Revista Insurrección
La infografía de la
Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa (ACPA) muestra el nombre de
la víctima, la fecha y la presunta autoría de los 22 asesinatos
cometidos contra miembros de las FARC que entregaron sus armas, o sus
familiares directos, en lo que va de 2017. El trabajo recoge datos
suministrados por la Comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica y
por IDEPAZ. Se difundió el pasado lunes 14 de agosto, pero ya queda
desactualizado. Tres días después de que el informe se hiciera público
fue asesinado Brutney Alfonso Ávila, conocido en las FARC como Chonchón,
en cercanías de la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN)
´Martín Villa´ de Arauca; le dispararon reiteradas veces desde una
motocicleta.
Los crímenes contra líderes y lideresas sociales, comunitarios o de derechos humanos, sumados a estos asesinatos de guerrilleros que se acogieron a los acuerdos de Paz, prefiguran un potencial nuevo genocidio contra quienes se muestren críticos del sistema sin importar que sean liderazgos pacíficos, desarmados. Ya no alcanza con señalar la probada sistematicidad de esas agresiones (Ver nota “Asesinato de líderes rurales se incrementa y es sistemático, afirma observatorio de tierras”, en Insurrección del 31 de julio: https://goo.gl/j9XKMK )
En el primer semestre de 2017 los asesinatos de líderes comunitarios se incrementaron 31 por ciento respecto a igual período del año anterior, según documenta el informe de la organización de derechos humanos “Somos Defensores”. En los últimos diez días, tres nuevos casos se sumaron a los ya mencionados de miembros de las FARC: el viernes 11 fue asesinado Fernando Asprilla, líder comunal de Piamonte, en el Bajo Cauca; dos días antes fue encontrado el cuerpo de Idalia Castillo Narváez, representante de Víctimas, en el municipio de Rosas: “la mujer fue torturada, violada y asesinada”, declaró la secretaria de la Mujer de Cauca. El jueves 17 fue asesinado el expresidente del Consejo Comunitario de Truandó (Riosucio, Chocó) y reclamante de tierras Manuel Ramírez Mosquera. Cualquiera de estos hechos debería estremecer y convocar a la reacción social por medio de movilizaciones y exigencias de justicia; sobre el acostumbramiento y anestesia social se construye la impunidad.
La situación de los miembros de FARC que van siendo asesinados amerita un análisis particular: se trata de combatientes revolucionarios que pactaron con el Estado condiciones para hacer política y desarrollar sus vidas con las garantías elementales de las que debe gozar cualquier ser humano; aun así, pierden su vida a poco de concretado ese acuerdo. Es claro que, más allá de la autoría material concreta en cada caso, de la sigla paramilitar que se identifique –o no- tras cada ejecución, la responsabilidad por esos crímenes es del Estado. Sin embargo, los representantes del Estado desconocen esa responsabilidad, con un doble agravante: fallan al no garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero además son parte incumplidora, en los aspectos más básicos como la garantía de vida, de un acuerdo de Paz. Qué esperar entonces de los puntos acordados de más compleja implementación: esa pregunta ya ronda con preocupación en amplios sectores de la sociedad.
Los hechos son tan evidentes que hasta una persona que esté de visita por pocos días en Colombia puede notarlos. El alcalde de Ginebra, Suiza, en su reciente visita al país alertó sobre lo que está sucediendo: “Debe protegerse a las organizaciones y a los líderes persiguiendo al paramilitarismo, [el Estado colombiano] debe empezar por reconocer que existe el paramilitarismo, sin eufemismos para referirse a este problema; si no, va a ocurrir una catástrofe. El Ejército debe desmontar a los paramilitares”, afirmó, y tras recorrer una Zona Veredal Transitoria dijo que las personas que allí conoció “serán fundamentales para el futuro de Colombia… Claro, si no los asesinan”.
* * *
Mientras esto sucede, el ELN transita su proceso de Diálogos en Quito, bajo el mandato de su Quinto Congreso: “Explorar la real voluntad de Paz del Gobierno” para acordar las condiciones que permitan que el ELN, pero fundamentalmente todas y todos los colombianos, puedan ejercer sus derechos sin necesidad de recurrir a las armas.
Son conocidas nuestras propuestas para que el Estado asuma su responsabilidad no solo a través de un cese al fuego, sino por medio de medidas de alivio humanitario que tienen como primer reclamo la firme decisión de enfrentar al paramilitarismo. Sin ese reconocimiento por parte del Gobierno, la búsqueda de acuerdos sigue transitando un camino borrascoso, difícil. Aun así, con la certeza de que las propuestas que se vuelcan en la Mesa son bien concretas y realizables si hubiera voluntad política, seguimos aportando nuestra mayor voluntad de acordar y dar pasos concretos hacia la paz.
