Considerando las decisiones y
acciones del gobierno estadounidense de Donald Trump y algunas
tendencias que trascienden al cambio de gobierno en materia de
relaciones entre EE. UU. y América Latina y el Caribe (ALC), a
continuación se presentan de modo esquemático algunos escenarios y
perspectivas para 2019-2020 en lo relativo a los temas de mayor
importancia o conflictividad en estas relaciones.
EE. UU. y las relaciones comerciales con América Latina TLCAN
Escenario 1
La firma del nuevo TLCAN, el USMCA, en
el que todos los países ceden en parte a sus exigencias iniciales,
supone una victoria a varias bandas. Por un lado, Trump gana porque
presenta como victoria un cambio de siglas que quizás no tiene tanto de
distinto en su contenido. Por su parte, México y Canadá también ganan
porque siguen vinculados al intercambio comercial con EEUU. En el caso
de Canadá, sin tener que hacer concesiones sustanciales en la realidad.
Pero, en el caso de México, aceptando condiciones que modifican su
estructura manufacturera, sobre todo en el sector automotriz, en
beneficio del empresariado estadounidense. Este escenario beneficia a
Donald Trump de cara a su electorado pero podría no convencer a los
sectores demócratas y republicanos que lean el USMCA como una victoria
del “proteccionismo” Trump.
Escenario 2
El USMCA no es aprobado por el nuevo
Congreso de EE. UU. resultado de las elecciones intermedias de noviembre
y la “modernización” del TLCAN queda en el aire. Se mantiene el TLCAN
tal y como existía hasta la fecha, lo que refuerza a Trudeau y a López
Obrador ante sus respectivos electorados. Trump se muestra incapaz de
concretar sus propuestas por las oposiciones internas lo que debilita su
posición y su margen de maniobra en otros asuntos.
Promoción de la democracia y los DD. HH.
Escenario 1
EE. UU. continúa su estrategia de “acoso
y derribo” al Gobierno venezolano, forzando la intervención militar
bajo la excusa de la “crisis humanitaria” provocada por la conjunción de
la crisis económica y la crisis migratoria. La salida de venezolanos a
terceros países se utiliza para involucrar a los gobiernos de estos
países (Colombia, Ecuador, Brasil) en una eventual intervención militar
de tipo “humanitario” que se haría bajo paraguas de la OTAN y legitimada
por el Grupo de Lima y la OEA (ante la paralización del contrapeso de
la UNASUR y la CELAC). El panorama se complejiza aún más con la victoria
de Jair Bolsonaro en Brasil, cuyo canciller ha declarado que no
descarta una posible intervención militar en Venezuela. Si no hay
intervención directa, se podría imponer un bloqueo abierto a la economía
venezolana, incluyendo el fin de los intercambios petroleros. EE. UU.
presionará al resto de países para que secunden el aislamiento a
Venezuela en sus relaciones bilaterales. La presión sobre Venezuela
impactará en la geopolítica regional, poniendo en una situación difícil a
Cuba, Bolivia y también Nicaragua. En el primer caso, se deterioran
todavía más las relaciones EE. UU.-Cuba. En el segundo, crecerá la
presión para impedir la reelección de Evo Morales. En el tercero, se
podrían agudizar las presiones para derrocar al gobierno nicaragüense,
unido a la reciente aprobación de la “Nica Act”, bajo la excusa de una
supuesta “ola democratizadora” regional.
Escenario 2
La llegada de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) a la Presidencia de México congela el accionar del Grupo
de Lima y debilita el consenso regional para intervenir en Venezuela. El
resultado es el mantenimiento de la situación actual por la incapacidad
para legitimar entre los gobiernos latinoamericanos una intervención
armada que derroque al Gobierno de Nicolás Maduro. Su estabilidad
permite ciertos equilibrios regionales que ayudan a reagrupar fuerzas
para la izquierda continental y, tal vez, volver a activar la CELAC,
ante la imposibilidad de reavivar UNASUR tras la salida de Colombia.
