Prensa Rural
Se cumplen 10 años
del caso que destapó unos de los peores crímenes del Estado contra el
pueblo colombiano, los llamados desde entonces como Falsos Positivos. En
febrero de 2008 varios jóvenes del municipio de Soacha desaparecieron
desconociéndose su paradero. Fue hasta octubre de ese mismo año, cuando
aparecieron como “guerrilleros muertos en combate”.
Rubiela Giraldo, madre de Diego Armando Marín, narra cómo desapareció su hijo la semana del 6 de febrero de 2008:
“Diego
tendría hoy 31 añitos, a él se lo llevaron de 21 años (…) a Diego lo
llamaron a las 7:00 a.m. que había un trabajo, se arregló y se fue, y el
hermano lo vio salir, ya iba con el reclutador. Él salió con Daniel
Martínez, que fue el otro chico que mataron con él”. [1]
Igualmente,
María Sanabria, madre de Jaime Estiven Valencia Sanabria, dijo que hace
10 años a las 11 del día se llevaron a su niño de 16 años, al cual la
Brigada XV del Ejército Nacional engañó, secuestró, asesinó y luego hizo
pasar como “guerrillero muerto en combate”, en la época de la
tristemente célebre política de la Seguridad Democrática, del gobierno
de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Lo lamentable es que estos
fueron solo dos casos de las 5.265 vidas de jóvenes, hombres y mujeres
de procedencia humilde, que terminaron en ejecuciones extrajudiciales,
cometidas en Colombia entre los años 2002 y 2010 de acuerdo al Centro de
Investigación y Educación Popular (CINEP). En 2015, el Centro Nacional
de Memoria Histórica y Naciones Unidas registró un porcentaje de
impunidad del 95 por ciento en los casos de ejecuciones extrajudiciales
en el país. [2]
“Los resultados se miden en litros de sangre”
El
presidente Uribe prometió “exterminar la guerrilla en 18 meses”.
Ospina, su Ministro de Defensa, expidió la Directiva 29 de 2005, donde
ofreció 3 millones 800 mil pesos por el cadáver de cada guerrillero. Así
se originó la cacería de colombianos humildes e inocentes, por parte de
las Fuerzas Militares, para matarlos y presentarlos como “guerrilleros
muertos en combate”… matanza nombrada en Colombia, como Falsos
Positivos.
En los niveles medios y bajos del Ejército estatal, las órdenes fueron estas:
“Cada
comandante de Compañía me debe responder por un muerto en combate cada
mes y la Sección Segunda [B2: Inteligencia Militar] me debe responder
por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de
sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá
la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida”.
Estas
eran las órdenes que daba a sus tropas el teniente coronel Wilson
Ramírez Cedeño, en la Brigada XIV del Ejército, con sede en el municipio
de Puerto Berrío, Antioquia. Las cita el teniente que las recibió,
Edgar Iván Flórez Maestre, en una diligencia de queja presentada en
Medellín, a la Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de
2009. El teniente Flórez Maestre estaba siendo procesado por el
asesinato en estado de indefensión de un campesino inocente, en la
vereda Jabonal Alto, en Yondó, Antioquia, el 8 de julio de 2008.
Este
Falso Positivo demuestra cómo perpetraron miles de asesinatos bajo una
modalidad siniestra y por la que sus ideólogos y determinadores se
niegan a responder.
Impunidad al desnudo
Un informe
de la Corte Penal Internacional (CPI) de 2016, afirmó que la Fiscalía
sigue recibiendo casos de Falsos Positivos y que, según los datos
aportados por parte del gobierno de Colombia, a esa fecha había 817
sentencias condenatorias contra 961 miembros de las Fuerzas Armadas por
Falsos Positivos, y para julio de ese año, se investigaban 2.241 casos
de asesinatos extrajudiciales, con un total de 4.190 víctimas de estos
crímenes. Las condenas únicamente apuntan a miembros de las Fuerzas
Militares de rangos bajos y medios, dejando a un lado a generales y
altos mandos, quienes son los que orientan que “la guerra se mida en
litros de sangre” [3].
