Una verdadera
carrera de criminalidad se ha ensañado a lo largo y ancho del país y lo
ocurrido en la Provincia de Ocaña- Nororiente colombiano - sacudida
por el secuestro de un niño de cinco años, hijo del alcalde de El
Carmen (Norte de Santander) no es extraña a esa sintomatología. De los
habitantes de El Carmen se pregona: los del Centro del casco urbano son
decentes. Los del extremo de Guamalito, vinculados al arribismo
consumista del traqueteo narco paramilitar. El comportamiento anómalo en
el manejo de una sociedad trasciende a la función estatal, más allá de
la gobernalidad de un país. Al cuerpo de nación le afecta lo de un Estado fallido.
Lo acaecido en los ultimo sesenta años en Colombia lo catalogan como un
país en guerra (internacionalmente, como un país asolado por un
conflicto armado interno). Esa guerra interna ha dejado 262.197 muertos.
80.514 desaparecidos. 37.094 victimas de secuestros. 15.867 víctimas de
violencia sexual, 17.804 menores reclutados. Pese haberse firmado un
Acuerdo de fin del conflicto con las Farc-ep, 25.000 personas fueron
expulsadas de sus lugares de origen. A más de seis millones asciende la
población desplazada durante los últimos años. Ya son cerca de 500 los
lideres sociales asesinados, desde ese supuesto fin del conflicto con el
anterior presidente Santos, titular del opaco Premio Nobel que no
significó emblema, ni representó la Paz.
La finalidad del acuerdo y un despropósito de paz
El Estado colombiano no
ha demostrado un firme propósito en la obtención del fin del conflicto
armado interno. La no cooperación armónica de los poderes públicos
constitucionales así lo demostró. La injerencia de los órganos de
control, la Procuraduría y en especial la Fiscalía, constituyéndose en
una talanquera en la noria de la implementación de los Acuerdos. Los
partidos políticos, cual conmilitones en el ejercicio de la guerra,
gracias al ejercicio de un sistema electoral corrupto e ilegitimo,
echaron a perder la finalidad de la salida política al conflicto armado
interno en Colombia. Todos a uno y en particular el partido fascista
denominado Centro Democrático (CD), dieron al traste con la finalidad
que un Acuerdo de Paz o fin del conflicto con una insurgencia no
derrotada militarmente. No acatan el significado de erradicar o sacar la
violencia de la practica política. Ese propósito lo desconocieron.
Generaron la polarización de las figuras Santos-Uribe, siendo la misma
cara de la moneda del Bloque Oligárquico Anti insurgente dominante.
Bombardearon la implementación de los acuerdos, desde todos los ángulos.
No permitieron el fin del conflicto; sino que por el contrario
enfilaron toda actividad hacia el engaño, la felonía, la traición y la
frustración de un pueblo, generando el enfilamiento del conflicto a
manifestaciones de una nueva guerra, aún no esclarecida en la
realización de sus propósitos. ¡Implantaron en el escenario nacional la
paz de los sepulcros!
Que esta pasando con el estado, con las fuerzas armadas, con la policía, con los partidos políticos
El panorama nacional y regional es claro oscuro. Paramilitarismo se
asimila a terror estatal. Para el mes de mayo de 2018 un estudio
difundido por el periódico The Guardian, indica que el ejército colombiano
ejecutó, a 10.000 civiles en los falsos positivos, para truncar las
estadísticas, hace ver que estaban “ganando” la guerra y aumentar la
ayuda militar estadounidense. Los investigadores Omar Rojas Bolaños y
Fabian Leonardo Rodríguez (“Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia,
2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”).
Corresponde a un ejercicio frio y calculado, durante décadas de
conflicto. Las ejecuciones extrajudiciales “fueron meticulosamente
planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas
asegura que se atacó especialmente a menores con discapacidad funcional…
Para los Juristas del Mundo que han participado en Caravanas de
Juristas en Colombia. (La VI Caravana Internacional de Juristas se
realizó en el pasado mes de agosto, con visitas a escenarios como El
Catatumbo): “Nos ha sido muy difícil confrontar la bondad de los
colombianos con unas tragedias humanas insospechadas”. “la violencia y
la falta de esclarecimiento es lo que nos mantiene mas preocupados”.
Concluyen que luego de tantas denuncias y conocimientos de causas “nada
hacia el futuro…”.