Esto sería factible en caso de que en 2019 fuerzas progresistas retornen
al Gobierno argentino y que en Bolivia sea reelecto el MAS (Bolivia
tiene un importantísimo peso simbólico en los procesos de cambio del
siglo XXI). Sin embargo, se mantienen las sanciones económicas al
Gobierno y distintos funcionarios venezolanos, así como la presión de think tanks conservadores y progresistas por la “democratización” de Venezuela.
Escenario 3
Sectores del establishment
estadounidense inician aproximaciones al Gobierno venezolano para
distender la relación en la lógica de facilitar los intercambios
comerciales y empujar al Gobierno de Maduro hacia las posiciones
estadounidenses a través del Grupo de Boston. Tras la visita del senador
Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
siguen los contactos bilaterales (públicos y privados) que, unidos a la
mediación internacional de Zapatero y compañía, evitan la intervención
militar directa en Venezuela. Ello se produce también por la presión que
ejerce en EE. UU. la inexistencia de un consenso latinoamericano que
apueste por la intervención abierta en el país. El resto de países no
puede secundar esta opción porque supondría un riesgo para la soberanía
del conjunto de ALC.
Diplomacia
Escenario 1
La falta de estabilidad en el Departamento de Estado, por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Deep State, socava la capacidad de acción de la diplomacia estadounidense en ALC. Esta tensión se resuelve con un impeachment al presidente Donald Trump que pone fin a su administración y vuelve la política exterior al control del Deep State.
Esto podría suponer una vuelta al proceso de “normalización” de las
relaciones entre EE. UU. y Cuba, y el desplazamiento de los asesores que
abogan por mantener la línea dura hacia Cuba.
Escenario 2
Se mantienen las disputas entre el sector del establishment
que quiere continuar la expansión económica por ALC y el Ejecutivo de
EE. UU., al que perciben como un escollo por sus declaraciones públicas,
para poder realizar dicha expansión. Sin embargo, Trump logra
mantenerse en la presidencia hasta el fin de su mandato con una
agresividad en el discurso que puede ser llevada más allá de la retórica
por la presión de sus asesores más belicistas, como John Bolton y otros
actores en la sombra, algunos de ellos vinculados al “lobby”
anticastrista.
Con mayoría en el Senado, Trump podría
persistir en su agenda de relaciones exteriores, aunque fiscalizada
permanentemente por los demócratas. La Presidencia de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado podría ser asumida por el republicano
Jim Risch, uno de los senadores “más ambiguos”, que no ha demostrado
interés en cuestionar el Gobierno de Trump y que tampoco se ha
especializado en política exterior. Éste parece no tener la trayectoria
para liderar la oposición a la agenda de Trump, como sí lo hizo en su
momento Bob Corker, pragmático y abierto a negociaciones bipartidistas
quien apoyó la ley de sanciones a Rusia por supuesta injerencia en las
elecciones de 2016 (claramente en contra de Trump) y realizó un viaje a
Venezuela para una posible negociación.
Otra posibilidad es que Marco Rubio
asuma las relaciones exteriores, lo que podría establecer una alianza
con el demócrata Robert Menéndez para apuntalar las políticas contra
Cuba y Venezuela. En ese caso se incrementaría la retórica antimigrante y
ultranacionalista (independientemente del rumbo de la retórica Trump),
dificultando las relaciones “cordiales” con los países de la región e
incrementando la incertidumbre cuando esta actitud de confrontación
“choque” o se contradiga con políticas económicas (de mediana duración)
que indican relaciones estrechas entre EE. UU. y ALC (incluso con
aquellos gobiernos “no aliados” como Nicaragua, por ejemplo).
Elecciones legislativas en EE. UU. y la política exterior
En las recientes elecciones del 6 de
noviembre los demócratas ganaron mayoría en la Cámara de Representantes y
los republicanos conservaron la mayoría en el Senado. Se estiman los
siguientes escenarios y perspectivas en toma de decisión que incumbe a
ALC de modo directo o indirecto:
- En política exterior el contrapeso que podrán hacer los demócratas
no es nada desdeñable, pero no siempre será definitivo debido a la
presencia de una mayoría republicana en el Congreso y, especialmente, a
que el presidente puede recurrir a órdenes y acciones ejecutivas para
decidir y operar rápidamente con respecto a temas clave.
