El presidente Mauricio Macri no ha sabido sorprender en sus primeros dos meses de Gobierno.
Siendo un político que viene del sector empresarial, y con un gabinete conformado en su mayoría por ejecutivos de empresas multinacionales, las medidas que ha tomado son coherentes con ese perfil.
Sin ser objeto de un incisivo desgaste en los medios de comunicación, y con la ventaja de un verano estival que ha tenido a la Justicia y al Congreso en receso por vacaciones, Macri ha hecho honor a su profesión de ingeniero poniendo énfasis en los números.
El mandatario se ha empleado a fondo para deshacerse de la “grasa militante”, como denominó con desprecio su ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay a los contratados en el Estado durante el anterior Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Más de 27.000 personas ha sido expulsadas de la administración pública. No hubo auditorias públicas, ni un proceso transparente para justificar la sangría de despidos. Un sindicato estatal ha plantado cara anunciando una huelga general para el 24 de febrero. Las manifestaciones están a la vuelta de la esquina.
Siempre a través de sus ministros, y con la ayuda de un par de decretos que le dan el marco legal, Macri anunció que ya prepara la suspensión de otros 11.000 concursos públicos. En el sector privado, casi 23.000 personas han perdido sus puestos de trabajo.
Mientras tanto, el presidente pide “prudencia” en las negociaciones salariales que comienzan ahora entre empresas y trabajadores con el afán de que los aumentos en los salarios queden por debajo de la inflación, aunque eso haga perder poder adquisitivo a las familias. Su prioridad es garantizar la “competitividad” a las empresas.
El Gobierno no ha tomado, desde que asumió el poder en diciembre, ninguna medida relevante en materia social, educativa, sanitaria o laboral que se haya acercado a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En cambio, se ha apresurado en arreglar el litigo judicial que desde hace quince años enfrenta el país con los fondos especulativos por la restructuración de una parte de la deuda que fue declarada en suspensión de pagos con la crisis de 2001.
Aunque el 92 % de los acreedores entró en los canjes de deuda propuestos por los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández en 2005 y 2010, hubo un 7 % de los llamados fondos buitre que decidió batallar en las Cortes de Nueva York.
Antes de terminar su mandato, la ex mandataria consiguió que la ONU emitiera una resolución en la que aprobaba siete principios básicos para procesos de reestructuración de deuda. Ajeno a ello, Macri mandó a sus negociadores a Estados Unidos para proponer a los fondos buitre el pago de 6.500 millones de dólares, de los 9.000 que reclamaban. Dos de los seis acreedores principales han aceptado. Ese dinero saldrá de la emisión de nuevos bonos que generarán más deuda.
Como por algún lado hay que ajustar, el actual Gobierno ha eliminado los subsidios en electricidad, tras declarar oportunamente, y por decreto, la emergencia energética. También ha devaluado el peso argentino un 30 % con respecto al dólar, dejando su cotización libre en el mercado. Además ha suprimido las retenciones en la exportación de cereales, y ha reducido los impuestos sobre la soja, el principal cultivo del país.
Los grandes productores del campo, que en 2008 casi hicieron caer el Gobierno de Cristina Fernández por su intento de establecer un sistema móvil en los aranceles de la soja, el trigo y el maíz de acuerdo a su precio internacional, han tardado poco en comenzar a liquidar la cosecha que tenían almacenada. Ninguna medida ha tomado el Ejecutivo para desconcentrar el poder que ha favorecido la especulación en un país agroexportador como Argentina.
Público
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