Ese “nada hacia el futuro” martilla
la conciencia nacional ante la impunidad. Rebosan los dossiers sobre
investigaciones y conocimiento sobre el paramilitarismo. La Corte Penal
Internacional (CPI) no da compas de espera. Pero corresponde colocar el
dedo en la llaga en el papel de los partidos políticos en el incremento
del conflicto armado interno en Colombia. El propósito de un Acuerdo del
fin del conflicto con las antiguas Farc- ep era sacar la violencia de
la política. Los partidos de la derecha militarista no lo han permitido.
Corresponde a una imposición de condiciones a regir para ambas partes:
para el régimen y para quienes los confrontan.
Asistimos al
exterminio, en escala genocida, contra los líderes sociales. Pero
existen relaciones de con causalidad entre los asesinatos selectivos y
sistemáticos a líderes en las diferentes regiones del país y los
postulados del partido fascista Centro Democrático (CD). A manera de
enunciado:
· Todo lo relacionado con la mega minería, la
defensa del agua y otros recursos ambientales corresponde a lo
programático neoliberal del partido CD. La defensa a ultranza de la
invasión de la inversión extranjera sin límite al cinturón de la
soberanía nacional es del ejercicio de poder hegemónico actual. Las
manifestaciones contra los procedimientos para oponerse a tal fin las
enarbolan los líderes sociales y dirigentes comunitarios, en defensa de
lo autóctono nacional y soberano. El indicio o señal de la actual
ocurrencia es que esos contradictores son exterminados sistemáticamente.
· Se conoce como reclamantes de tierras, a sujetos
activos de los diez millones de hectáreas que, en un tiempo anterior y
muy reciente de los periodos sanguinarios de Uribe en el poder, fueron
desfoliados de sus tierras por la aplicación de la reforma agraria
blanca del paramilitarismo en los campos colombianos. Lo programático
del CD enfila contra la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras.
Consagran el estatus quo de los juicios de pertenencia, en el sistema
aberrante imperante en el Código Civil colombiano de la
usucapión a los veinte años sin justo titulo; es decir, por las vías de
hecho y el embuchado de los “terceros poseedores de buena fe”. Hoy esas
tierras no son de paramilitares en particular, ni de agentes del
ejercito (…) son de multinacionales de los agrocombustibles, entre
otros. La senadora del CD, María Fernanda Cabal, radica proyectos para
el manejo de tierras, proteger a esa multinacionales y terratenientes
particulares del latifundio improductivo, que criminalmente ocuparon
esas tierras y persisten en los despojos a victimas campesinas. Ese
proyecto busca “no molestar” a los que se quedaron con las tierras de
los desplazados. En la usanza del vituperio, que es el modus operandi de
ese partido fascista, el CD, esa flamante senadora, que cual
ventrílocua señala a los reclamantes de tierras como “vagos y bandidos que no les gusta trabajar”,
a sabiendas de sus consecuencias, ha llevado a considerar a Hernando
Gómez Buendía: “Este asunto es crucial para el CD y por eso ha sido
cogestionado entre Duque y su bancada”.
· Buen número de los
acribillados lideres sociales son voceros de los reclamantes de tierra;
sacrificados por tener conocimiento de las situaciones de despojo y
mantener los contactos con las victimas despojadas de esas tierras. El
sicariato al servicio de los intereses programáticos de un partido
fascista como el CD. Todo, por cuanto impulsan la desigualdad económica y
social, bajo lo legal y la permanencia de despojo y de concentración de
tierras. Enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal, pero no para
salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para
ayudar y conceder gracias al sistema desbastador de lo extractivo en
contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las
multinacionales. Entonces, a parecen los cuerpos acribillados de esos
defensores de las economías informales.
· Ese partido, CD,
opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas de
modos de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía
regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos,
sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la
corrupción sistemática de la economía subterránea, en la suplantación
del Estado y en lo hegemónico social. Corresponde “hacia el futuro”
desentrañar o desenmarañar la simbiosis para beneficiarse mutuamente,
como si existieren intereses y finalidades en común, entre la existencia
de la sistematicidad de los crímenes a líderes sociales y comunitarios
(ya hoy no acusados de auxiliares de las güerillas) y el acumulado
político para ese partido fascista, el CD.
· El Partido CD,
apoyados por el presidente electo, desnaturalizaron lo del Reglamento de
la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es
decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y
de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley
para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las
operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y
para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la
Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de
los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto y
con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción
de los delitos conexos al delito de Rebelión, como si ello fuera albur
de cualquier “perico de los palotes” y no de la esencia del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y de esencial aplicación del juez
natural. La finalidad buscada apunta a entrabar y colocar talanqueras a
la insoportable situación de no continuidad de las conversaciones con el
ELN y la actitud de avestruz, ante la inminente necesidad de
acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación (EPL).