No podemos aceptar ni permitir que sigan matando a quienes expresan ideas críticas. El ELN se solidariza con las víctimas y sus familiares, con quienes ejercen liderazgos sociales y son perseguidos, y con quienes vienen siendo hostigados por ser miembros de las FARC. Pero no nos conforma lamentar las muertes: en los territorios, y también en la Mesa de Quito, estamos dando una batalla por revertir esa realidad. Los esfuerzos del ELN, por sí solos, no serán suficientes: la lucha por los derechos de todos, por una nueva Colombia que merezca ser vivida, está en manos del conjunto de la sociedad.
Los crímenes contra líderes y lideresas sociales, comunitarios o de derechos humanos, sumados a estos asesinatos de guerrilleros que se acogieron a los acuerdos de Paz, prefiguran un potencial nuevo genocidio contra quienes se muestren críticos del sistema sin importar que sean liderazgos pacíficos, desarmados. Ya no alcanza con señalar la probada sistematicidad de esas agresiones (Ver nota “Asesinato de líderes rurales se incrementa y es sistemático, afirma observatorio de tierras”, en Insurrección del 31 de julio: https://goo.gl/j9XKMK )
En el primer semestre de 2017 los asesinatos de líderes comunitarios se incrementaron 31 por ciento respecto a igual período del año anterior, según documenta el informe de la organización de derechos humanos “Somos Defensores”. En los últimos diez días, tres nuevos casos se sumaron a los ya mencionados de miembros de las FARC: el viernes 11 fue asesinado Fernando Asprilla, líder comunal de Piamonte, en el Bajo Cauca; dos días antes fue encontrado el cuerpo de Idalia Castillo Narváez, representante de Víctimas, en el municipio de Rosas: “la mujer fue torturada, violada y asesinada”, declaró la secretaria de la Mujer de Cauca. El jueves 17 fue asesinado el expresidente del Consejo Comunitario de Truandó (Riosucio, Chocó) y reclamante de tierras Manuel Ramírez Mosquera. Cualquiera de estos hechos debería estremecer y convocar a la reacción social por medio de movilizaciones y exigencias de justicia; sobre el acostumbramiento y anestesia social se construye la impunidad.
La situación de los miembros de FARC que van siendo asesinados amerita un análisis particular: se trata de combatientes revolucionarios que pactaron con el Estado condiciones para hacer política y desarrollar sus vidas con las garantías elementales de las que debe gozar cualquier ser humano; aun así, pierden su vida a poco de concretado ese acuerdo. Es claro que, más allá de la autoría material concreta en cada caso, de la sigla paramilitar que se identifique –o no- tras cada ejecución, la responsabilidad por esos crímenes es del Estado. Sin embargo, los representantes del Estado desconocen esa responsabilidad, con un doble agravante: fallan al no garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero además son parte incumplidora, en los aspectos más básicos como la garantía de vida, de un acuerdo de Paz. Qué esperar entonces de los puntos acordados de más compleja implementación: esa pregunta ya ronda con preocupación en amplios sectores de la sociedad.
Los hechos son tan evidentes que hasta una persona que esté de visita por pocos días en Colombia puede notarlos. El alcalde de Ginebra, Suiza, en su reciente visita al país alertó sobre lo que está sucediendo: “Debe protegerse a las organizaciones y a los líderes persiguiendo al paramilitarismo, [el Estado colombiano] debe empezar por reconocer que existe el paramilitarismo, sin eufemismos para referirse a este problema; si no, va a ocurrir una catástrofe. El Ejército debe desmontar a los paramilitares”, afirmó, y tras recorrer una Zona Veredal Transitoria dijo que las personas que allí conoció “serán fundamentales para el futuro de Colombia… Claro, si no los asesinan”.
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Mientras esto sucede, el ELN transita su proceso de Diálogos en Quito, bajo el mandato de su Quinto Congreso: “Explorar la real voluntad de Paz del Gobierno” para acordar las condiciones que permitan que el ELN, pero fundamentalmente todas y todos los colombianos, puedan ejercer sus derechos sin necesidad de recurrir a las armas.
Son conocidas nuestras propuestas para que el Estado asuma su responsabilidad no solo a través de un cese al fuego, sino por medio de medidas de alivio humanitario que tienen como primer reclamo la firme decisión de enfrentar al paramilitarismo. Sin ese reconocimiento por parte del Gobierno, la búsqueda de acuerdos sigue transitando un camino borrascoso, difícil. Aun así, con la certeza de que las propuestas que se vuelcan en la Mesa son bien concretas y realizables si hubiera voluntad política, seguimos aportando nuestra mayor voluntad de acordar y dar pasos concretos hacia la paz.
No podemos aceptar ni permitir que sigan matando a quienes expresan ideas críticas. El ELN se solidariza con las víctimas y sus familiares, con quienes ejercen liderazgos sociales y son perseguidos, y con quienes vienen siendo hostigados por ser miembros de las FARC. Pero no nos conforma lamentar las muertes: en los territorios, y también en la Mesa de Quito, estamos dando una batalla por revertir esa realidad. Los esfuerzos del ELN, por sí solos, no serán suficientes: la lucha por los derechos de todos, por una nueva Colombia que merezca ser vivida, está en manos del conjunto de la sociedad.
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