Activistas de Guatemala y El Salvador debaten sobre “Derecho a la comunicación y defensa del bien común”
En la Finca Primavera
–municipio de San Cristóbal de Verapaz- se hacen visibles décadas de
conflicto agrario en Guatemala. La firma Eco-Tierra sostenía que en 2011
adquirió -a través de la empresa Madera Filitz Díaz SA- la propiedad de
las tierras da la finca (2.000 hectáreas), a lo que 300 familias de
origen maya Poqomchi’ contraponían sus derechos por habitarlas durante
más de dos siglos y trabajarlas como “mozos colonos”. Las comunidades
denunciaron la destrucción de documentos registrales y las amenazas de
los administradores y guardias (armados) de seguridad de la empresa.
Dos ancianos de la comunidad La Primavera -de 82 y 72 años- murieron
asesinados en enero de 2012; además aparecieron con señales de tortura
en los cuerpos. En 2013 las organizaciones campesinas informaron de 15
procedimientos abiertos contra líderes comunitarios. Las familias
Poqomchi’ defendían la compra de la finca a través del Fondo público de
Tierras, pero –frente a esta propuesta- en diciembre de 2014 continuaban
denunciando las amenazas de desalojo. Organizados en la Asociación de
Campesinos de Santa Rosa y Sak-Iximy, lograron en julio de 2015 acceder a
540 hectáreas, tras un acuerdo con el gobierno y la empresa maderera.
Un mes después, “gracias a su lucha 279 familias fueron reconocidas
–por la Municipalidad de San Cristóbal- como la primera comunidad
indígena Poqomchi’ en Verapaz (Kab’laj Be)”, destacó el comunicador
popular Rony Morales en el periódico Prensa Comunitaria. Morales cubrió
el conflicto de la Finca Primavera también como miembro de la Unión
Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC). De su trabajo como
redactor, cámara de vídeo, fotógrafo y locutor de radio dio cuenta en un
acto sobre “El derecho a la comunicación y la defensa del bien común”,
organizado por la ONG Perifèries en el huerto urbano del colectivo
Cabanyal Horta, en Valencia. El pasado cinco de febrero el periodista
documentó las movilizaciones de los pueblos q’eqchi’ del municipio de
Santa María de Cahabón (Alta Verapaz), en las que se pedía la libertad
del líder comunitario y maestro Bernardo Caal Xol, en prisión preventiva
acusado –entre otros cargos- de presunto robo agravado y amenazas. Las
comunidades consideran que la detención responde a una estrategia de
criminalización por su defensa de los ríos Cahabón y Oxec frente a dos
proyectos hidroeléctricos de la empresa Oxec SA. En una consulta
celebrada el pasado 26 de agosto, 196 comunidades q’eqchi’ votaron
contra el uso de los dos ríos sagrados para la instalación y
funcionamiento de las hidroeléctricas.
Otro medio popular
destacado por Rony Morales es Radio K’amolb’e, fundada en 2006;
actualmente emite en el 93.1 FM desde el municipio de San Pedro Carchá
(Alta Verapaz). La emisora se ha hecho eco de casos como el de la
lideresa q’eqchi y maestra de Educación Primaria, María Cuc Choc,
detenida el pasado 17 de enero en el municipio de Puerto Barrios
(Izabal) al salir de su centro de trabajo. Medios comunitarios
relacionan el arresto con el desalojo de los miembros de la Comunidad
Chaab’il Ch’ok –“tierra buena”, en idioma maya q’eqchi- de la finca
Santa Isabel (municipio de Livingston, Izabal) el pasado 30 de octubre.
La empresa Lisbal SA reclama la propiedad de las tierras. El 25 de enero
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de
Guatemala que protegiera “los derechos a la vida y la integridad” de
las familias indígenas. La resolución de la CIDH informa de que en el
desalojo de las 56 familias de la finca Santa Isabel intervinieron 1.800
agentes de la Policía Nacional Civil; apunta asimismo que, como
consecuencia de la actuación policial, se produjo la quema de viviendas,
tierras cultivadas y animales de granja.
