Eric Nepomuceno
Con aprobación de
5 por ciento de la opinión pública, Michel Temer, que ocupa la
presidencia de Brasil gracias a un golpe institucional consumado hace
año y medio, decidió atender de manera radical a la demanda insistente
de su único respaldo efectivo, los dueños del dinero: privatizar todo lo
que se considere privatizable. Es decir, el patrimonio del país.
Por estos días anunció un programa de privatizaciones sin
antecedentes, siquiera en los tiempos de neoliberalismo de Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002), que al menos podía argumentar ser un
presidente legítimo, electo dos veces por sufragio universal. Temer
carece de cualquier vestigio de legitimidad. Basta con ver cómo el país
está absolutamente aislado en el escenario global para comprobarlo.
Pese a todo aislamiento –rechazado internamente por 95 por ciento de
los brasileños, ignorado externamente– su gobierno impone un
neoliberalismo fundamentalista. Resultado: las medidas anunciadas
provocaron euforia en el mercado financiero y profundo rechazo en la
misma opinión pública que lo desprecia.
Serán privatizados puertos, aeropuertos, autopistas, terminales
marítimas, loterías y hasta la mismísima Casa de la Moneda, creada en
1694, tiempos coloniales, responsable por la emisión de dinero,
estampillas postales y pasaportes.
De los 14 aeropuertos que serán privatizados se destaca el de
Congonhas, en plena región urbana de San Pablo. Tiene el segundo mayor
tráfico aéreo del país y deja beneficios de mil 700 millones de dólares
anuales a las arcas federales.
También se anunció, por estos días, que nuevas áreas del presal, los
yacimientos de petróleo en aguas ultraprofundas, serán llevadas a
subasta. Empresas de todo el mundo podrán participar y, a diferencia de
lo que determinaba la legislación anterior, sin estar obligatoriamente
asociadas a la estatal Petrobras.
Las inversiones de miles de millones de dólares necesarias para que
se llegara a la tecnología más desarrollada del mundo en operaciones en
aguas ultraprofundas fueron realizadas por el Estado brasileño. El éxito
de todo ese trabajo será ahora disfrutado por empresas multinacionales.
De todo lo que se reveló, dos medidas fueron especialmente impactantes.
Una ha sido la decisión de privatizar la Eletrobras, que controla 47
plantas generadoras hidroeléctricas, 144 termoeléctricas y 69 eólicas,
responsables por 47 mil megavatios (MW), es decir, 32 por ciento de toda
la energía generada en Brasil. Se trata de una de las mayores
generadoras del planeta, y controla 47 por ciento del sistema de
distribución en el país.
En total, el gobierno espera recaudar alrededor de 45 mil
millones de reales, unos 15 mil millones de dólares. De ese monto, unos
20 mil millones de reales (6 mil 800 millones de dólares) vendrán de la
venta de Eletrobras. Como muestra del absurdo de la iniciativa de Temer,
especialistas recuerdan que en los últimos 10 años las inversiones de
recursos públicos en la estatal han sumaron casi 20 veces más.
La otra medida considerada un escándalo sin parámetro ha sido la
puesta en venta de un área de selva amazónica cuya dimensión supera a la
superficie de Dinamarca. Se anula una ley de hace más de 30 años que
determinaba tratarse de una
reserva ambiental, para que se permita la apertura de minas de oro y otros metales.
El gobierno dice que ya existen cuatro empresas extranjeras
interesadas en adquirir esas tierras, que serán desmatadas. Vale
repetir: un área equivalente a Dinamarca.
Son tierras vecinas a reservas indígenas. La explotación de minas de
oro y otros metales significará, inevitablemente, la contaminación de
los ríos de la región.
Ambientalistas de todo el mundo protestaron con violencia, pero en
vano: Temer hace lo que quiere el mercado, y si vender el país es parte
de las órdenes que recibe, pues cumple y ya.
Las privatizaciones tendrán de ser aprobadas por el Congreso. La
extinción de la reserva ambiental, no: es suficiente el decreto-ley
bajado por Temer.
Ya surgieron brotes de resistencia en el Congreso, principalmente con
relación a la privatización de Eletrobras. No se trata, sin embargo, de
conciencia cívica: es que muchos diputados y senadores tienen ahijados
instalados en puestos de decisión en las empresas que integran la
compañía.
En la actual legislatura, la de peor nivel –en todos los sentidos: ético, moral, político– desde la retomada de la democracia,
conciencia cívicaes algo tan difícil de encontrar como una heladería en el Sahara.
Todo, en el Congreso, tiene un precio, y Michel Temer y su bando son
expertos negociadores. Supieron neutralizar una contundente denuncia del
fiscal general que pedía la apertura de investigación contra el
presidente, por crimen de corrupción. El pedido estaba amparado por un
océano de pruebas e indicios sólidos. Temer supo comprar los votos
necesarios para que fuese rehusado.
Se sabe que al menos dos denuncias más están en camino. Dando
muestras de estar convencido de su inmunidad, Michel Temer emite señales
de cariño a los v
erdaderos dueños del poder. Lo hace vendiendo el país.
Y lo más asombroso es que nadie parece capaz de impedir esa tragedia.
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