En julio de 2017 la Fiscal jefe de la CPI visitó a Colombia y expresó, que:
“Los
Falsos Positivos son crímenes de Lesa Humanidad, porque se trata de
asesinatos y desapariciones forzadas cometidos de manera sistemática
contra la población civil”.
En esa misma visita Fabricio Guariglia, Director de la División de enjuiciamiento de la CPI, manifestó, que:
“Las
investigaciones de la Justicia colombiana sobre los Falsos Positivos,
apenas llegan hasta los mandos intermedios de la cadena de mando”.
Tres casos de enero pasado
Esta
práctica sigue vigente como fue denunciado recientemente con la muerte
de dos cazadores en Arauca Luis y Miller Díaz López, indígenas de la
comunidad de Betoy, que fueron presentados como bajas al ELN por el
Ejército, el mes pasado. Y los falsos combates en Valdivia, Antioquia,
donde presentaron a una pobladora como cabecilla y a dos mototaxistas
como guerrilleros, y anunciaron unas bajas que nunca aparecieron. Y el
campesino Miguel Eduardo Parra, quien el 25 de enero fue asesinado por
el Ejército, el cual intentó hacerlo pasar por guerrillero, cuando en
realidad era líder campesino de la Asociación Municipal de Juntas de
Acción Comunal de Chitagá (Asojuntas), Santander. [4]
Crecen los Falsos Positivos Judiciales
Hoy
en día, muchos inocentes son criminalizados en los noticieros, y
seguidamente encarcelados y asesinados. Como son los casos de los Falsos
Positivos Judiciales, donde han encarcelado a líderes sociales y
estudiantiles acusándolos de pertenecer a la insurgencia, con pruebas
falsas o sin ninguna prueba como fue el caso de los 13 estudiantes
universitarios en 2015; y los ahora acusados por supuestamente
pertenecer al MRP. Los perfiles que tienen los estudiantes de
universidad pública, en muchos casos activistas y pensadores críticos,
se han vuelto el “chivo expiatorio” perfecto para el Estado.
Estas
prácticas se han hecho sistemáticas, y más aún en temporada electoral.
Presionan a militares y policías a mostrar un resultado positivo en
bajas y capturas. Inclusive, en otro caso, se llegó al punto de
encarcelar a varios líderes campesinos en el Sur de Bolívar solamente
con el argumento de “promover marchas contra el gobierno”. Esto es
claramente terror de Estado para impedir la movilización de la
población. Después de 8 meses en prisión, “el juez Primero penal del
Circuito de Cartagena, ordenó la libertad inmediata de Milena Quiroz y 5
líderes que habían sido retenidos en el Sur de Bolívar, debido a que no
existió una investigación seria por parte de la Fiscalía, que los
testimonios eran contradictorios y que este caso es asociado con los mal
llamados “Falsos Positivos Judiciales””. [5]
No
hay nada más peligroso que militares y policía buscando “resultados
positivos”, bajo presión de sus superiores jerárquicos. Aunque la mayor
parte de las muertes por Falsos Positivos se presentaron durante la
época de Seguridad Democrática de Uribe, esta modalidad operativa
persiste y se ha convertido en política de Estado.
Las grandes
empresas de comunicación se han encargado de ser jueces, y exigir
castigo, “mano dura” y persecución militar a la criminalidad, a la
insurgencia e incluso a la protesta social o cualquier tipo de oposición
política… pero se torna muda ante la impunidad de los crímenes
estatales, como los Falsos Positivos. ¿Hasta cuándo?
Notas
[4] Revista Insurreccion 618 / Artículo: Reaparece el fantasma de los falsos positivos http://eln-voces.com/index.php/voce...
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22745
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