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El año 2015 fue todo un reto para el multilateralismo, especialmente en relación con las cuestiones de desarrollo.
La
Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo (FPD) de Addis Abeba tuvo pocos avances reales. Sin embargo,
la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de septiembre recuperó las esperanzas con un ambiciosa Agenda 2030 de carácter universal.
Más recientemente, la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en París en diciembre, llegó a un acuerdo tras el fracaso de 2009 en Copenhague.
Sin
embargo, mientras los países en desarrollo se comprometieron con
criterios de justicia climática, la mayoría de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no estuvieron a la altura, luego de incumplir los compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto.
Aunque
se realice en su totalidad, el acuerdo de París por sí solo no evitará
las consecuencias desastrosas del cambio climático ya que las
temperaturas medias globales aumentarán dos grados Celsius por encima de
los niveles preindustriales.
La reunión ministerial que la Organización Mundial de Comercio
(OMC) celebró en diciembre en Nairobi fue otro revés, ya que Estados
Unidos y sus aliados intentaron rematar la Ronda de Doha de
negociaciones comerciales, empujando a la propia OMC a una crisis
existencial.
Si la ronda queda inconclusa les permitirá incumplir
los compromisos que asumieron en 2001 para convencer a los países en
desarrollo de volver a la mesa de negociaciones después del desastre
ministerial de Seattle.
En la última década Estados Unidos y
muchos países de la OCDE han sido cada vez más reacios a hacer
concesiones significativas en las negociaciones económicas
multilaterales. Un factor clave fueron las recientes iniciativas
plurilaterales que lideró Washington tras la designación de Michael
Froman como representante de Comercio de ese país.
Como argumento
para liquidar la Ronda de Doha, Froman citó el Acuerdo Transpacífico de
Asociación para la Cooperación Económica (TPP, en inglés), negociado en
octubre de 2015 en Atlanta. Mientras tanto, la Unión Europea comenzó
las negociaciones con Estados Unidos para una Asociación Transatlántica
para el Comercio y la Inversión (TTIP).
No es de sorprender que
la mayoría de los países en desarrollo quieran que la Ronda de Doha
continúe, con la esperanza de finalmente realizar las promesas de 2001
para rectificar los últimos resultados de la Ronda de Uruguay, que
socavaron las perspectivas de seguridad alimentaria y desarrollo.
Al
socavar las negociaciones multilaterales de la OMC, los acuerdos
comerciales bilaterales y plurilaterales son la antítesis de lo que
pretenden hacer, es decir, liberalizar el comercio. Para entrar en
vigor, el TPP primero debe ser ratificado en el plano nacional.
El objetivo real no es el comercio
Aunque
se presenta como un acuerdo comercial, el TPP no refiere principalmente
al “libre comercio”. Estados Unidos y muchos de sus socios en el TPP
son algunas de las economías más abiertas del mundo. Las principales
restricciones comerciales tienen que ver con las barreras no
arancelarias, como los subsidios agrícolas estadounidenses, que el
tratado no abarca.
De hecho, el TPP protegerá a los intereses
contrarios al libre comercio ya que fortalecerá los monopolios de los
derechos de propiedad intelectual (DPI), aun más que las disposiciones
onerosas del acuerdo de la OMC sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, especialmente para las grandes
empresas farmacéuticas, de medios de comunicación, de tecnología de la
información, entre otras.
Por ejemplo, el acuerdo permitirá que
las farmacéuticas tengan monopolios de mayor duración sobre los
medicamentos patentados, alejará a los genéricos – más baratos – del
mercado y bloqueará el desarrollo y la disponibilidad de medicamentos
“similares” nuevos.
La evidencia demuestra que los DPI apenas
promueven la investigación y podrían impedir o retrasar la innovación.
Las disposiciones del TPP también limitarán la competencia, aumentarán
los precios al consumo, restringirán la regulación financiera y serán
una amenaza para la salud pública y el bien común.
El acuerdo
también reforzará los derechos de los inversores extranjeros a expensas
de las empresas locales y el interés público. Su sistema de solución de
controversias entre inversores y el Estado (ISDS) obliga a los gobiernos
a compensar a los primeros por la pérdida de las ganancias previstas.
El
ISDS confiere a los inversores extranjeros el derecho de demandar a los
gobiernos nacionales por cambios normativos o de políticas que reduzca
ostensiblemente la rentabilidad esperada de sus inversiones.
El
sistema dificulta a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones
básicas, como la protección de la salud y la seguridad de sus
ciudadanos, la conservación ambiental y la estabilidad económica. Por
ejemplo, si un gobierno prohíbe un producto químico tóxico tendría que
compensar a los proveedores por las pérdidas sufridas, en lugar de
exigirles a las empresas que indemnicen a las víctimas.
Las
empresas extranjeras insisten en que el ISDS es necesario en aquellos
lugares sin Estado de derecho ni tribunales confiables. Pero Estados
Unidos aspira a lo mismo en el TTIP con la UE, al impugnar la integridad
de los sistemas legales y judiciales europeos.
El factor político del TPP
No
es ningún secreto que el motivo principal para que Estados Unidos apoye
el TPP ha sido debilitar a China. En palabras del presidente Barack
Obama, “con el TPP, China no establece las reglas en esa región,
nosotros lo hacemos”.
El amplio apoyo que recibió el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
propuesto por China, incluso de aliados tradicionales de Estados
Unidos, fue una vergüenza que la Casa Blanca quería superar con
desesperación.
El TPP también atentaría contra el compromiso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con una “zona de paz, libertad y neutralidad”.
Si
se toman en cuenta los beneficios económicos insignificantes y los
grandes riesgos que se manejan, los gobiernos de países en desarrollo
que se incorporan al tratado lo hacen principalmente por razones
políticas, mientras ruegan que ellos mismos no tengan que pagar un alto
costo político por sus consecuencias.
La adopción del TPP
alentará más acuerdos multilaterales y bilaterales. Aunque este tipo de
arreglos minen el multilateralismo comercial, la OMC y otros siguen
manteniendo el pretexto de la complementariedad y la coherencia.
El
Norte empleará la amenaza de abandonar la Ronda de Doha para extraer
más concesiones del Sur, que todavía insiste en la necesidad de esa
ronda para realizar al menos algunas de sus aspiraciones de desarrollo y
seguridad alimentaria.
El debilitamiento de las perspectivas del
multilateralismo económico –en cuanto a las finanzas en Addis Abeba y
el comercio en Nairobi-, así como varios acontecimientos recientes más
–incluidas las realineaciones políticas de la “guerra contra el
terrorismo”- amenazan con transformar irreversiblemente las relaciones
internacionales contemporáneas, a expensas del desarrollo sostenible y
los países en desarrollo.
Jomo Kwame Sundaram, exsecretario
general adjunto responsable del análisis del desarrollo económico en el
sistema de la Organización de las Naciones Unidas entre 2005 y 2015. En
2007 obtuvo el premio Wassily Leontief por expandir las fronteras del
pensamiento económico.Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2016/02/el-acuerdo-transpacifico-una-amenaza-al-multilateralismo/
Traducido por Álvaro Queiruga
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