- Eliot Engel, podría asumir la Presidencia del Comité de Asuntos
Exteriores de la Cámara de Representantes. De cumplirse su asunción,
presionará en contra de la política migratoria de Trump (afirma que, en
vez de restringir la migración, EE. UU. debe reducir el tráfico de
drogas, aumentar la seguridad, la cooperación económica y ayudar a
resolver las crisis económicas en la región). Además presionaría para
profundizar las investigaciones sobre el “intervencionismo ruso” en los
comicios.
- Desde la Cámara Baja los demócratas harán mayor presión para
investigar los supuestos lazos de Trump con Rusia. Esto impactaría en
cuestiones geopolíticas fundamentales, promoviendo un enfrentamiento
directo cada vez “más real” (que la retórica de Trump) con el Gobierno
de Vladimir Putin. Asimismo, se activará el control constitucional para
aumentar la fiscalización de las políticas del presidente
norteamericano.
- Otra de las iniciativas de la Cámara Baja será el intento de
bloquear la agenda migratoria de Trump. Hasta ahora, pese a la fuerte
retórica antimigrante y los episodios críticos de los últimos meses,
existe rechazo a las propuestas de reforma migratoria en el Congreso,
aún por parte de representantes republicanos. De seguir adelante con la
política de mano dura, y considerando que la presencia de aliados clave
de Trump en el Senado no sea suficiente, podría fragmentarse la bancada
republicana por falta de consenso (esto sería un antecedente a favor de
un impeachment y/o para quitarle apoyo para próximas
elecciones). No obstante, puede ocurrir lo opuesto: que debido al
triunfo de los demócratas en la Cámara, los republicanos refuercen su
unidad -dejando las diferencias a un lado- bajo el liderazgo de Trump.
- La Cámara podrá bloquear proyectos de ley de gasto militar (recordar
que el Congreso es el encargado de rechazar, aprobar o modificar
presupuestos anuales).
- Se prevé un avance en la judicialización de la política en EE. UU. para lograr el impeachment contra Trump. Aunque con mayoría en la Cámara de Representantes, para llevar a cabo un impeachment
los demócratas necesitarían del apoyo de una parte de la bancada
republicana, lo que parece más difícil con un Senado de mayoría
republicana y con varios aliados directos de Trump.
- Aún cuando por este u otro motivo no logren enjuiciar al presidente,
el hecho de que se avance enérgicamente en este sentido sentaría un
precedente para América Latina con un mensaje potente: se puede expulsar
del poder a un presidente conservador de derecha. Esto sería impulsado a
través de medios como The New York Times, The Washington Post,
redes sociales, etc. que hacen campaña contra Trump desde las
elecciones de 2016. Estos mismos medios que, junto con el gobierno de
EE. UU. cumplieron un importante rol en la legitimación de la
judicialización de la política contra gobiernos progresistas, podrían
cumplir ahora un rol similar frente a gobiernos conservadores de
derecha, tales como el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, Jimmy
Morales en Guatemala o Juan Orlando Hernández en Honduras.
- Las elecciones mostraron el avance del ala progresista de los
demócratas, simbolizada por la joven diputada Alexandria Ocasio-Cortez,
quien viene creciendo en los últimos tres años en una suerte de “efecto
Sanders”. La congresista por primera pone un contrapeso al establishment
del partido y se autodenomina como “progresista”. El triunfo demócrata
en general y la posibilidad del avance progresista en particular,
abrirían un escenario en el cual desde EE. UU. se promueva un rechazo
(en el ámbito de la política formal, medios y redes sociales) a la
derecha conservadora y su forma de gobierno. Esto podría impactar en la
formación de opinión pública en ALC en contra de políticos o sectores de
derecha o conservadores (aunque no necesariamente implique en un apoyo
directo a sectores progresistas).
- En síntesis: con el triunfo de los republicanos en el Senado y los
indicadores económicos positivos de las medidas proteccionistas, es
probable que Trump busque apuntalar el America First
persistiendo, por ejemplo, en una política exterior de confrontación
(aunque abierta a acuerdos) y una política interna de mano dura contra
la migración. Esto alimentará la polarización política y social
visualizada en las elecciones legislativas y presionará a los demócratas
a inclinarse hacia políticas más progresistas para marcar la
diferencia.