La
activista y comunicadora de Totonicapán, Andrea Ixchíu, se presenta en
su cuenta de Twitter como “K’iche Rebelde!” Colabora en el periódico
Prensa Comunitaria de Guatemala, donde ha informado del incendio
sucedido el 13 de febrero en la Aldea Vásquez (Totonicapán), que arrasó
al menos 10 hectáreas de bosque comunal –las tareas de reforestación
podrían prolongarse una década, según los vecinos- y afectó a áreas
boscosas, animales, plantas y fuentes de agua. Después de 15 horas de
trabajos, miembros de la comunidad y guardabosques lograron controlar el
fuego. Andrea Ixchíu denunció que el gobierno de Guatemala eliminara en
julio de 2017 el Sistema Nacional para la Prevención y Control de
Incendios Forestales (SIPECIF); “desde entonces, ninguna de las
instituciones públicas relacionadas con el medio ambiente ha podido
apoyar a las comunidades”, explicó.
En otro artículo Ixchíu se
hizo eco de un caso de soborno, el de la constructora Odebrecht al
exministro de Comunicaciones y Vivienda de Guatemala y prófugo de la
justicia desde 2016, Alejandro Sinibaldi; el pago de 19 millones de
dólares sirvió para que la compañía brasileña resultara adjudicataria de
la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, iniciada en 2013 y
pendiente de finalización; según la documentación del Departamento de
Justicia de Estados Unidos, la empresa Odebrecht pagó sobornos por valor
de 788 millones de dólares en 12 países de América Latina y África.
La lideresa maya K’iche ha participado en el acto organizado por la ONG
Perifèries en Valencia. Parte de su experiencia remite a la Red
Tz’ikin, surgida en 2012 e integrada por comunicadores, productoras
independientes y grupos de vídeo comunitarios de los pueblos mayas.
Desde 2012 la Red Tz’ikin promueve anualmente la Muestra de Cine y Vídeo
en Defensa de la Vida y el Territorio. La sexta edición –septiembre y
octubre de 2017- tuvo lugar en más de una veintena de comunidades y
centros educativos de Guatemala. En la muestra se proyectaron –entre
otros audiovisuales- cortos de ficción producidos por la Red, como “Los
medios corporativos son…” (2014) y reportajes, por ejemplo “Masacre de
Samococh” (2016), sobre el asesinato de tres campesinos de la comunidad
Samococh (Chisec, Alta Verapaz) por parte de la Policía Nacional Civil
en agosto de 2014; o “Palma aceitera en Sayaxché” (2016), acerca del
impacto del citado cultivo sobre el municipio de Sayaxché (Petén), las
denuncias laborales y el ecocidio en el río La Pasión.
Además
Tz’ikin promueve, junto al resto de integrantes de la Coordinadora
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas
(CLACPI), el FicMayab’; este festival, que celebra la XIII edición entre
el dos y el 17 de octubre de 2018 en Guatemala, es el más relevante en
los géneros de ficción, documental, videoclip o animación entre las
poblaciones indígenas de América Latina. Una de las proyecciones
destacadas es el documental “Veinte años después” (2017), dirigido por
Anaïs Taracena y Rafael González, que recoge algunos testimonios de los
excombatientes en una guerra interna que terminó, en 1996, con un
balance de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y la firma de los
Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Guatemala y la guerrilla de la
URNC.
Otra iniciativa de la Red de realizadores independientes
es Tz’ikin Tevé, que comenzó a emitirse en 2015 por Internet y en
televisiones comunitarias; Andrea Ixchíu era una de las presentadoras de
“Claro y Pelado”, programa televisivo que abordó –entre otros
contenidos- los proyectos extractivistas y de hidroeléctricas en el
norte de Huehuetenango; la resistencia popular en los municipios de
Ixcán (Quiché), Uspantán (Quiché) y Cobán (Alta Verapaz) a la
construcción de la represa de Xalalá; y la lucha de las comunidades
q’eqchi contra la privatización de lugares sagrados como las piscinas de
Samuc Champey, en Alta Verapaz, convertidas en atracción turística.
