Esta
acción delictiva fue una reacción desesperada por parte de ENERGUATE
(ahora propiedad de la Corporación Israelí POWER) para intentar frenar
la creciente disconformidad social de sus usuarios a nivel nacional por
las excesivas facturas de electricidad y malos servicios.
Los
usuarios disconformes, organizados en cientos de comunidades en
resistencia a nivel nacional, ahora, ya no exigen sólo el “buen
servicio” de la energía eléctrica, sino la nacionalización de la
distribución de la misma. Entre tanto, se resisten a pagar el consumo
mensual de la electricidad a la empresa.
La criminalización y el castigo indebido a defensores fertiliza aún más la conciencia social y la resistencia popular
A
los tres defensores de derechos humanos, detenidos y encarcelados
indebidamente, la Empresa y el MP exigió el pago de una fianza económica
de un millón de quetzales por la libertad condicional de cada uno de
ellos. Ante la imposibilidad de dicho pago, dichos defensores fueron
recluidos preventivamente en la cárcel por más de tres meses (93 días).
Concluido
el período de la investigación, los tres defensores detenidos fueron
liberados el 29 de septiembre del 2014, y ligados a proceso penal por
delitos de acciones contra la seguridad del Estado y tentativa de
estafa, y el juez de Primer Instancia de la ciudad de Huehuetenango fijó
Audiencia Pública para el 16 de febrero del 2016, ordenando hasta
entonces la permanencia de los defensores acusados en sus respectivos
departamentos de origen.
El movimiento nacional CODECA por la
nacionalización de la energía eléctrica, lejos de desarticularse con la
criminalización y encarcelamiento de sus defensores mayores, cobró mayor
vitalidad y expansión a nivel nacional. Mucho más cuando los
principales agentes estatales contra los derechos de las resistencia
comunitarias, Otto Pérez Molina (Presidente de la República) y Roxana
Baldetti (Vicepresidenta) fueron “destituidos” y encarcelados por actos
criminales de corrupción.
Meses después del encarcelamiento del
binomio gobernante (aliados de ENERGUATE), la corporación británica
ACTIS (propietaria de ENERGUATE) transfirió la totalidad de sus acciones
en ENERGUATE (empresa repudiado socialmente y conflictuado
económicamente) a la corporación israelí POWER (que actualmente controla
parte de la producción, transporte y distribución de la electricidad en
el país).
ACTIS se fue del país, como lo hizo en su momento la
corporación española UNIÓN FENOSA, llevándose consigo millonarias
ganancias económicas, pero legando al país un conflicto social creciente
bien sembrado.
En la actualidad, la desconfianza y el repudio
social en el área rural contra ENERGUATE es creciente y más evidente.
Sus técnicos circulan en carros con vidrios polarizados y sin logotipos
de la empresa. Sus agentes y abogados (incluso la fiscalía especial
contra el hurto de electricidad creada para defender los intereses de
ENERGUATE) sufren bullying social en los tribunales de justicia y en las
calles.
En otras palabras, se está instalando en el imaginario
colectivo popular guatemalteco el nominativo ENERGUATE como sinónimo de
empresa abusiva y predadora de defensores comunitarios guatemaltecos.
ENERGUATE-MP, no consiguen doblegar a las comunidades en resistencias ni en las calles, ni en los tribunales
Mientras
la empresa judía intenta lidiar con sus usuarios convulsionados y en
resistencia (que UNIÓN FENOSA y ACTIS le legaron), las comunidades en
resistencia acusadas de “ladrones de electricidad” lograron posicionar
el asunto de la energía eléctrica como un derecho fundamental, y en
consecuencia, ellos autoafirmarse como defensores comunitarios del
derecho a la energía eléctrica.
Estos defensores comunitarios de
derechos humanos, organizados en resistencia (y en muchos casos
criminalizados), lograron activar la atención y la solidaridad de los
medios alternativos a nivel nacional e internacional, obtuvieron
cercanía con los cuerpos diplomáticos presentes en Guatemala, y lograron
captar la atención y el acompañamiento físico de organismo
internacionales de derechos humanos.
Simultanea a esta solidaridad
nacional e internacional, las comunidades no escatimaron los esfuerzos
necesarios para mostrar “sus rostros” masivos en las multitudinarias
protestas sociales exigiendo sus derechos. Situación que convirtió a
este movimiento en el único movimiento social en movilización
persistente en estas circunstancias de quietud social en Guatemala.
La
concurrencia a la Audiencia Judicial del 16 de febrero pasado, que duró
8 horas, evidenció no sólo la solidaridad y la legitimidad nacional e
internacional de la lucha de los empobrecidos por su derecho a la
energía eléctrica, sino también mostró el repudio social a la empresa
proveedora, y sobre todo “el sin sentido” del proceso judicial en contra
de los tres defensores.
El MP-ENERGUATE no pudieron argumentar,
ni los hechos delictivos, ni su tipificación antijurídica que se imputa a
los tres defensores, con mediana coherencia.
Fueron obligados a
traer a la Sala de Audiencias a dos de sus cuatro testigos expertos en
criminalística (que intentaron justificar su ausencia). Los mismos que,
lejos de coadyuvar a los intereses de la parte acusante, abandonaron la
sala dejando más dudas que certezas con sus conclusiones investigativas
en base a “dicen los informantes”, cuyas identidades nadie conoce
(disque por seguridad).
El desfile de los testigos “mal ensayados”
del MP-ENERGUATE fue otra vergüenza de magnitud. Se trajeron de testigo
nada menos que a los captores y secuestradores de los defensores.
Éstos, al no soportan sus contradicciones ante el interrogatorio de la
defensa técnica, en muchos casos, evidenciaron sus mentiras con
respuestas como: “no me acuerdo”, “no se”, “escribí el acta de la
captura, pero no me acuerdo el contenido del mismo…”
En ese
contexto, la Audiencia se convirtió en un podio donde la acusada Blanca
Julia Ajtún dio lecciones de dignidad y claridad de ideas en la defensa
de los derechos humanos.
“Soy defensora de derechos humanos. No una delincuente”
“Soy
Blanca Julia Ajtún Mejía, soy defensora de derechos humanos y capacito
al resto de las mujeres en mi organización para que conozcan y defiendan
sus derechos violentados... Me detuvieron y secuestraron los agentes de
ENERGUATE sin que existiera orden de captura en mi contra. Sólo por
abrirle los ojos al pueblo dormido. Señor Juez, soy defensora de
derechos humanos, no una delincuente”, sentenció con voz firme la
acusada.
Y mirándole a los ojos al abogado de ENERGUATE le dijo:
“Ud. fue el que planificó mi secuestro. De su cara no me olvido. Ud.
estuvo allí riéndose cuando me maltrataban, pidiendo que nos detuvieran
preventivamente en la Policía Nacional”.
Así, entre el evidente
nerviosismo y tartamudeo del Fiscal y la desesperación del abogado
querellante, la Audiencia prosiguió hasta las 16:30 horas. Momento en el
que el Juez notificó a las partes para el próximo 22 de febrero, a las
9:00 horas, para proseguir con el debate en curso.
Mientras esto
ocurría en la sala de audiencias, en las puertas de la Torre de
Tribunales, más de un centenar de indígenas y campesinos organizados en
resistencia, provenientes de los municipios aledaños, permanecieron en
vigilia silenciosa, bajo el sol ardiente, adornados con sus pancartas,
en defensa de sus defensores mayores, ahora, criminalizados.
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