EE. UU. y la migración latinoamericana
La caravana de migrantes
centroamericanos empezó hace dos meses con 160 pioneros en San Pedro
Sula (Honduras) y llegó a sumar más de 6.000 migrantes provenientes en
su mayoría de Honduras y Guatemala. Este hecho coincidió con las
elecciones legislativas y fue utilizada como tema de campaña de Trump
quién advirtió en diversas ocasiones que se trataba de una “invasión
extranjera”. Con o sin muro, la tendencia más probable es que el
Ejecutivo busque nuevas formas de criminalizar a los migrantes, separar
familias, limitar las solicitudes de asilo y militarizar las fronteras.
- Aunque los cruces fronterizos ilegales hayan disminuido
significativamente desde sus máximos históricos en los primeros años del
siglo XXI (en 2000 más de 1.6 millones de cruces fronterizos ilegales
fueron detenidos, en 2001 la cifra fue de 1.3 millones), según
estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza 396.579 personas
indocumentadas fueron detenidas luego de ingresar ilegalmente al país en
2018. Asimismo, se ha registrado un aumento en los últimos meses -en su
mayoría de familias con hijos-, un total de 16.658 personas tan solo en
el mes de septiembre.
- Trump ha limitado el número diario de solicitudes de asilo en la
frontera (el sistema fue instituido por el gobierno de Barack Obama en
2016 para responder a los miles de inmigrantes haitianos). La cantidad
de migrantes que buscaron asilo en la frontera suroeste aumentó en casi
un 70% entre 2017 y 2018. En la actualidad, más de cinco mil migrantes
están en la lista, lo que significa una espera de dos meses o incluso
más.
La caravana ha servido de excusa para
profundizar la militarización en la frontera y es probable que se
mantenga esta tendencia. Desde el 25 de octubre fueron desplegados casi
6.000 soldados para ejecutar tareas de asistencia y apoyo a la Border Patrol.
Si bien el término de la misión estaba previsto originalmente para el
15 de diciembre, el secretario de Defensa, James Mattis, autorizó la
extensión hasta el 31 de enero de 2019. En los hechos, los soldados no
tienen la potestad para hacer cumplir las leyes migratorias ya que eso
contraviene la Ley Posse Comitatus de 1878.
Pese a las amenazas de Trump, es poco
probable que se interrumpa la asistencia a los países del Triángulo
Norte de Centroamérica de los cuales provienen la mayoría de los
migrantes. El recorte propuesto por Trump no fue aprobado por el
Congreso, donde puede persistir el consenso bicameral respecto de la
necesidad (y funcionalidad) de la ayuda, que incluye asistencia para las
fuerzas policiales y militares, la seguridad fronteriza, reforma
policial y en los sistemas de justicia. Asimismo, la mayoría demócrata
en la Cámara de Representantes presionará por el mantenimiento de la
asistencia en temas como seguridad alimentaria, desarrollo rural,
esfuerzos anticorrupción e iniciativas por parte de la sociedad civil de
prevención a la violencia.
En caso de que la asistencia económica y
militar estadounidense siga fluyendo por los mismos canales y programas
con los que viene operando en las últimas décadas, no se garantizará la
disminución de la migración ni se generarán los cambios estructurales
necesarios para disminuir los flujos. Sin embargo, se abre un nuevo
escenario a partir del gobierno de Trump.
A nivel interno, la persistencia de una
política de mano dura contra la migración generará mayor polarización en
la sociedad estadounidense y Trump seguirá utilizando el “problema”
migratorio como arma política para justificar su postura
conservadora-nacionalista. A nivel regional, esta política de mano dura
presiona al gobierno de AMLO a posicionarse como líder en una salida a
la crisis migratoria que apunte a resolver las cuestiones estructurales
que la generan. Esta posibilidad se apuntala considerando que el
gobierno de Trump ha manifestado su acuerdo y apoyo a la propuesta de
AMLO.