Asimismo realizan talleres audiovisuales con organizaciones populares,
como los programados en octubre de 2017 en las comunidades Primavera, El
Porvenir, Rumor y Chactelá en el municipio de Ixcán (Quiché). Entre los
últimos vídeos de la Red Tz’ikin, destaca la cobertura el pasado 15 de
septiembre de las movilizaciones frente al Congreso de Guatemala contra
la reforma del Código Penal que eximía a los dirigentes de los partidos
políticos del delito de financiación irregular. Los movimientos sociales
calificaron estas modificaciones, revocadas por el Congreso un día
después de su aprobación, como “pacto de corruptos”.
Marixela Ramos participa desde hace 12 años en Radio Victoria de El
Salvador, donde empezó en el área educativa. Después de cinco años en el
equipo de coordinación, colabora en los informativos de esta emisora
nacida en 1993, que actualmente emite –en el 92.1 FM y por Internet-
desde Ciudad Victoria, en el departamento de Cabañas. Los orígenes de la
radio se sitúan en la Comunidad de Santa Marta (Victoria), cuando
refugiados de una guerra civil (1979-1991) que se saldó con 75.000
muertos, retornaron a finales de la década de los 80 del Campamento de
Mesa Grande, en Honduras.
Jóvenes entre 18 y 30 años de las
comunidades cercanas a Ciudad Victoria impulsan la radio; “la educación
popular es uno de los ejes de la emisora, a veces tenemos a grupos de 40
jóvenes formándose”, resalta la comunicadora. Componen la parrilla
programas como “Comunidad al día”, “De mujeres para mujeres”, “Sin
farsas” o “Conversando con la gente”. También un informativo –“En voz
alta”- que se emite a las 12,00 horas de lunes a viernes. Los jóvenes
comunicadores remiten, además, noticias locales a otras radios
comunitarias y al informativo de la Asociación de Radios y Programas
Participativos de El Salvador (ARPA).
La Red de Corresponsales
Comunitarios de Radio Victoria aporta contenidos al noticiero, a veces
con coberturas especiales; por ejemplo, con motivo de la llegada del
huracán Selma a El Salvador en octubre de 2017. Otro proyecto
identificativo de la emisora es “Radio Victoria camina a las
comunidades”; este mes de febrero los comunicadores populares visitaron
el caserío La Montaña, en el municipio de Ilobasco (Cabañas). Los
pobladores y líderes comunitarios expresaron las principales quejas, que
apuntan a la alcaldía de Ilobasco: el mal estado de la única vía de
acceso al caserío; el servicio de transporte insuficiente; la necesidad
de un proyecto de agua potable; la existencia de sólo un campo de fútbol
(privado) y la tala “indiscriminada” de árboles.
El Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cabañas (2016-2017) de la
Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) publica una
entrevista con Marixela Ramos. La activista explica que llegó a la
emisora a partir de una campaña educativa que planteaba investigar la
figura de monseñor Arnulfo Romero, asesinado en San Salvador por orden
del mayor Roberto d’Aubuisson en 1980. “Dentro de la radio fui
aprendiendo el valor de tener voz como mujer”, afirma. En 2009, tres
años después de entrar en Radio Victoria, se implicó en la lucha contra
la minería metálica. “Llegué al área de prensa por el exilio forzado de
la compañera Isabel Gámez”, apunta en la entrevista. Nunca había
redactado una nota de prensa, ni presentado un informativo. Pero
Marixela Ramos se atrevió, “empezó a sonar mi voz y las amenazas que
hasta entonces llegaban a Isabel, me llegaban a mí, por teléfono y al
correo”. En marzo de 2017 el Congreso de El Salvador aprobó una ley que
prohíbe las actividades de exploración y extracción de minería metálica,
tanto a cielo abierto como en el subsuelo. Sin embargo, la Mesa
Nacional frente a la Minería alerta de “posibles reformas de leyes o
derogación de artículos” que favorezcan a las empresas tras las
elecciones legislativas del próximo cuatro de marzo, informó Radio
Victoria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario