Entrevista con la economista Katherine Aguirre Tobón
Análisis
Katherine Aguirre Tobón
La tregua a los delincuentes es un atajo político que no garantiza solución a la violencia letal
El Triángulo Norte de Centroamérica carga con el lastre de la región más violenta del mundo, fuera de los contextos de conflictos armados
No es normal vivir en los niveles de violencia actuales
Katherine Aguirre Tobón, economista colombiana, indicó que las políticas de mano dura implementadas para combatir la violencia en países de América Latina, no han alcanzado los objetivos esperados.
Lejos de ello dijo que éste tipo de medidas tienen elevados costos en violación a derechos humanos y delatan tanto debilidades institucionales como legados de gobiernos autoritarios.
En entrevista negó que la tregua a los delincuentes sea una vía recomendable para reducir la criminalidad, porque no garantiza resultados sostenidos a largo plazo ni ataca los factores estructurales que detonan el problema.
Katherine Aguirre Tobón se desempeña como investigadora del Instituto Igarapé de Brasil. Es experta en prevención de la violencia, acuerdos de paz y posconflicto, política de drogas y metodología de medición de la violencia. Cursó la maestría en Estudios del Desarrollo en el Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza. País donde trabajó también para el Small Arms Survey. Colaboró en el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y la Fundación Ideas para la Paz en Colombia. Su área de interés reciente ha girado en torno al estudio de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras.
¿Cuál ha sido su experiencia tras explorar el fenómeno de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica?
La llamada región del Triángulo Norte es la que ha cargado por años el lastre de ser nombrada como la más violenta del mundo, fuera de los contextos de conflictos armados. Estos países han alcanzado las tasas de homicidios más altas reportadas en los últimos años, como El Salvador que registró 103% en 2015; Honduras que tuvo 89 en 2011 ahora se encuentra en 48 y Guatemala con 46 en 2009 hoy tiene 26. Estos países en agregado registran reducciones de un 28% en sus indicadores con respecto al año pasado. Son 2,500 homicidios menos. Es una zona que tiene muchos retos con respecto a su desarrollo socioeconómico y la limitada capacidad del Estado para combatir y controlar la violencia, la cual se ha relacionado principalmente a las pandillas.
¿Qué lecciones se desprenden de la práctica del combate a la violencia en dicha región?
Cada país tiene sus particularidades, pero también cuentan con algunos factores en común. Los tres países han implementado diferentes estrategias de prevención de la violencia, promovidas en gran medida por los gobiernos locales, con la ayuda y/o participación de organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. Igualmente, han asumido estrategias basadas en el mantenimiento de la ley y el orden, que se han convertido rápidamente en medidas represivas y concretamente de mano dura.
Junto a la polémica política de línea dura adoptada por el gobierno de El Salvador, desde 2014 se lanzó el Plan “Salvador Seguro”, con el apoyo de la ONU, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y un Consejo Nacional, formado por diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil que se dedicaron a su elaboración. Ésta iniciativa de prevención que asciende a un monto de $2 mil millones de dólares, se enfoca en cuatro prioridades: la prevención de la violencia y la creación de empleo, la ampliación de la presencia estatal en 50 municipios priorizados, la mejora de la infraestructura carcelaria y la aplicación de los servicios para las víctimas de delitos. En este país, el presupuesto de seguridad pública aumentó de $120 millones en 2008 a $775 millones en 2014.
Por su parte, Honduras lanzó la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2011-2022) con el apoyo de Naciones Unidas. Esta política construida a partir del amplio patrocinio brindado por los Estados Unidos para fortalecer la investigación criminal y el trabajo con las comunidades, estableció un Consejo Nacional que ha definido prioridades y objetivos, en colaboración del Ministerio Público, el Poder Judicial y las instituciones encargadas de la seguridad. Desde su lanzamiento, el presupuesto de seguridad pública y justicia aumentó en un 50%. Adicionalmente, en 2016, el BID apoyó un importante programa de reforma policial, que ha tenido como resultado la destitución de miles de oficiales que no se encontraban calificados. Además, en contraste con El Salvador, Honduras ha tomado la decisión de cerrar cárceles que tenían problemas de malos manejos y administración.