EE. UU. y la seguridad en América Latina
Escenario 1
Se prevé un reforzamiento de las
relaciones de las fuerzas de seguridad de América Latina con las fuerzas
armadas y el complejo industrial militar estadounidense para los
próximos años. En países como Argentina, Brasil y Ecuador, se percibe
una rápida reversión de procesos en cuanto a la preservación de la
soberanía. A su vez, en países como Chile, Colombia y Perú se trata de
actualizar el tradicional alineamiento a la doctrina de seguridad
estadounidense.
En Brasil, estos vínculos han sido
profundizados por el gobierno ilegítimo de Temer y se vaticina su máxima
expresión con el nuevo gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro (de
trayectoria militar) incluida la posible concreción de un acuerdo para
la utilización de la base aeroespacial de Alcántara por parte de EE. UU.
El gasto militar de la región seguirá en
ascenso en México y Colombia a lo que se suman Argentina y Brasil, que
han aumentado sus compras a EE. UU. Por su parte, Venezuela, Cuba y
Bolivia también renuevan su equipo militar con compras a Rusia.
Finalmente, Colombia, Argentina, Chile y
Brasil renovarán sus sistemas de ciberseguridad y para ello es probable
que sigan recurriendo a las empresas de EE. UU. e Israel.
Escenario 2
Se espera que el gasto militar en México
se modifique debido a la llegada de AMLO, quien plantea una política
anti-narcóticos no centrada en la militarización. Aunque el panorama
parece adverso al triunfo de sectores progresistas en las próximas
elecciones en Argentina, en caso de una derrota de la derecha el
acercamiento a EE. UU. podría ser menos intenso y reemplazado por
vínculos con China, Rusia y países de la Unión Europea para la provisión
de armas y servicios de seguridad. De mantenerse el MAS en el gobierno
Bolivia, seguirá apostando en la cooperación militar con China y Rusia.
Presencia de las FF. AA. de EE. UU. en América Latina 2019
La retirada de tropas estadounidenses de
Siria y Afganistán, así como la renuncia del secretario de Defensa, Jim
Mattis (reemplazado por Patrick Shanahan, de larga carrera en la
empresa de armas Boeing), sumado a las críticas de Trump contra
organismos internacionales como la OTAN, ha llevado a elaborar hipótesis
sobre la deriva aislacionista de EE. UU. Esto se combina, sin embargo,
con un aumento de la producción de armas en plena competencia con China y
Rusia. Así, la retirada de tropas podría ir acompañada de una mayor
presencia de empresas (como Academi), privatizando aún más la guerra. A
su vez, intentará tercerizarla, valiéndose de otros países (por ejemplo,
el rol protagónico de Colombia frente a las tensiones con Venezuela o
el incremento en la venta de armas a Japón ante la “amenaza” de Corea
del Norte). Del mismo modo, persistiría la presencia militar menos
costosa en espacios geopolíticos clave y útiles para garantizar mercado
para productos del complejo industrial militar de EE. UU. Esa parece ser
la estrategia en la región.
Escenario 1
Se prevé una mayor presencia de las
fuerzas armadas estadounidenses en el continente (incluido despliegue de
tropas en ejercicios militares conjuntos), en virtud de la guerra
contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, los “desastres
naturales”, las “crisis humanitarias” y debido a la amenaza para la
seguridad (estadounidense) que implica la presencia comercial china y
rusa en el continente. Algunos ejercicios militares que se llevarán a
cabo en 2019 son:
- Ejercicio conjunto Fuerzas Comando en Chile, auspiciado por el
Comando Sur de Estados Unidos y bajo la dirección del Comando de
Operaciones Especiales Sur que tiene como objetivo fortalecer la
cooperación regional, la confianza y la colaboración entre las FF. AA.
de los países miembros.
- Continuará el ejercicio Lanza del Sur entre Perú, Colombia y
EE.UU., cuya primera fase fue un juego de guerra contra el terrorismo y
el narcotráfico realizado en Homestead, Florida (agosto 2018). La
ejecución del ejercicio real en 2019 implicará en el despliegue de
flotas y fuerzas en una zona de frontera entre Perú y Colombia.
- Ejercicio Fuerzas Aliadas Humanitarias (FAHUM-2019) en
República Dominicana, cuyo objetivo es sincronizar operaciones
regionales de asistencia humanitaria y de respuesta a desastre
naturales.
