Katu Arkonada
El primero de octubre,
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda,
falló por 12 votos contra 3 en favor de Chile en el proceso judicial que
venía enfrentando con Bolivia desde 2011, pero cuyas raíces históricas
se remontan al siglo XIX.
La sentencia de La Haya sin duda cierra un ciclo, que comenzó en 1879
cuando Chile invade militarmente el puerto boliviano de Antofagasta, y
en una guerra que dura cuatro años, le arrebata a Bolivia 120 mil
kilómetros cuadrados ricos en guano, salitre, bórax, cobre y plata.
Cuando Bolivia nace como república independiente de la mano de
Bolívar, contaba con 400 kilómetros de costa, articulados en dos
provincias: La Mar y Atacama, que contaban a su vez con cuatro puertos,
Antofagasta, Cobija, Tocopilla y Mejillones, además de dos poblaciones
interiores, Calama y Antofagasta.
La guerra del Pacífico tuvo como objetivo, igual que la mayoría de
las guerras actuales, hacerse con el control de recursos naturales
estratégicos para la economía de cualquier nación, y culminó en un
vergonzoso tratado que las élites políticas y económicas chilenas
obligaron a sus pares bolivianas a firmar
(...) quedan reconocidos de dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste.
Sin embargo, durante 100 años el Estado chileno ofreció en
incontables ocasiones, intercambio de documentos y negociaciones,
incluso al máximo nivel como el Acuerdo de Charaña (1975) entre los
dictadores Pinochet y Banzer, negociar una salida soberana al océano
Pacífico para Bolivia.
Y en eso llegó Evo, y el 23 de marzo de 2011 hizo lo que ningún otro
presidente boliviano se había atrevido a hacer: llevar a los tribunales
internacionales la injusticia del enclaustramiento al que Chile había
sometido a Bolivia.
La estrategia era clara, no tocar el injusto tratado de 1904, pues el
Pacto de Bogotá, que confiere jurisdicción a la CIJ impide impugnar
negociaciones y tratados anteriores a la firma del Pacto en 1948. Y sin
objetar el tratado, usar de base una formula jurídica progresista e
innovadora, la de los derechos expectaticios. Esta estrategia plantea
que el intercambio de propuestas, y declaraciones unilaterales generaba
expectativas y podía constituirse en un acuerdo internacional con
derechos y obligaciones. Por eso, en vez de pedir a La Haya que
dictaminase una determinada franja X o Y de territorio, pedía se
obligase a Chile, con base en las propuestas previas, a negociar de
buena fe una salida soberana al mar para Bolivia.
Si embargo, la sentencia de La Haya, realizada desde el positivismo
jurídico, aunque no niega la reivindicación histórica boliviana, echa
por tierra la posibilidad de una posible negociación con Chile asumiendo
que las pruebas (documentos) presentados por Bolivia, no obligan a
Chile a negociar, aunque deja algunos resquicios. En su párrafo 176 se
afirma que
La conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios, para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas.
Asimismo, el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente de la CIJ, afirmó en la lectura de la sentencia que
a pesar de este fallo, la CIJ invita a ambos gobiernos a buscar una forma de entablar un diálogo sobre este asunto.
El escenario que se abre ahora no es sencillo: Chile ya ha anunciado,
en reunión de ex presidentes, que esperan tener en 2019 un presidente
electo (que no sea Evo) con quien conversar. Pero es muy difícil que el
país, que para muchos es
el Israel de Sudamérica, más amigo de Estados Unidos que de sus vecinos, pueda querer negociar siquiera una salida al mar sin soberanía. Mar privatizado y en manos de siete familias chilenas que explotan sus recursos naturales. De momento, para incluso comenzar a hablar, Chile ya ha puesto sus condiciones: respeto al tratado de 1904 y acatamiento del fallo de la CIJ.
Bolivia por su parte, debe comenzar a explorar las dos salidas que
tiene en el horizonte. Hacia el Pacífico por medio de la concesión del
Puerto de Ilo, firmada con Perú en 1992, y hacia el Atlántico la salida
vía Puerto Busch, basada en un tratado con Paraguay de 1932 que le
permite el libre transito vía Paraguay y Argentina hasta el océano.
Asimismo, es probable que el gobierno de Evo Morales dé un nuevo
impulso a la propuesta de corredor ferroviario interoceánico, que
conectaría, pasando por Bolivia, el puerto brasileño de Santos, con el
Puerto de Ilo en Perú. El interés chino en este Canal de Panamá
terrestre es más que notable.
Recorrer la vía de la demanda marítima era una obligación para la
nueva Bolivia que desde 2005 ha ido recuperando su soberanía política,
económica y también territorial (mediante la expulsión de la DEA o
USAID, por ejemplo). Que se haya sufrido una derrota en un tribunal cuya
finalidad última es mantener el orden geopolítico no va a detener a un
Estado cuya Constitución dictamina, en su artículo 267 que:
El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo.
Además, no podemos olvidar que, como nos recuerda el entrañable Coco Manto, ex embajador de Bolivia en México, en las causas justas no hay derrotas, solo victorias postergadas.
* Politólogo vasco especialistaen América Latina
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