El pasado miércoles 29
el Consejo de Estado reconoció a Jesús Santrich como integrante del
Congreso de la República y al día siguiente las Altas Cortes le
concedieron la libertad; con estas decisiones el sistema judicial
colombiano priorizó la continuidad del Proceso de Paz y desestimó la
pretensión de los Estados Unidos de imponer sus leyes por encima de las
de Colombia.
Este revés que sufre el Gobierno de EEUU y su aliado de
ultraderecha que hoy manda en Colombia, se suma a la primera derrota que
sufrieron en la Cámara de Representantes el 8 de abril, cuando las
Objeciones que presentó el Presidente Duque contra la Ley Estatutaria de
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron derrotadas por una
mayoría de 110 contra 44.
El 30 de abril, en el Senado de la
República Duque y Uribe habían cosechado una segunda derrota a sus
Objeciones, en una votación que perdieron por 47 votos contra 34;
derrota que la coalición de Gobierno intentó desconocer alegando que
había sido una votación inválida.
Ahora que la Corte
Constitucional decide que sí fue válida la votación mayoritaria del
Senado que rechazó sus Objeciones, obliga a Duque a firmar la Ley
Estatutaria de la JEP, decisión que se había negado a ejecutar.
La
vigencia de la JEP como instancia encargada de conocer acusaciones
contra los ex guerrilleros de las FARC desmovilizados tras la firma del
Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, impide que prospere el montaje
judicial urdido por la DEA y el ex Fiscal General Martínez, con el que
pretendían extraditar a los EEUU a Jesús Santrich, el antiguo Negociador
de Paz de las FARC. Sin embargo, el Gobierno de Trump sigue alegando
que los pactos de extradición con EEUU están por encima de la JEP
producida por los Acuerdos de Paz.
Cuando el Consejo de Estado
reconoce el fuero parlamentario de Santrich, fundamentó la decisión de
la Corte Suprema para decretar su libertad, luego de 14 meses de prisión
injustificada, ordenando además que este proceso debe ser conocido por
la Corte y no por la Fiscalía General.
Pese a los
retrocesos que sufren Trump y Uribe no han desistido en su empeño por
aplastar los esfuerzos por la paz y los cambios; persisten en imponer la
fracasada Guerra contra las drogas, para fumigar con Glifosato en vez
de cumplir los planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso
ilícito, generados por los Acuerdos de Paz.
El interés de Trump
es mantener a Colombia en sus planes de guerra perpetua, que chocan con
la aspiración colombiana de pasar la página de la guerra.
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