R. Aída Hernández Castillo*
El pasado 31 de mayo,
manifestantes hondureños intentaron incendiar la entrada de la embajada
de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el marco del paro nacional
convocado por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación. Ese
mismo día Donald Trump anunció que impondría un impuesto de 5 por ciento
a los productos mexicanos, como represalia por no parar la migración
centroamericana. En su cuenta de Twitter escribió:
Los aranceles tienen que ver con detener las drogas e inmigrantes ilegales. Este vínculo forzado entre los dos fenómenos: migración y narcotráfico, es parte de las campañas de estigmatización y xenofobia contra migrantes que Trump ha venido promoviendo.
Las amenazas del mandatario y la ignorancia de la ciudadanía
estadunidense en torno a las responsabilidades históricas de su país en
la crisis económica y la violencia que se vive en Honduras, contrasta
con los análisis que los familiares de migrantes desaparecidos y
masacrados. Integrantes del Comité de Familiares de Migrantes
Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), me explicaron de
manera clara y reflexiva, cómo el golpe de Estado del 28 de junio de
2009, contra el presidente Manuel Zelaya, apoyado por el gobierno de
Estados Unidos, es un antecedente fundamental para entender el presente
éxodo de hondureños, ya que representó un parteaguas en la crisis de
derechos humanos que desde entonces se vive en ese país. En los pasados
10 años Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo
para ecologistas y defensores de los derechos humanos, siendo también la
tercer nación más desigual del planeta, sólo atrás de Sudáfrica y
Haití. La dudosa elección presidencial de Juan Orlando Hernández, en
2014, vinculó a un importante sector del gobierno hondureño con el
narcotráfico y ha profundizado las políticas económicas neoliberales que
atentan contra el sistema médico y de salud, dejando a 64.5 por ciento
de la población hondureña en situación de pobreza.
Pero el intervencionismo estadunidense en Honduras tiene una larga
historia, desde finales del siglo XIX cuando la United Fruit Company
controlaba la economía bananera de ese país, poniendo y
quitando presidentes según sus intereses. Esta historia incluye también
el uso de bases militares estadunidenses en territorio hondureño como
centros de entrenamiento de los contrarrevolucionarios nicaragüenses, y
de detención de activistas hondureños, con el objetivo de
evitar el contagio revolucionario. Los organismos de derechos humanos han reportado que durante la década de los 80 hubo más de 3 mil activistas asesinados y desaparecidos. Algunos de ellos aparecieron años más tarde en fosas comunes de la base militar estadunidense en Palmerola.
Muchos de los integrantes de los cárteles que ahora
controlan las rutas migratorias en México cobrando derecho de tránsito,
asesinando y desapareciendo migrantes, son ex integrantes de las tropas
de élite centroamericanas que fueron entrenadas en la Escuela de las
Américas en Estados Unidos. Se trata de una cultura militarista de
muerte que ha globalizado técnicas de tortura y pedagogías del terror
que tuvieron su origen en manuales contrainsurgentes estadunidenses y
que hoy son retomados por narcotraficantes como Los Zetas.
Muchas de las armas usadas por el crimen organizado y las fuerzas de
seguridad que se han coludido con ellos llegaron a México entre 2006 y
2011 vía Estados Unidos, en el contexto de una operación legal de venta
de equipo militar conocida como Rápidos y Furiosos, que luego se
perdióy fue a dar a
manos equivocadassegún explicación oficial de ambos gobiernos.
Si la gente de Honduras ahora cruza las fronteras en caravanas es
porque la migración se ha convertido en un riesgo de vida, como lo
demuestran las masacres de San Fernando 1 y 2 en 2010 y 2011, y la de
Cadereyta en 2012. Estados Unidos ha contribuido a desestabilizar
gobiernos democráticamente electos en Centroamérica, ha apoyado con
armas y entrenamiento a la formación de una cultura de muerte que ahora
es retomada por los cárteles de la droga, ha promovido a través
de organismos financieros el desarrollo de reformas estructurales y
políticas económicas que profundizan la pobreza y la desigualdad. Los
migrantes hondureños que intentan cruzar la frontera norte, sólo quieren
un trabajo digno y recuperar un poco de lo mucho que el
intervencionismo estadunidense les ha quitado.
*Investigadora de CIESAS
En memoria de las víctimas de Caderyta y en solidaridad con sus familias
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