En Guatemala, el gobierno puso en funcionamiento desde 2011 una estrategia llamada "Plan Pandillas", enfocado en la reducción de la violencia letal. La financiación para los sectores de seguridad y justicia se incrementó entre 2012 y 2016, destinando recursos a la modernización de la policía civil y los sistemas penales. Las autoridades guatemaltecas también se propusieron mejorar la coordinación entre los fiscales, la policía, el instituto de ciencias forenses y los tribunales con el objetivo de esclarecer los casos de homicidio y disminuir la impunidad. Además, el gobierno centró las intervenciones en los “puntos calientes” que concentraban homicidios y desplegó una nueva unidad antipandillas para abordar las situaciones más problemáticas.
En este contexto, ¿todo es válido cuando se trata de reducir el índice de homicidios?
Acompañando a las estrategias integrales, que incluyen un alto componente de prevención, en la región se han implementado medidas de mano dura. La proliferación de estas medidas se relaciona también con las debilidades institucionales (principalmente en las áreas de seguridad y justicia), así como el legado de gobiernos autoritarios. Los países tienen muchas presiones para reportar un menor número de homicidios, esto concretamente en el conteo de muertos. Estas presiones aumentan, por ejemplo, en periodos electorales. La reducción de los homicidios es la punta de lanza de muchas campañas electorales. Vemos entonces reducciones muy importantes de los homicidios; pero como en el caso de El Salvador, esto se ha logrado en gran parte, por la práctica de este enfoque de mano dura. Una criminalidad atomizada en pandillas, en ausencia de grandes capos de la droga ꟷa diferencia de Guatemala y Honduras, ha concentrado todo el poder de las fuerzas de seguridad del Estado en la persecución de estos grupos.
Esto ha derivado en la persecución y encarcelamiento, el señalamiento y estigmatización de cientos de miles de jóvenes salvadoreños, así como comunidades completas. En estos casos se evidencia el uso excesivo y deliberado de la fuerza por parte de la agencias de seguridad del Estado. En El Salvador, un hombre de 30 a 39 años tiene una tasa de homicidios casi 420 por cada 100 mil. Esto es una tasa 4 veces la de cualquier otro salvadoreño. No, no todo vale para reducción de las estadísticas de la violencia. Las medidas extraordinarias no justifican la política de seguridad implementada.
Las intervenciones basadas en el control y la persecución penal, más allá de tener unos elevados costos en violaciones de derechos humanos, no son sostenibles en el tiempo. No existe en la región evaluaciones de la efectividad de las políticas de orden público para reducir la violencia; sin embargo, si se sabe sobre el devastador impacto negativo de estas intervenciones.
La prensa internacional ha llamado la atención sobre las deplorables condiciones en que se encuentran las cárceles en El Salvador. ¿Cuál es su percepción de tal problemática?
En el marco de éstas estrategias, que se pueden nombrar como represivas, se han aplicado acciones, como las llamadas “medidas extraordinarias”, implementadas desde mediados de 2016. Tienen como fin el mantenimiento del orden y la ley; pero han llevado a casos extremos de hacinamiento en las cárceles. Aquí es donde se manifiesta la peor cara de las medidas extraordinarias. Presos que no han contado con visitas de familiares por más de dos años, limitadas consultas con abogados y condiciones infrahumanas. Incluso, se han registrado epidemias de tuberculosis: las cárceles cuentan con una tasa de esta enfermedad mucho más alta que el resto del país. El llamado a acabar con éstas disposiciones ha sido desde muchos sectores, por ejemplo, la Relatora de la ONU sobre Desplazamiento Forzado llamó la atención por las deplorables condiciones de los presos en las cárceles de El Salvador y las múltiples violaciones de los Derechos Humanos, pidiendo acabar con las medidas extraordinarias.
¿Qué opina de la tregua decretada entre pandillas en El Salvador?
La tregua implementada en 2011 sí tuvo un efecto inmediato, se logró asociar a la reducción de las tasas de criminalidad de 70 a 36% en 2011 y 2012. Sin embargo, dado que esto no atiende los factores estructurales de la violencia, es una solución de corto plazo e inestable. Efectivamente, cuando la tregua se rompió, los homicidios aumentaron a un nivel más alto, llegando al impresionante nivel de 105% en 2015. La tregua puede relacionarse con un atajo político, que más allá de todos los problemas éticos que plantea, no cuenta con ninguna estabilidad, lo cual quedó en claro al aumentar los homicidios en el año siguiente.
¿Los países del Triángulo Norte de Centroamérica continúan aportando un número significativo de migrantes hacia Estados Unidos?
