Editorial La Jornada
Según los sondeos a
boca de urna y del conteo rápido realizados tras el referendo realizado
ayer en Bolivia, ganaría por un ligero margen (entre 51 y 52.3 por
ciento) el no a una propuesta de modificación constitucional
que permitiría al presidente Evo Morales presentarse para una nueva
relección y, de ganar, permanecer en el cargo hasta 2025. Sin llegar a
constituir una derrota como la sufrida por el kirchnerismo en Argentina
en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado, ni la
pérdida del Poder Legislativo por el chavismo en Venezuela el mes
siguiente, el rechazo de los electores a permitir un nuevo periodo
presidencial al actual mandatario constituiría, de confirmarse, el
tercer golpe al hilo a los gobiernos progresistas que surgieron en
Sudamérica durante las décadas pasada y antepasada, en tanto que para el
ex dirigente de campesinos cocaleros y su partido, el Movimiento al
Socialismo (MAS), representa un primer fracaso electoral en una década
de ejercicio gubernamental.
El resultado referido no significaría, por sí mismo, que el programa
político, económico y social vigente en Bolivia fuera interrumpido, por
cuanto el partido en el poder podría ganar las elecciones previstas para
2019 con un candidato distinto al actual mandatario. El rechazo
ciudadano a permitir una nueva candidatura de Evo tampoco interferiría
con su actual desempeño como jefe de Estado de aquí a entonces, ni le
implicaría una pérdida significativa de poder. Pero sí debiera ser visto
por el actual equipo de gobierno de La Paz como una señal de alerta
ante el desgaste del poder, el debilitamiento de los vínculos entre la
Presidencia y los electores y la persistente campaña de sectores
oligárquicos locales y del gobierno de Estados Unidos en contra de las
transformaciones puestas en práctica en el país andino en la última
década.
La relección y la permanencia prolongada en el cargo
presidencial han sido un rasgo común de los gobiernos referidos. Hugo
Chávez ejerció la presidencia desde 1999 hasta su muerte (13 años);
Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, sumaron más de 12 años
en sucesivos mandatos (de 2003 a 2015) y Rafael Correa cumplirá en 2017
una década en la jefatura de Estado de Ecuador.
Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que en contextos políticos
e históricos distintos al de México la relección no es en sí misma un
rasgo antidemocrático. En Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt
acumuló cuatro mandatos presidenciales consecutivos y murió antes de
completar el último. Antes y después de él ha sido frecuente que los
mandatarios estadunidenses se mantengan ocho años en el cargo. François
Miterrand fue presidente de Francia 14 años (de 1981 a 1995) y su
sucesor, Jacques Chirac, pasó 12 en el Palacio del Elíseo; Felipe
González fue presidente del gobierno español durante más de 13 años. Con
esos antecedentes, resultan fariseas e insustanciales las acusaciones
en contra de los sudamericanos a los que gobiernos y medios occidentales
tildan de autoritarios por mantenerse en el cargo presidencial durante
periodos similares.
Sin embargo, debe reconocerse que una de las debilidades de los
proyectos con sentido social y soberano que se han desarrollado en
Sudamérica ha sido su carácter fuertemente personalista y, por ende, su
debilidad a la hora de renovar los más altos cargos del Estado.
Cabe esperar, finalmente, que el revés electoral sufrido ayer por el MAS boliviano sirva p
ara
revitalizar el proyecto transformador que se aplica en ese país e
impulsar la consolidación de dirigentes capaces de relevar a Evo Morales
en el liderazgo.
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