José Antonio Rojas Nieto
La Jornada
Boston, Massachusetts.
Profunda tristeza por lo de Barcelona. También por lo de
Charlottesville, Virginia, a raíz del enfrentamiento con supremacistas. Y
de ahí –sin duda– las titubeantes y regresivas declaraciones del
presidente Trump. A decir de varios bostonianos, no sorprenden. Así es él (He is that he is) dicen. Y en ese contexto se registra la renuncia de Kennet Frazier –director ejecutivo de la farmacéutica Merck– a ser asesor presidencial en el Consejo de Manufacturas. A su decir, el presidente no reconoce que
la fuerza del país se deriva de su diversidad y de las contribuciones de hombres y mujeres de diferentes credos, razas, orientaciones sexuales y convicciones políticas. También sorprende en este contexto la tácita afirmación de las autoridades de Harvard respecto de no aceptar entre sus miembros ninguna manifestación de racismo. Un Harvard en el que –por primera vez en su vida– la mayoría de aceptados este año son
no blancos. Es una expresión de su compromiso con la diversidad, aseguran sus autoridades.
Por otra parte y en este contexto, ayer sábado se realizó la manifestación del grupo derechista Free Speech.
Asimismo de quienes los repudian. El alcalde de Boston afirma que se
garantizó la libre expresión de ambos, en un ambiente de protección
policiaca especial, justamente por los antecedentes de Virginia. A decir
de observadores, los participantes que repudiaban las expresiones
supremacistas superaron (10 a uno) a los derechistas. Semana difícil en
Estados Unidos. A pesar de la levemente menor tasa de desempleo y un
poco superior tasa de producción industrial. Sin duda. Ahora bien, antes
de continuar con el prometido análisis de la relación economía-energía,
para replantear la discusión sobre la industria eléctrica y el cambio
climático, comentemos algo sobre el aniversario 80 de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE, creada por Lázaro Cárdenas el 14 de agosto
de 1937)).
La editorial de La Jornada señala que la
CFE debe convertirse en palanca de un nuevo modelo de electrificación distribuida, con sentido social, basada en fuentes renovables (solar, mini y micro eólica e hidráulica, geotérmica y de procesamiento de biomasa) de generación local (comunitaria, barrial, municipal e incluso fórmulas de autoconsumo, tanto individual como corporativo) y respeto del medio ambiente. Se trata –sin duda– de uno de los lineamientos estratégicos de la hoy empresa productiva del Estado. De gran complejidad técnica y social, por cierto. Recordemos el nuevo marco constitucional y la nueva legislación, para complementar los lineamientos. Y ver el nuevo papel de las empresas privadas, como quedó manifiesto en la ceremonia oficial de aniversario en Empalme, Sonora, el pasado día 16. Ahí, Carlos Ruiz Sacristán (ex secretario de Comunicaciones y hoy presidente de IEnova, es decir, Sempra México, de gran penetración en el sector) fue protagonista especial.
El nuevo marco sólo reserva para la CFE las fases de transmisión y
distribución de electricidad. Constitucionalmente las únicas de la
industria eléctrica que son servicio público. Según el nuevo 27
constitucional, las demás ya no lo son. Planeación y control, por
cierto, son exclusiva de la nación. Pero no servicio público. Hoy la CFE
puede –dice su nueva la ley– participar en las oficialmente señaladas
como esferas competitivas. Además de otras. En la generación ofreciendo
su producción en el mercado eléctrico mayorista o por medio de contratos
de cobertura. Y en la comercialización, una de cuyas posibilidades es
el suministro, pero no sólo. Recordemos. Habrá comercializadoras que no
suministren.
¿Qué significa? En buen romance posibilidad de especulación.
Además –y por razones obvias– el suministro se dividió en dos
categorías. Y digo obvias porque el subsidio eléctrico está ahí, en el
suministro. Y sigue siendo muy importante económica y socialmente. Y
fiscalmente muy significativo. Veremos los datos oficiales del quinto
Informe presidencial. Los del cuarto Informe (p. 539) indicaban un monto
de 116 mil 500 millones de pesos en 2015. ¿Los montos más
significativos? Sectores doméstico (poco más de 101 mil 565 millones) y
agrícola (13 mil 427). Pues bien, este subsidio está implicado en la
comercialización del llamado suministro básico que hoy sólo proporciona
CFE-Suministro Básico.
Si simplificamos un poco, el básico se proporciona a usuarios
medianos y pequeños, entre ellos cerca de 37 millones domésticos y más
de 130 mil agrícolas. Principales beneficiarios del subsidio.
Complementa el suministro calificado. Hoy por medio de 14 empresas
oficialmente registradas por la Comisión Reguladora de Energía (CFE
Suministro Calificado sólo una de ellas). Compran su electricidad
–directamente o por medio de un comercializador– y sirven a grandes
consumidores que optan por no ir al mercado mayorista. Por cierto, estos
grandes pueden ser resultado de la agregación de usuarios
con los mismos intereses económicos, dice la ley. Ya profundizaremos en la evolución de esta nueva arquitectura institucional de la industria eléctrica. Y de los retos que afrontará un nuevo gobierno a partir de diciembre de 2018. Sea de la orientación que sea.
Concluyo aludiendo a otro punto pendiente. Se discute ampliamente en
Boston. Me refiero a la presión que afrontan las empresas eléctricas
estadunidenses para atender con mayor severidad y urgencia los
compromisos de abatimiento de gases de efecto invernadero. La
administración Trump trata de neutralizarlos. En Massachusetts hay una
presión social cada vez mayor para que las empresas –del transporte y
eléctricas primordialmente– cumplan los compromisos establecidos. Para
el año 2020 cerca de 25 por ciento menos de emisiones respecto de la
línea base. ¿Cuál? El volumen de emisiones del año 1990. Esto también lo
veremos en otro momento. En vinculación con los compromisos de
abatimiento en México y sus posibilidades reales de cumplimiento. Sin
duda.
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