Sí, los países del Triángulo Norte tienen altos niveles de migración a los Estados Unidos, relacionado con la falta de oportunidades, altos niveles de desigualdad y exclusión; lo cual provoca que las personas busquen mejores posibilidades de vida por fuera del país. Se espera que los altos niveles de violencia y el riesgo percibido y vivido sea también un importante factor expulsor. Se estima que más de 700 mil personas han sido desplazadas de la región en 2015 (Norwegian Refugee Council). Esto refleja la grave crisis de migración masiva.
¿Cómo se encuentra la economía de la región?
Es claro que estos países continúan con graves problemas socioeconómicos, principalmente en materia de desigualdad y exclusión social. En términos agregados, estos tres países cuentan con características que pueden también ser generalizadas a toda Latinoamérica: baja capacidad estatal, instituciones de seguridad y justicia inoperantes y grandes responsabilidades con respecto a complicidad con actores armados, altísimos niveles de impunidad y una permanente vulnerabilidad en poblaciones, especialmente las de los jóvenes. Lo que importa no es tanto el crecimiento económico, la inflación o el PIB, sino la reducción de la desigualdad y la exclusión.
¿Cuál es su balance de la guerra antidrogas?
Puedo afirmar que la estrategia basada en la guerra contra las drogas no tiene reportes de efectos positivos en la reducción de la violencia o en el tráfico de drogas. De hecho, muchas voces han alertado sobre el negativo impacto de la guerra contra las drogas, en generar el efecto contrario de aumentar la confrontación entre grupos de criminalidad organizada, así como entre estos grupos y los Estados. Esto también ha aumentado la criminalización de poblaciones en la región, principalmente de jóvenes.
¿Qué acciones de intervención recomienda para reducir la violencia?
Solo la fuerte intervención en prevención de la violencia, que aborde los factores estructurales –así como los factores de riesgo y los protectores- pueden ser los responsables de reducciones sostenidas y de largo plazo de la violencia. Esto también implica que la policía no solo se limite a perseguir criminales y sospechosos sino tener un comportamiento asertivo, basado en estrategias claras y un acercamiento a la comunidad. Menos visibles y con un menor impacto mediático.
El Salvador ha sido casa de miles de iniciativas de prevención, que abordan realidades complejas de su sociedad, incluyendo la urgente necesidad de considerar la impresionante exclusión de comunidades en especial de los jóvenes que no tienen acceso a puestos de trabajo o educación.
Por ejemplo, intervenciones focalizadas en el espacio y en poblaciones específicas pueden tener un potente efecto sostenido en la reducción de la violencia. Otras, como la disuasión focalizada y la terapia cognitiva conductual, abordan factores de autocontrol y manejo de la ira y para reducir la propensión al crimen y la reincidencia.
Esta es la oportunidad para proponer esquemas equilibrados: políticamente viables y eventualmente efectivos. Hay que abandonar la idea de que políticas de mantenimiento del orden público son contrarias a la prevención. Pueden hacerse políticas integrales, donde la policía esté activamente involucrada en la prevención –y a esto no me refiero a actividades recreativas- sino en dejar del lado el papel netamente interdictivo y de control de la fuerza pública. Esto implica el fortalecimiento de las capacidades institucionales para que puedan implementar las políticas de seguridad, así como las políticas sociales requeridas.
¿Cómo funciona el ‘Monitor de homicidios’ del Instituto Igarapé?
El Monitor de Homicidios es la base de datos más completa sobre asesinatos en el mundo disponible públicamente. La base de datos se presenta en una visualización interactiva, la cual muestra distribución, dimensiones y dinámica de la violencia homicida. Se cuenta con datos de homicidios por sexo, edad, tipo de arma, así como la desagregación por departamentos (estados) y las ciudades más grandes. Es la base de datos de homicidios más actualizada del mundo, a la fecha ya cuenta con la actualización a 2017 de un gran número de países. ( https://homicide.igarape.org.br ).
¿Qué opina de la campaña ‘Instinto de Vida’, que pretende reducir la tasa de homicidios en América Latina?
Es una campaña muy importante, ya que pone en la discusión y el debate público la necesidad de pensar en los altos niveles de violencia y la prioridad de reducir los homicidios. Este debate se está dando en muchos espacios, incluyendo en los alcaldes y gobernadores, la sociedad civil y los medios, entre otros. Es necesario resaltar que no es normal vivir en los niveles de violencia actuales. Se nos hace normal porque lo hemos vivido por demasiado tiempo. Pero también es importante pensar que estos homicidios se pueden reducir. Existen estrategias implementadas en muchos lugares que demuestran que es posible reducir la violencia.
Genaro Rodríguez Navarrete
Periodista. Ciudad de México.
https://www.alainet.org/es/articulo/191046
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