Le Devoir
| Traducción del francés: Susana Merino |
Haití es uno
de los países más vulnerables del mundo al cambio climático y los
riesgos medioambientales que se derivan de la explotación minera son
extremadamente importantes, señala el autor.
Foto: Hector Retamal Agence France-Presse
Según la definición propuesta por Albert Memmi, “el racismo es la valoración generalizada y definitiva de las diferencias reales o imaginaria a beneficio del acusador y en detrimento de su víctima con el objeto de legitimar una agresión”. La agresión puede adoptar diferentes formas: en el ámbito de un país generalmente remite a la explotación económica.
La República de Haití acaba de ser recientemente objeto de un odioso
ataque por parte del presidente de los EEUU. No tardaron en aparecer
reacciones desde todas partes y continúan en el momento en que se
escriben estas líneas, pero ha llegado el momento de plantearse qué
forma adquiere o podría adquirir la agresión que anuncian o reflejan
estos insultos, proferidos por alguien conocido por ser un gran
estratega de la distracción.
Haití es un país exangüe, casi
bajo tutela, devastado por catástrofes naturales, incapaz de producir lo
necesario para alimentar a su población y que generalmente se encuentra
entre los últimos lugares de todos los indicadores económicos. Se
podría plantear la hipótesis de que lo que se anuncia es la explotación
de sus recursos mineros, un sector relativamente intacto hasta ahora.
Puede que no resulte ocioso recordar que El Salvador, otro país
mencionado por el presidente de los EEUU en su escatológico exabrupto,
prohibió el año pasado la explotación de la minería metálica en su
territorio.
El presidente estadounidense también mencionó de
manera generalizada a los países africanos. Hay muchas obrasque
denuncian el pillaje de los recursos mineros africanos, especialmente al
sur del Sáhara.Particularmente trágico es el caso del Congo-Kinshasa,
para quien las riquezas mineras parecen ser una verdadera calamidad. Sin
embargo, algunos creen que ciertos países deberían sentirse reconocidos
por ser explotados y no deberían rechazarloymenos aún negociar sea lo
que fuere.
Proyecto de ley
En julio de 2017,
unos meses después de que llegara al poder el actual presidente de
Haití, se presentó al senado de la República un proyecto de explotación
minera. Dicho proyecto debería ser analizado el el curso de la sesión
legislativa iniciada el 8 de enero de 2018. Es tal la opacidad de la
información referente a los recursos mineros del país y al texto de este
proyecto que el Congreso de los EEUU envió una carta al presidente del
senado haitiano el 20 de noviembre del 2017 incitándole a alentar la
realización de un debate público sobre el tema “teniendo en cuenta los riesgosimportares que supone la explotación minera para los derechos humanos y ambientales”.
Desde mediados de la década de 1970 varios estudios se han referido al
interesante potencial del subsuelo haitiano: petróleo y gas, oro,
iridio, etc. Sin embargo, la explotación de dicho potencial plantea
importantes cuestiones:
Haití es uno de los países más
vulnerables del mundo al cambio climático. Se halla atravesado por dos
importantes fallas sísmicas y situado en plena ruta de los huracanes
caribeños. Además, es un país densamente poblado, montañoso y muy
erosionado. Los riesgos que provocaría la explotación minera son
extremadamente importantes. Por ejemplo, las principales reservas de oro
se hallan situadas en cuencas densamente pobladas por agricultores, a
lo largo de la falla septentrional.
El Estado haitiano es un
Estado débil (y debilitado). Tiene el apoyo del Banco Mundial para
redactar el proyecto de ley sobre la minería, pero el análisis de una
versión preliminar de 2014 reveló grandes debilidades en el documento,
que sería inferiora los estándares internacionales, especialmente en lo
referido a la transparencia, a la evaluación y a la protección
ambiental, a la gestión del agua, al nivel de los impuestos y a la
recuperación de los sitios.
Es sabido que la corrupción y la
falta de transparencia son dos desafíos fundamentales a los que debe
hacer frente el Estado haitiano. Es también posible preguntarse si este
Estado dispone actualmente de suficientes medios como para defender
eficientemente los intereses de su población. Además, la casi exclusión
de las instituciones estatales en el caso humanitario de la
reconstrucción de Haití luego del seísmo del 2010 dio la señal de salida
para una verdadera carrera de las grandes empresas hacia el tesoro,
muchas veces con la complicidad de ciertos organismos llamados de ayuda.
¿Qué sucederá (o qué sucede) en un caso puramente económico, dominado
solamente por la lógica del lucro?
La torpeza de las
declaraciones del presidente estadounidense seguramente oculta un reto
importante. Tal hipótesis permite igualmente arrojar mayor luz sobre la
política haitiana de los últimos años, especialmente en lo referente a
la construcción de un consenso en el seno de la clase política y a los
esfuerzos realizados para silenciar a la prensa. Algo es cierto, sin
embargo: el tratamiento de este caso definirá la imagen de Haití al
menos para este siglo XXI.
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