- Se espera que países como Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia y
Ecuador sigan participando de estos ejercicios militares, estrechando
vínculos con EE. UU.
Escenario 2
De llegar al Gobierno fuerzas
progresistas en Argentina podría cambiar el modo y asiduidad en la
participación de este país clave para la región, de cara a la
implementación de políticas tendientes a recuperar la soberanía en
términos geopolíticos y geoestratégicos, y cuestionando la política de
seguridad hemisférica de EE. UU. de la mano de un gobierno relevante
como el mexicano.
China en América Latina y fuerzas de seguridad de EE. UU.
La guerra comercial con China expresa
uno de los desafíos planteados por el Comando Sur (Estrategia del Teatro
2017-2027) y en la Estrategia de Defensa Nacional 2018, donde se
cataloga a China como un “depredador” de la región. Las bases chinas
(militares o espaciales) en países como Nicaragua, El Salvador, Bolivia,
Venezuela y Argentina aparecen como correlato militar de la “guerra
comercial”. China y Rusia disputan la hegemonía de EE. UU. en diplomacia
y posicionamientos geopolíticos en torno a diversos conflictos
(incluido el caso de Venezuela).
Se espera que EE. UU. siga una política
de “defensa de la soberanía regional” (en clave de Doctrina Monroe)
frente a las inversiones chinas y proyectos de infraestructura. Brasil,
Chile y Perú tienen a China como su principal socio comercial pero su
principal socio militar seguirá siendo EE. UU. y es probable que ambas
tendencias continúen.
Será clave el contrapeso de Rusia y
China en la correlación de fuerzas. En el caso de Rusia, ya se están
produciendo declaraciones y movimientos militares en la coyuntura de la
actual crisis en Venezuela frente a la amenaza de “intervención
directa” por parte de EE. UU. También habría que estar atento al modo en
que pueda aparecer China en la coyuntura electoral boliviana.
Recursos estratégicos y empresas de EE. UU.
Escenario 1
En 2019 EE.UU. será por primera vez exportador de hidrocarburos (gas shale),
en lugar de importador. Esto afectará a la geopolítica regional y
mundial ya que América Latina es un mercado clave para el gas shale de EE. UU.
Persiste desde EE. UU. el impulso de la “integración energética latinoamericana”, mediante la estrategia Connecting Americas 2022
poniendo énfasis en la energía eléctrica y el gas. Esto se combina con
una mayor presión para avanzar aún más en la apertura (privatización) de
empresas energéticas estatales como PEMEX, YPF y PETROBRAS. El panorama
puede cambiar según se definan las elecciones en Bolivia y Argentina en
2019.
El posicionamiento del nuevo gobierno en
México será clave, no solo en materia de hidrocarburos sino también en
el plano industrial y comercial, atado al destino del USMCA. Por el
momento, la relación con el gabinete de AMLO es cordial. Sin embargo,
desde el Congreso de EE. UU., uno de los bastiones antiprogresistas de
mayor duración y calado en la política exterior estadounidense, se
alerta sobre la “inexperiencia” del que será responsable de PEMEX, de
las políticas en torno a los energéticos y de la incertidumbre
(calificación negativa) que genera el gobierno entrante. El tema
energético ha sido decisivo en las relaciones México-EE. UU., cualquier
movimiento sustancial de la reforma energética puede tener consecuencias
graves en la relación bilateral, desde presión económica, cancelación
del USMCA y/o demandas millonarias.
El rol que asuma Ecuador, hasta el
momento cada vez más alineado a las políticas económicas y de seguridad
de EE. UU., podría ser de gran importancia.
Escenario 2
El nuevo gobierno electo en México
expresó su intención de fortalecer a PEMEX y la industria petroquímica
aunque por ahora sin modificar ni cancelar la reforma energética
ratificada en el USMCA. Una potencial revitalización de PEMEX podría
constituir la punta de lanza en la recuperación de soberanía en materia
de hidrocarburos en caso de una derrota de la derecha en los próximos
comicios de Argentinos y la continuidad del MAS en el gobierno
boliviano.
