Perú
Walter Aduviri
Calizaya, líder indígena aymara es el flamante gobernador regional de
Puno con el 43,5% de votos válidos emitidos en la región[1], donde su
más cercano competidor obtuvo el 12.9 %. Tras el triunfo de Jorge Muñoz
en la alcaldía de Lima, es lo más incomodo que han tenido que informar
los medios de comunicación capitalinos. Información cargada de una
coletilla de alarma y zozobra que trata de irradiar en la población. Una
perversa estrategia de desinformación que hace tanto daño a la
democracia.
En lugar de analizar las propuestas del plan de
gobierno[2], se prefiere la descalificación, que incluso rozan
contenidos discriminatorios y racistas[3], pero lo que más preocupa a
dichos medios es que Aduviri tenga una “visión crítica ante la gran minería transnacional”
como lo ha señalado él mismo, en su primera entrevista[4], tener una
visión crítica ante la minería en el Perú, al parecer puede ser una
herejía ante el dogma del modelo económico minero, el derecho a
disentir, suele ser castigado en el Perú de hoy.
Esta historia
de conflictos, donde líderes de movimientos sociales llegan a la toma
del poder político institucional, es algo que también incomoda a los
grupos de poder económico, sin entender que este es un fenómeno
constitutivo de la propia esencia de la política, pero además sin ser
conscientes que en gran medida son sus intereses económicos los que
generan las condiciones para dichos conflictos y posteriores liderazgos.
Esta es la historia del aymarazo, dos años después del
Baguazo que se suponía marcaría un antes y después sobre la manera de
relacionarse entre el Estado y los pueblos indígenas; y que en mayo del
2011 estallaría en la región de Puno ante la falta de respuesta del
gobierno nacional por atender demandas que fueron creciendo y donde el
movimiento indígena aymara interpeló al Estado sobre las decisiones
inconsultas que afectaban a su territorio[5]; recordemos que mediante el
Decreto Supremo 083-2007-EM, el gobierno de Alan Garcia, declaró de
necesidad pública e interés nacional la explotación del proyecto minero
Santa Ana, autorizándose la explotación a menos de 50 km de la frontera a
la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation, cuando la
Constitución prohíbe que una empresa extrajera posea concesiones en
dicha área de frontera.
A partir de esos hechos mucha agua paso
bajo el puente, el conflicto estalló y dejo daños a la propiedad
pública, saqueos y sobre todo cobro la vida de 6 pobladores; el gobierno
de turno en vez de ir a las causas del conflicto, buscó la vía rápida
de la represión y procesó penalmente a los principales líderes,
absolviéndolos a todos menos a Walter Aduviri, a quien lo condenaron a 7
años de prisión efectiva con una sentencia cuestionada en sus
fundamentos jurídicos, después de cinco años de un proceso judicial, sin
observación de medias mínimas que asegure la aplicación de una justicia
intercultural.
Pero peor aún, la sentencia absuelve a la
mayoría de líderes en su condición de comuneros, sin embargo, la sala
decide no aplicar esos mismos argumentos para el caso de Aduviri; pero
además aplica la figura de autoría mediata con la que A. Fujimori fue sentenciado, entendiendo que su gobierno de facto
constituía una organización vertical y jerarquizada, algo imposible de
probar en una manifestación popular que ocasiona disturbios[6]. Son
estos excesos de la justicia penal los que nos llevan a percibir que el
caso de Aduviri constituye un caso de criminalización del derecho a la
protesta.
Siete años después del aymarazo casi nada ha
cambiado, se siguen aprobando normas que debilitan la protección de
derechos de los pueblos indígenas (DL 1333, ley 30723), estas normas se
aprueban en el centro y se aplican en la periferia, no se realiza
consulta previa sobre las concesiones mineras, donde el 35% de las
tierras de comunidades campesinas están concesiones a la minería[7] y
tampoco hay beneficios directos que respeten la diversidad cultural de
dichos pueblos; en suma el reto que tendrá el electo gobernador aymara
Walter Aduviri es titánico pero también esperanzador, las condiciones
son casi las mismas a la movilización social que lo visibilizo, pero
ahora tendrá que afrontar esos mismos retos como autoridad institucional
del gobierno regional de Puno.
Notas:
[1] Según la ONPE al 99%: https://resultados.onpe.gob.
[2] Ver Plan de Gobierno: http://peruvotoinformado.com/
[3] Ver columna de El Comercio: El Perú de Muñoz y Aduviri: https://elcomercio.pe/
[4] Ver Ojo Público: https://ojo-publico.com/875/
[5] Más información sobre el conflicto aymara: http://
[6] Ver declaraciones de especialista penal: https://www.servindi.org/
[7] Ver artículo: https://www.servindi.org/
Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.
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