Lilia Mónica López Benítez*
Cuando pensamos en la
niñez vienen a la mente imágenes de niñas y niños jugando, estudiando,
brincando, sonriendo, soñando y disfrutando de la vida en compañía de
su familia. Esta realidad es muy lejana para decenas de miles de niñas,
niños y adolescentes que han decidido migrar de sus países de origen en
busca de
una vida mejordebido al contexto de crisis humanitaria que azota al Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Se calcula que tan sólo en 2015, 17 mil menores no acompañados llegaron a México con la meta clara de emigrar a Estados Unidos.
Desde siempre, México ha sido país de tránsito hacia Estados Unidos,
ubicación geográfica que le genera la responsabilidad de proteger,
respetar, promover y garantizar los derechos humanos de todas las
personas que transitan por él, sobre todo en tratándose de niñas, niños y
adolescentes que, por su condición, necesitan protección muy
particular.
El interés superior de la niñez cobra relevancia, pues la cifra de
las personas migrantes sin compañía aumenta de manera alarmante, por lo
que es necesario brindarles una protección integral para que gocen y
ejerzan sus derechos a cabalidad.
Las niñas, niños y adolescentes que migran lo hacen con la finalidad
de encontrarse con sus familias o huyendo de la extrema violencia, la
pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y de las pandillas
que quieren cooptarlos. Buscan alternativas de sobrevivencia, así como
mejorar –aunque sea un poco– su realidad, en especial porque un gran
porcentaje ha sido amenazado al no querer sumarse a esos grupos o porque
sufre los estragos de las carencias.
Cuando por desgracia deciden emprender el tortuoso viaje hacia el sueño americano,
su vida se trunca, su pleno desarrollo se frena y sus derechos a la
salud, la alimentación, la educación, entre otros, son vulnerados por la
precariedad y el peligro.
Los migrantes, durante su viaje, sufren de extrema violencia por su
condición, lo que los lleva a ser víctimas de xenofobia, discriminación,
acoso policiaco, trata y tráfico de personas, explotación sexual y
abuso físico o mental. Por ende, es imprescindible que las autoridades
estén capacitadas para atenderlos y asegurarles el pleno goce de sus
derechos humanos.
En el caso específico de las niñas y adolescentes migrantes están
doblemente expuestas, pues son víctimas de agresiones sexuales o de
trata con fines de explotación. Es triste y lamentable ver imágenes como
la que retrata la película La jaula de oro, en la que una niña
guatemalteca sabe que al decidir migrar, las probabilidades de
violación son enormes, por lo que se hace pasar por niño e ingiere
pastillas anticonceptivas, para que en caso de que sea descubierta no
viva un embarazo como consecuencia.
La Organización Mundial para las Migraciones ha brindado apoyo
al menos a 200 víctimas de trata de personas, en su mayoría mujeres,
niñas y niños centroamericanos.
La infancia migrante no solamente se encuentra en estado de
vulnerabilidad frente al crimen organizado, por desgracia, también puede
ser víctima de abusos por parte de autoridades que no tienen la
capacidad de actuar adecuadamente ante estos casos y hacen uso del poder
para extorsionarlos, agredirlos o detenerlos, y no les otorgan las
garantías necesarias, durante su estancia en territorio nacional, como
información sobre su detención, asistencia legal gratuita, intérprete en
caso necesario, ni se respeta su derecho a ser escuchados, ni la
presunción de inocencia, entre otros.
En la mayoría de los casos de detención, pareciera que el único
propósito es elevar la cifra de personas repatriadas. En este sentido,
es importante que las autoridades migratorias tengan claro que esta
clase de migración es forzada debido a que huyen de un contexto
violento, que los convierte en personas refugiadas.
De acuerdo con Human Rigths Watch, menos de uno por ciento de los
niños y adolescentes migrantes detenidos por las autoridades migratorias
son reconocidos como refugiados. La mayoría no hace uso de este derecho
porque no es informada al respecto.
El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé que
la privación de la libertad debe ser la última medida. En el caso, los
migrantes no acompañados requieren de alojamiento que atienda sus
necesidades, otorgándoles trato digno y respetuoso. No obstante, la
realidad es diferente, en muchos casos son detenidos y comparten galeras
con personas adultas, sin importar que se vulnere su seguridad e
integridad personal.
Para atender esta grave problemática son necesarios, a escalas
internacional y regional, acuerdos bilaterales en la materia y, en el
ámbito nacional, estrategias, leyes, políticas públicas y mecanismos de
actuación que protejan sus derechos.
Concluyamos con las palabras de Mauricio Farah Gebara:
Cada vez que un menor emprende el camino de la emigración, se abre un doble abismo: el de la conciencia social que no ha podido brindarle certeza de su manutención y desarrollo, y el del propio menor, que desde el primer paso se sumerge en la incertidumbre. Una niña o un niño migrante es una de las mayores expresiones del desamparo.
*Magistrada federal y académica universitaria
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