La Jornada
El presidente
guatemalteco, Jimmy Morales, realizó ayer un intento de cortar de raíz
las investigaciones por sus presuntos actos de corrupción y emitió una
orden para expulsar de inmediato del país al abogado colombiano Iván
Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig), quien el viernes pasado respaldó la petición
formulada por la fiscal general del país vecino, Thelma Aldana, de
retirar la inmunidad al mandatario (antejuicio) para investigarlo por
financiamiento electoral ilícito.
Las reacciones a la medida presidencial fueron abrumadoras y por
completo adversas a Morales. La opinión pública la rechazó en forma casi
unánime, el episodio provocó una crisis de gabinete (el ministro de
Relaciones Exteriores fue destituido por negarse a cumplir la orden de
expulsión y la ministra de Salud –entre otros funcionarios– renunció a
su cargo por estar en desacuerdo con ella). Diversos sectores salieron a
las calles a expresar su respaldo a Velásquez y su repudio al
presidente; varios organismos internacionales (empezando por la propia
Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos), así como los gobiernos que patrocinan la Cicig
rechazaron la medida y, de puntilla, la Corte de Constitucionalidad (CC)
suspendió de inmediato la orden de sacar a Velásquez.
En suma, al declarar persona no grata al abogado colombiano, Jimmy
Morales parece haber dado un paso en dirección del suicidio político: si
lograra, pese a todo, forzar la salida del país del comisionado, habrá
perdido toda legitimidad y credibilidad; si, en cambio, Velásquez
consigue proseguir su tarea en Guatemala, el antejuicio al mandatario
parece inevitable y podría desembocar en imputaciones penales, la
destitución y la cárcel.
No está de más recordar que el actual mandatario llegó a la
presidencia a finales de 2015 como culminación del impugnado proceso
electoral que tuvo lugar tras la caída de Otto Pérez Molina, quien fue
juzgado y encarcelado por corrupción junto con su vicepre
sidenta,
Roxana Baldetti, gracias a la labor de esclarecimiento de la Cicig, y
tras intensas movilizaciones sociales. Sin experiencia política ni
administrativa alguna, el actual mandatario es considerado el operador
de poderes fácticos tales como la vieja oficialidad militar, la cual se
caracterizó por sus masivas violaciones a los derechos humanos durante
la prolongada guerra que se desarrolló en Guatemala de principios de los
años 60 a 1996. En lo que va del mandato de Morales, un hijo y un
hermano suyos han sido encarcelados por corrupción.
La Cicig, por su parte, fue establecida a finales de 2006
mediante un acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno de Guatemala
(posteriormente aprobado por la Corte de Constitucionalidad y el
Congreso) y tiene por función apoyar al Ministerio Público en la
investigación de delitos perpetrados por cuerpos ilegales de seguridad y
aparatos clandestinos de seguridad, para fortalecer a las instituciones
de justicia. En sus casi 11 años de existencia, esa comisión
internacional ha contribuido en forma decisiva a descubrir y esclarecer
múltiples conspiraciones delictivas gestadas en el seno del poder
público en el país centroamericano, incluyendo la más reciente, el
financiamiento ilícito a la campaña electoral de Morales.
Cierto, no deja de resultar inquietante que una instancia foránea
–patrocinada por los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Canadá,
España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, además de la Unión
Europea– se haya constituido en el principal actor en la lucha contra la
impunidad y la corrupción en el país vecino. Pero tampoco puede
ignorarse que el surgimiento de la Cicig es consecuencia de la debilidad
del Estado en Guatemala, de la hasta entonces inveterada corrupción e
impunidad de la mayor parte de su clase política y de la incapacidad de
las instituciones nacionales de procuración e impartición de justicia
para actuar con eficacia e independencia. Y en este sentido, la labor de
la Cicig y de su titular han sido, sin duda, saludables y necesarias.
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