internacional. Las trasnacionales
Baster, Abbot y Pfizzer se han negado a emitir certificados de
exportación para medicamentos oncológicos destinados al país
sudamericano en un acto verdaderamente inhumano y criminal, que ha
ocasionado la muerte de pacientes.
En la próxima entrega se explicará cómo se generan la agresión contra
el bolívar y la descomunal inflación y cómo el pueblo enfrenta esta
política genocida.
Twitter: @aguerraguerra
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