Periódico La Jornada
Febrero trae de regreso
las actividades tanto del Congreso como del Supremo Tribunal Federal en
Brasil, luego del receso iniciado el 23 de diciembre. Acorde con el
protocolo, a la sesión inaugural del Supremo Tribunal Federal, que
ocurrirá el martes 2, serán invitados los presidentes de los otros dos
poderes, o sea, del Ejecutivo, Dilma Rousseff, y del Legislativo,
respectivamente los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Este año, si se respeta el protocolo, ese país asistirá a una escena
insólita: ver, en el solemne Supremo Tribunal Federal, a Eduardo Cunha,
presidente de la Cámara, quien está bajo investigación de aquella Corte,
la cual incluso examina un pedido de la Fiscalía General de la Unión
para que él pierda su escaño parlamentar. También verá a Renan
Calheiros, presidente del Senado, denunciado en la misma Corte en seis
investigaciones. Y, por si fuera poco, a la misma Dilma Rousseff, contra
quien Eduardo Cunha quiere abrir un juicio en la Cámara de Diputados,
con el objetivo de decretar su destitución, utilizando, para alcanzar
ese objetivo, métodos que el mismo Supremo Tribunal consideró
irregulares.
Esa posibilidad es nada más que una muestra –bastante ilustrativa, por cierto– del escenario que se muestra a partir de ahora.
En el largo receso parlamentario se conspiró con redoblado vigor en
Brasilia. El gobierno, buscando reagrupar una alianza que se mostró, a
cada día de 2015, absolutamente frágil, descontrolada y que no merece
confianza alguna. La oposición, buscando la manera de avanzar con el
golpe institucional en el Parlamento y, al mismo tiempo, estudiando
alternativas en las cuales concentrar esfuerzos.
En medio del torbellino conspiratorio flotó la figura de Eduardo
Cunha, intentando una estrategia capaz de mantenerlo como presidente de
la cámara con fuerza suficiente para seguir dedicando cada minuto del
día a tumbar a la presidenta Dilma Rousseff.
A partir de ahora se verá quién será más eficaz en sus respectivos
esfuerzos. Al gobierno le toca, además, la difícil tarea de reactivar
una economía que se encuentra en gravísima crisis, reconquistar la
confianza del empresariado y alguna esperanza de la opinión pública.
Ninguna de las tareas es fácil para ninguno de los protagonistas de
la confusa trama. Para la oposición derrotada en las urnas, el cuadro
para que triunfe el golpe institucional se hizo más difícil a partir de
la decisión del Supremo Tribunal Federal, que anuló la maniobra de Cunha
en la Cámara de Diputados y determinó que todo el proceso de juicio
para destituir a Dilma Roussef vuelva al cero.
Eduardo Cunha sigue controlando, es verdad, parte sustancial
–se calcula que entre 120 y 150 diputados– del total de 513 integrantes
de la cámara. Pero las abundantes pruebas de corrupción, lavado de
dinero y evasión fiscal que pesan contra su figura sirvieron para
desacreditarlo entre la opinión pública.
Para el PSDB, partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso,
respaldar la maniobra golpista de Cunha implica un desgaste
significativo, principalmente frente a la elevada posibilidad de que la
maniobra al fin y al cabo no logre el número suficiente de adhesiones
para destituir a Rousseff.
Frente a ese cuadro, el partido, comandado por el senador Aécio
Neves, derrotado por Dilma en 2014, decidió volcar sus esfuerzos hacia
otro ámbito, en el Tribunal Superior Electoral, donde interpuso una
acción, cuyo objetivo es suspender los mandatos de la presidenta y su
vicepresidente, Michel Temer, por
abuso económicoy haber recibido dinero ilegal en su campaña victoriosa. En tal caso, nuevas elecciones serán convocadas en 90 días.
El gobierno, a su vez, se ve presionado de manera creciente por la
llamada Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras.
Tanto la Policía Federal como el Ministerio Público, y muy especialmente
el juez Sergio Moro, que conduce el proceso, dejaron a un lado
cualquier pudor y se dedican claramente a alcanzar lo que desde siempre
pareció ser su objetivo principal: destrozar al PT en general y, muy
particularmente, su máxima figura histórica, el ex presidente Lula da
Silva.
Con base en argumentos frágiles y dudosos, Lula da Silva y su mujer pasaron a ser investigados por
ocultamiento de patrimonio. Presionar a Lula es presionar directamente al PT y, en consecuencia, al gobierno.
Si amparada por Lula, mayor referente de la política brasileña, Dilma
Rousseff hace un gobierno frágil y confuso, con Lula amenazado de ser
llevado a la guillotina política, esa situación alcanza niveles
gravísimos.
Es como si 2016 estuviese empezando ahora, y de manera altamente electrizante: la temporada promete altas emociones.
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