Agencia Prensa Rura
La Coordinación
Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) en su informe sobre la
situación de los defensores de DDHH en Antioquia, presentado el pasado
10 de agosto, hace mención al momento trascendental que vive el país
debido a la firma e implementación del Acuerdo de paz entre el Estado
colombiano y las FARC – EP. Asimismo, hace un llamado al avance de la
mesa de conversación que se lleva en Quito entre el Gobierno Nacional y
el ELN, en aras de la construcción de una paz con todos los sectores y
el diálogo nacional que revierta en reconciliación.
En este informe
señala el avance del cese al fuego definitivo y la disminución de
heridos y muertos por los combates, que involucran a los actores armados
y a la población civil. También revela hechos sobre el repunte
paramilitar, las amenazas a líderes sociales y defensores de DDHH.
Este
documento resalta el grave problema de corrupción y la
desinstitucionalización que está ocurriendo por cuenta de este flagelo
en el país.
A continuación, el informe de La Coordinación
Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) en su informe sobre la
situación de los defensores de DDHH en Antioquia:
¡Para que la Paz no nos cueste la Vida, hagamos posible la Paz!
El
momento inédito que vive Colombia hacia la salida política y la
terminación del conflicto armado surgido a partir de la firma del
Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-Ep el pasado 24 de
noviembre abre nuevas perspectivas de construcción democrática de país,
merecidas para ésta y las generaciones venideras e imprime retos y la
utilización de estrategias para la reconciliación nacional. Así mismo,
merecen todo el análisis y la reflexión social. En esta misma dirección,
urge que el Estado y el ELN avancen en la construcción de climas
propicios para la continuidad de la Mesa de Quito, de cara al Pacto
Social Nacional por la Paz estable y duradera.
Como Nodo
Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos vemos
plausible que, por ejemplo, la cifra reportada por el hospital militar,
de militares heridos, muertos o amputados por ocasión de combates en el
conflicto se ha reducido en un 97,17% con respecto al 2011 (El
Espectador, 2017). El solo hecho de una vida salvada constituye un
triunfo que por lo menos nos acerca a un mejor país. No significa esto
que hemos claudicado la exigencia de las reivindicaciones de los
derechos humanos, económicos, sociales, políticos, culturales; es claro
que se abren espacios diferentes para continuar estas exigencias y
demandas históricas: los espacios de movilización y de participación
ciudadana.
Sin embargo, desde mucho antes de que se iniciaran las
conversaciones de La Habana se alertó al Gobierno Nacional sobre los
riesgos, amenazas, homicidios y el incremento de todo tipo de
vulneraciones existentes contra los defensores de derechos humanos y las
comunidades en general. Así mismo, alertamos del rápido avance, el
control social y la presencia de grupos paramilitares en varias zonas
del departamento que antes eran de control de las Farc-Ep.
El
paramilitarismo continúa siendo la principal causa de los asesinatos y
amenazas a las y los líderes. La negación del fenómeno es más que
mezquina y peligrosa para el movimiento nacional de derechos humanos en
general. Le siguen las fuerzas estatales, que constituyen otro actor de
agresión contra los defensores por sus formas represivas a la protesta
social, además la posible aquiescencia en los territorios con grupos
paramilitares facilita la criminalidad, el control y la operatividad
delictiva de estas estructuras.
Según el Defensor del Pueblo, el
riesgo persiste. Así lo afirma en entrevista a Caracol Radio el pasado
13 de julio, en la que menciona que entre el 1 de enero de 2016 y el 5
de julio de 2017 el consolidado de homicidios contra los defensores de
derechos humanos asciende a 186 casos (Caracol Radio, 2017) y se han
constatado por lo menos 500 amenazas en el territorio nacional y diez
homicidios selectivos contra población de defensores en Antioquia. Según
se registra en el Informe 010-17 de la Defensoría del Pueblo: “Crímenes
contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son
generalizados”. Igualmente la población amnistiada e indultada ha sido
blanco de ataques contra la vida, 5 han sido asesinados y se tiene
registro de 10 homicidios contra familiares en el trascurro de año, tres
de estos ocurrieron en Tarazá Antioquia (Fundación Paz y
Reconciliación, 2017).
La impunidad, que supera el 80% de los
casos, sigue rondando los pasillos en los estrados, lo cual significa
una respuesta débil del Estado. Un dato adicional, todo esto sucede
principalmente en zonas dejadas por las Farc-Ep tras el Acuerdo de Paz.
El
panorama institucional no da opción para ser mejor. Colombia es tal vez
el único país del mundo donde es capturado el director anticorrupción
de la Fiscalía General de la Nación vinculado a delitos justamente de
corrupción. Lo más vergonzoso es que el logro de todo el material
probatorio surge a partir de investigaciones adelantadas por la
Administración para el Control de Drogas DEA y que deja serios
cuestionamientos acerca de la Fiscalía General de la Nación y del
también Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
Casos similares
generan indignación en el país. En Medellín, por ejemplo, el Secretario
de Gobierno de la ciudad, Gustavo Villegas, fue capturado el 5 de julio
de 2017 por concierto para delinquir, seriamente señalado por tener
nexos con el paramilitarismo local, aunado a un posible cogobierno con
ese sector delincuencial que demostrarían la permisible práctica
recurrente desde el gobierno local del alcalde Federico Gutiérrez y
gobernantes anteriores, bajo el amparo del estratagema mediático, que
podría obedecer a intereses oscuros y difusos lejos del papel de la
legalidad.
El escenario del posconflicto deja demasiadas
inquietudes, pero es claro que se requieren cambios estructurales en
materia de prevención y protección hacia los líderes y lideresas;
estrategias contra la impunidad y reales garantías de no repetición.
Todos los esfuerzos necesarios para enarbolar la cultura de la paz, los
derechos humanos hacia la concreción de la llamada paz “estable y
duradera” y, también, garantizar que estos crímenes no se repitan.
No
se pretende generar un ambiente desfavorable a la paz, máxime cuando
las cifras de violencia en torno al conflicto develan la esperanza
buscada por tantos años. Por el contrario, lo que se busca es despertar
sensibilidades con la dura realidad de cara a la toma de decisiones, a
la movilización social y a la reivindicación del papel de los derechos
humanos, las garantías de no repetición, la prevención, la protección y
el ferviente anhelo de un mejor país.
Informe completo aquí: http://coeuropa.org.co/wp-content/u...
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21936
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