El
expresidente y seis exuniformados serían investigados por las masacres
del Aro y La Granja y por el crimen del líder social, Jesús María Valle.
Foto: La Nación.
Nuevamente el nombre del senador Álvaro Uribe fue incluido en una
sentencia que deja al descubierto la complicidad y alianzas entre la
Fuerza Pública y los grupos paramilitares para cometer masacres y
homicidios selectivos en la década de los 90’.
Por ejemplo, hace tres años un fallo del Tribunal de Justicia y Paz
de Medellín compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes para que iniciara un proceso de investigación al
senador Uribe por la masacre ocurrida en el corregimiento el Aro,
municipio de Ituango (Colombia), el 22 de octubre de 1997, en donde 15
campesinos fueron asesinados por las Autodefensas.
Para compulsar las copias el Tribunal contaba con los testimonios de
sobrevivientes que aseguraban que durante la incursión paramilitar
vieron al helicóptero de la Gobernación, que en ese momento estaba al
mando de Álvaro Uribe, sobrevolando el municipio, situado en la
subregión Norte del departamento de Antioquia.
“Cabe precisar que el conocimiento acerca de la ejecución de la masacre, por parte de la administración departamental, no sólo se restringía a la información previa suministrada a Pedro Juan Moreno Villa, quien para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno departamental, sino que el helicóptero adscrito a la Gobernación de Antioquia, fue observado sobrevolando la zona durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según le informó por radio el comandante Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”, se lee en un aparte de la sentencia del 2015.
Ahora, un nuevo fallo pero esta vez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín llega a la misma conclusión advirtiendo la
responsabilidad de Uribe no solo en la masacre de El Aro sino también
en la masacre ocurrida en el corregimiento La Granja, en el municipio de
Ituango, en donde cinco personas fueron asesinadas, por las
Autodefensas, en plena plaza principal por ser supuestamente
colaboradores de las FARC.
“La gobernación de Antioquia y sus funcionarios más altos
patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las
Autodefensas, es decir, las ayudaron con sus actuaciones positivas o
negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales
organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que
investigar y juzgar”, dice el fallo del Tribunal.
Añade la corporación que “al no compulsar las copias el Tribunal
puede ser responsable de una omisión de denuncia en el entendido que
existen suficientes elementos de juicio conforme lo expresado en esta
decisión que probablemente comprometen la responsabilidad penal de
varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces Dr.
Álvaro Uribe Vélez, del comandante de la Cuarta Brigada de la época el
general, Carlos Alberto Ospina (…) al igual que el comandante de la
policía de Ituango, Carlos Emilio Gañán”.
De la sentencia, en la que se confirma la condena de 30 años de
prisión contra los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio por el
homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo y
quienes además son investigados también por participar en las citadas
masacres, se enviará copia a la Corte Interamericana de Derechos al
igual que al Consejo de Estado en los diversos procesos que se adelantan
por los crímenes en El Aro y la Granja.
Y es que a Uribe no solo se le reprocha participar en estos hechos,
además también habría tenido injerencia en el homicidio del señor Valle,
quien para la época de los hechos denunciaba el asedio de los
paramilitares en la subregión del norte de Antioquia.
“Frente al homicidio del señor Valle fueron los funcionarios de la
Gobernación quienes más influyeron en la decisión de Carlos Castaño de
dar la orden de muerte, ello para evitar se descubriera la alianza que
existía”, asegura la corporación.
Por último, el Tribunal pide no endilgar la responsabilidad
de los hechos a los militares que ya murieron antes bien solicita que se
juzgue a los que aún siguen vivos.
“Es importante para la conformación de civilidad de nuestra nación el
exaltar las virtudes de la gente buena, no, como ha ocurrido, que se
sobredimensiona a verdaderos genocidas”, puntualiza el fallo.
(Con información de Radio Caracol)
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