Relación México –EE. UU. con el Gobierno de AMLO
El cambio de gobierno en México implica
cambios en la política exterior mexicana de los últimos sexenios. Sin
embargo, los problemas bilaterales siguen siendo, a grandes rasgos, los
mismos: migración, narcotráfico y seguridad, energéticos y comercio
(USMCA). El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, se ha reunido
ya con Mike Pompeo y Kirstjen Nielsen, mostrando “buena predisposición”.
Como subsecretario de América del Norte estará Jesús Seade, quien
estuvo a cargo de la renegociación del TLCAN.
Desde mayo hasta diciembre de 2018 la
Embajada de EE. UU. en México no tiene titular. Tras la renuncia de
Roberta Jacobson no hay embajador. Uno de los candidatos es Christopher
Landau, quien podría haber ocupado el cargo de juez federal en su país
aunque, finalmente, el puesto le fue asignado a Kavanaugh dado que
Landau carece de experiencia diplomática.
Es de esperar que las relaciones no
sean tensas y, a pesar de que hasta la fecha no ha habido grandes
desestabilizaciones, es probable que persista la “incertidumbre” que ya
forma parte del modo de gobernar de Trump. Por su parte, México parece
volver a la Doctrina Estrada de no injerencia en los asuntos de
terceros países. Esto implicaría que la política exterior de México no
podría instrumentalizarse para condenar a determinados países que no son
del agrado de EE. UU. ni bilateralmente ni en el marco de instancias
multilaterales como la OEA. Entre otras cosas, esto impediría un
pronunciamiento de México en contra de Venezuela, debilitando así al
Grupo Lima.
Migración
El nuevo gobierno mexicano ha declarado
que no pagará por la construcción del muro y que se hará política
pública para dar opciones a los migrantes y detener la migración en su
lugar de origen. Para ello, se ha propuesto una reunión entre México, El
Salvador, Honduras y Guatemala a los fines de crear un plan conjunto de
desarrollo, al cual también se invitó a Canadá y Estados Unidos. La
apuesta del gobierno de AMLO es crear condiciones de desarrollo
socioeconómico y contar con el apoyo de EE. UU. Así, el gobierno
mexicano podría perfilarse como líder de la región norte y
centroamericana para dar salida a la crisis migratoria.
Narcotráfico-seguridad
Si bien el nuevo gobierno ha destacado
el interés por desmilitarizar la guerra contra el narcotráfico, habrá
que atender hacia dónde se canalizan los recursos de la Iniciativa Mérida
destinados a la guerra contra el narcotráfico que en los últimos años
ha disminuido. Algo similar ocurre con los convenios de inteligencia,
pues en los últimos dos sexenios se firmaron acuerdos de largo alcance
para compartir información de ciudadanos mexicanos con las principales
agencias de seguridad de EE. UU. (CIA, DEA, FBI, NSA), además de su
presencia en el país. En el último informe del Congressional Research Service se deslizan dudas respecto a que el gobierno de AMLO continúe con la agenda estadounidense contra el narcotráfico.
Energéticos
Se trata de un tema controversial en las
relaciones bilaterales. El nuevo gobierno anunció que no modificará la
reforma energética, la cual ya fue incorporada al nuevo TLCAN, pero sí
se revisarán los contratos ya firmados. Se pretende fortalecer a PEMEX y
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual dio marcha atrás a
las licitaciones de generación eléctrica y será la CFE quien realice
esta actividad. El gobierno de EE. UU. tiene reservas respecto a la
política energética de AMLO, pero espera poder trabajar siempre y cuando
no se modifique la reforma.
Comercio (USMCA)
La nueva composición del Congreso de EE.
UU. y un Parlamento en México con mayoría relativa de MORENA (partido
del nuevo presidente) pueden poner trabas para la aprobación del USMCA.
Es previsible que se alargue la ratificación ya sea por los tiempos
legislativos o por modificaciones futuras. En el caso de México, el
USMCA alteró las reglas de origen del sector automotriz y tendrá
repercusiones en las cadenas de valor de ambos países. López Obrador
deberá proyectar alternativas e incluso dar pasos hacia una mayor
diversificación de la composición y rumbo de las exportaciones.