· Lo de la injerencia en la Justicia, por parte del fatídico partido
CD, será tema de análisis en otra oportunidad, destacándose la búsqueda
de una Justicia de bolsillo, al no aplicar ni el eufemismo de cortesana y
de limarle a la Constitución del 91, el incisivo de la tutela:
instrumento de mejor trato para servir de algo al sufrido pueblo. Sin
olvidar la suerte de las ciudades, en el gobierno hegemónico de la
derecha militarista, los pobres de los lugares apartados soportan la
focalización de la violencia y son los sectores populares los que
continúan poniendo los muertos en esta guerra que no termina.
¿Quién los está matando?
Por todo ello a futuro surge la cuestión: “¿Quién los está matando?”. La actividad política de denuncia nacional e internacional no se detiene. La convocatoria a la audiencia publica “Colombia por la Vida” en
Popayán, requirió la presencia de los cuadros de ese partido CD,
Guillermo Botero, como ministro de la guerra. De la Nancy Patricia
Gutiérrez, como ministro del Interior. Ninguno de los dos asistió. La
Fiscalía General aplica falsos positivos judiciales a miembros del
Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y del
Congreso de los Pueblos y luego del escarnio y la picota pública son
liberados.
Lo teleológico o finalista del presente enunciado
corresponde a analizar que está trazada una directriz con el propósito
que cualquier manifestación progresista, socialdemócrata, de la Colombia
Humana y en especial consecuentemente revolucionaria, sea borrada de la
faz del escenario político del país. Resulta inocultable que el partido
fascista CD, se propone eliminar de la contienda política a todo líder y
practica política que proponga alternativas al modelo depredador de
economía de casino neoliberal, que huela a defensa de los derechos
humanos y la ecología, de reclamación y recuperación de tierras, de
educación popular y defensa de la educación pública. No existe proclama
política que reivindique el buen nombre de los lideres asesinados por
parte de ese partido llamado e inscrito como Centro democrático (CD). De
manera que cada día que cae un líder social o un testigo de excepción
expresará: ¡un buen muerto!
No puede resultar que con el cumulo
de sintomatologías enunciadas, un actor político como el partido Centro
Democrático (CD) pueda eludir el peso de las investigaciones de la
inteligencia del sistema estatal judicial y de la Corte Internacional de
Justicia o Corte Penal Internacional (CPI).
Parecen los
conciliábulos de sus Directorios Regionales, émulos de los partidos
liberal y conservador, con su canibalismo político en la época de la
violencia de los años 1950, tan degradados como en el presente, en que
el “monstruo” Laureano Gómez editorializaba en el diario El Siglo, lo
difundían los pulpitos del clericalismo anticomunista y al día siguiente
se producía la masacre de liberales, tipo El Carmen, en el Norte de
Santander, en el año de 1949.
La respuesta popular
El actual gobierno hegemónico de derecha en Colombia entregó al imperio
estadounidense la política exterior frente al caso de la Republica
Bolivariana de Venezuela. Ha confiado, a pie juntillas, su política de seguridad al
Centro Democrático. Su política corporativista y de especulación
financiera a los gremios económicos. Semejando los sábados de Duque a
los sábados de Uribe, el analista Manuel Humberto Restrepo Domínguez, en
artículo publicado en el portal Rebelion.org. alude a los Talleres del Horror, enunciando
que vuelven las masacres y la paz de los sepulcros. De otro lado, el
líder popular Gustavo Petro ha roto el paradigma de la existencia de las
tales “Águilas Negras” o “Águilas Verdes”, en la búsqueda
de sustituir, dentro del contexto de investigación y desmonte
definitivo del paramilitarismo, los ejemplos o modelos de antaño,
superados y conocidos y centrarnos en los agentes de carne y hueso,
criminales y desalmados de quienes están “de nuevo en el poder”
atribuyéndose “el derecho a matar” e imponiendo el deber de “dejarse
matar”.
Pero la Caravana de juristas Internacionales, en
puntualización de la abogada británica Sue William, que nos visitó,
plasmó una recomendación: “Después regresamos a nuestros países y
escribimos un informe para visibilizar la situación del Catatumbo y el
país, y que espero que sea un pequeño paso para cambiar”. ¡Ese también sea el reto “a futuro” de y para los juristas colombianos!
PD. Al finalizar el presente escrito circula la noticia que el menor
Cristo José, hijo del Alcalde de El Carmen Norte de Santander fue
liberado, luego de siete días de desaparecido.
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