El presidente
Donald Trump ha tomado decisiones económicas y financieras radicales
contra Venezuela por dos motivos: esa nación no ha permitido que Estados
Unidos se adueñe de sus enormes reservas petroleras y en contraposición
ha puesto a disposición del pueblo numerosos programas sociales
subvencionados con los beneficios que se obtienen de los hidrocarburos.
Para Trump y todo su equipo ultraderechista, esa verdadera democracia
en América Latina no puede sobrevivir en la región porque es un mal
ejemplo para algunos gobiernos que acatan dócilmente las directrices de
Estados Unidos.
La Republica Bolivariana de Venezuela ha
resistido durante años los continuos ataques desestabilizadores
dirigidos desde Washington y que son ejecutados por una oposición que en
los últimos tiempos optó por acciones terroristas realizadas contra
centros de salud, de educación, empresas y locales gubernamentales.
La instauración de una Asamblea Constituyente, apoyada masivamente por
el pueblo en una votación abierta y democrática, que congeló a la
Asamblea Nacional controlada por la derecha criolla que apostaba por
derrocar al legítimo Gobierno de Nicolás Maduro, acabó de llenar la copa
del todopoderoso gigante norteamericano.
La primera reacción
de Trump fue amenazar con ataques militares al Gobierno bolivariano y al
no contar con apoyo internacional para esa acción, firmó el pasado 27
de agosto una orden ejecutiva para implementar sanciones a la economía y
al sistema financiero de Venezuela.
Esas medidas, con
características de bloqueo, dan continuidad a la orden ejecutiva 13692
del 8 de marzo de 2015, emitida por el expresidente Barack Obama, en la
que se declaró a Venezuela una "amenaza inusual y extraordinaria a la
seguridad de Estados Unidos".
La resolución prohíbe que
"cualquier persona, entidad, empresa o asociación, legalmente radicada o
que realice actividades en Estados Unidos, pueda efectuar negocios con
nuevos bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del
Gobierno venezolano”.
Aunque no afecta directamente los bonos
ya emitidos por el Estado y por la petrolera PDVSA, que ya están en
manos de tenedores, personas, empresas y entidades financieras en
Estados Unidos, sí los lanza hacia la categoría de "bonos basura", lo
que coloca a Venezuela como una "zona de peligro" para la inversión en
el mercado de bonos, pese a que el país es un fiel pagador.
En los últimos 24 meses, Venezuela y PDVSA han pagado por sus compromisos más de 65.000 millones de dólares.
La orden ejecutiva apuesta a que Venezuela caiga en default
o impago de su deuda externa y como aseguró abiertamente el secretario
del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, “va destinada a ahogar al
país suramericano”.
Maduro denunció que Trump pretende imponer
un bloqueo para ahogar económica y financieramente a Venezuela con el
objetivo de que entre en default o impago de su deuda externa.
El presidente bolivariano, en una transmisión televisiva, explicó que
las sanciones afectan el suministro de crudo venezolano a Estados Unidos
porque impide que se materialicen los mecanismos para el pago de estas
transacciones.
En especial atentan directamente contra la
empresa Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, al prohibir que se
hagan cartas de crédito para el pago del crudo venezolano, y por tal
motivo se evalúan medidas para proteger a esa compañía.
En los
próximos días, ejecutivos del Gobierno caraqueño se reunirán con
tenedores de bonos de deudas e inversionistas de Estados Unidos en busca
de soluciones alternativas.
Esa reunión resulta importante
porque el 62 % de los tenedores de las deudas venezolanas son
estadounidenses y otros 12 % del Reino Unido, por tanto, la orden
ejecutiva también afecta a esos ciudadanos.
La ola de sanciones
de Washington contra Caracas ha ido en espiral ascendente. A finales
del julio pasado el Departamento del Tesoro decretó ataques financieros
dirigidos contra 13 altos cargos del Gobierno venezolano, civiles,
militares y a PDVSA, a la vez que amenazó con agregar a la lista de
sancionados a cualquier persona que saliera elegida para formar parte de
la Asamblea Constituyente
El 30 de julio Washington bloqueó
todos los activos del presidente venezolano que estén o puedan estar
bajo la jurisdicción de Estados Unidos y prohibió a los ciudadanos
estadounidenses contraer cualquier acuerdo con Nicolás Maduro.
Según la Casa Blanca, las sanciones impuestas están cuidadosamente
calibradas para negar al país bolivariano una fuente primordial de
financiamiento, no importa que éstas violen la legalidad internacional y
la Carta de las Naciones Unidas, el motivo final es destruir a la
Revolución Bolivariana.
Maduro señaló que su país tiene mercado
seguro para todo el petróleo que vende a Estados Unidos, mientras que
el representante de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez informó de que
ya la nación sudamericana suministra a China más de 600.000 barriles
diarios de petróleo y a la India 420.000.
Otros socios
importantes para Caracas son Rusia e Irán y como una de las primeras
contramedidas para encauzar el blindaje contra las sanciones, Venezuela
solicitó pertenecer al Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) y al Banco de Desarrollo de esa institución.
Innegablemente las nuevas medidas afectarán a la economía de la
República Bolivariana pero ya varios pueblos y países han demostrado que
pese a esas ilegales medidas que violan los derechos humanos de
cualquier país, se puede salir adelante mientras se defienda la
soberanía y la independencia al precio que sea necesario.
Sin
embargo, la comunidad internacional debe estar alerta pues ante las
frustraciones por no poder derrocar al legítimo Gobierno venezolano,
Estados Unidos y su presidente Donald Trump podrían lanzar ataques
militares contra esa nación, lo que convertiría toda la región americana
en un verdadero polvorín.
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