John Pilger
Adital
Uno
de los abortos épicos de la justicia de nuestro tiempo está resolviéndose. El
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas –el
tribunal internacional que adjudica y decide si los gobiernos cumplen sus
obligaciones respecto a los derechos humanos- ha dictaminado que Julian Assange
ha sido ilegalmente detenido por Gran Bretaña y Suecia.
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Después de cinco años luchando para limpiar su nombre
–calumniado sin descanso aunque sin acusarle de delito alguno-, Assange está
más cerca de la justicia y exculpación, y quizá de la libertad, que en ningún
otro momento desde que fue arrestado y recluido en Londres en virtud de una
orden de extradición europea, ahora desacreditada por el Parlamento.
El grupo de trabajo de la ONU basa su dictamen en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros tres tratados que son vinculantes
para todos sus firmantes. Tanto Gran
Bretaña como Suecia han participado en la larga investigación de dieciséis
meses de la ONU, presentando pruebas y defendiendo su posición ante el tribunal.
Actuarían despectivamente ante el derecho internacional si no cumplieran la
sentencia y no permitieran que Assange abandonara el refugio que el gobierno
ecuatoriano le ha garantizado en su embajada en Londres.
En celebrados casos anteriores dictaminados por el
Grupo de Trabajo –Aung Sang Suu Kyi en Birmania, el dirigente de la oposición
encarcelado en Malasia Anwar Ibrahim, el periodista del Washington Post
detenido en Irán Jason Rezaian-, tanto Gran Bretaña como Suecia apoyaron al
tribunal. La diferencia ahora es que la
persecución y confinamiento de Assange tiene lugar en el corazón de Londres.
El caso Assange no se debe ante todo a las alegaciones
de conducta sexual inapropiada en Suecia, donde la fiscal jefe de Estocolmo,
Eva Finne, descartó el caso diciendo: "No creo que haya razón alguna para
sospechar que ha cometido una violación”,
y una de las mujeres implicadas acusó a la policía de fabricar pruebas y de
tratar de "encajarlas” y de protestar porque ella "no quisiera acusar de nada a
Julian Assange”, y una segundo fiscal volvió a abrir misteriosamente el
caso después de una intervención política y luego lo paró.
El caso Assange hunde sus raíces a través del Atlántico en un Washington dominado por el
Pentágono, obsesionado con perseguir y procesar a los denunciantes,
especialmente a Assange por haber expuesto en WikiLeaks los gravísimos crímenes
de EEUU en Afganistán e Iraq: la matanza indiscriminada de civiles y el
desprecio por la soberanía y el derecho internacional.
Nada de esto, decir la verdad, es ilegal en virtud de
la Constitución estadounidense. Barack Obama, profesor de derecho
constitucional, cuando era candidato presidencial en 2008 alabó a los
denunciantes como "parte de una democracia sana y a quienes debe protegerse de
represalias”.
Obama,
el traidor, ha perseguido desde entonces a más denunciantes que todos los
presidentes estadounidenses juntos. La valiente Chelsea
Manning cumple una sentencia de 35 años de cárcel tras haber sido torturada
durante el largo período de detención anterior al juicio.
La perspectiva de un destino similar ha colgado sobre
Assange como una espada de Damocles. Según documentos publicados por Edward
Snowden, Assange está en una "lista de caza de hombres”. El vicepresidente Joe
Biden le ha llamado "terrorista cibernético”. En Alexandra, Virginia, un gran
jurado secreto ha tratado de inventar un delito por el que Assange pueda ser
procesado por un tribunal. Aunque no sea
estadounidense, se le está intentando enredar desenterrando una ley de hace un
siglo contra el espionaje, utilizada para silenciar a los objetores de
conciencia durante la I Guerra Mundial; el Acta de Espionaje tiene
disposiciones para castigar tanto con cadena perpetua como con pena de muerte.
La capacidad de defenderse de Assange en este mundo
kafkiano se ha visto entorpecida al declarar EEUU que su caso es secreto de Estado. Un tribunal federal ha bloqueado la
publicación de cualquier información acerca de lo que se conoce como la
investigación de "seguridad nacional” de WikiLeaks.
El papel secundario en esta farsa lo ha jugado la
segunda fiscal sueca, Marianne Ny. Hasta hacer poco, Ny se había negado a
cumplir un procedimiento europeo de rutina que le exigía viajar a Londres para
interrogar a Assange y así hacer avanzar el caso que James Catlin, uno de los
abogados de Assange, llamó "un hazmerreir… es como si fueran inventándolo
mientras intentan seguir adelante”.
De hecho, incluso antes de que Assange abandonara
Suecia hacia Londres en 2010, Marianne Ny no hizo intento alguno de
interrogarle. En los años siguientes no ha explicado nunca de forma adecuada,
incluso ante sus propias autoridades judiciales, por qué no completó el caso
que con tanto entusiasmo volvió a abrir, al igual que nunca ha explicado por
qué se ha negado a garantizar a Assange que no será extraditado a EEUU en
virtud de un acuerdo secreto entre Estocolmo y Washington. En 2010, el Independent de Londres reveló que los dos gobiernos habían
discutido de forma anticipada sobre la extradición de Assange.
Luego tenemos al diminuto y valiente Ecuador. Una de
las razones por las que Ecuador concedió asilo político a Julian Assange fue
porque su propio gobierno, en Australia, no le había ofrecido la ayuda a la que
tiene legalmente derecho y le había abandonado. La colusión de Australia con EEUU contra un ciudadano propio queda
clara en documentos filtrados; no tiene EEUU vasallos más leales que los
obedientes políticos de las Antípodas.
Hace cuatro años, en Sidney, pasé varias horas con
Malcolm Turnbull, miembro liberal del parlamento federal. Debatimos sobre las
amenazas a Assange y sus amplias implicaciones para la libertad de expresión y
la justicia, y por qué Australia estaba obligada a apoyarle. Turnbull es ahora
el primer ministro de Australia y, mientras escribo estas líneas, está
asistiendo a una conferencia internacional sobre Siria acogida por el gobierno
de Cameron, a unos quince minutos en taxi de la habitación que Julian Assange
lleva ocupando desde hace tres años y medio en la pequeña embajada ecuatoriana,
justo al lado de Harrod’s.
La
conexión siria es importante aunque no se hable de ella; fue WikiLeaks quien
reveló que EEUU había planeado hacía tiempo derrocar al gobierno de Asad en
Siria. Hoy en día, entre encuentros y saludos, el primer
ministro Turnbull tiene la oportunidad de contribuir a la conferencia con un
propósito y verdad mínimos dejando oír su voz en defensa de un compatriota
injustamente encarcelado por el que tanta preocupación mostró cuando nos
reunimos. Todo lo que tiene que hacer es citar el dictamen del Grupo de Trabajo
de la ONU sobre Detenciones Arbitraria. ¿Recuperará así una parte de la
reputación de Australia para el mundo decente?
De lo que no cabe duda es que el mundo decente le debe mucho a Julian Assange. Nos contó cómo se
comporta en secreto el poder indecente, cómo
miente y manipula y se involucra en actos de enorme violencia, en mantener guerras que matan y mutilan y
en convertir a millones de seres en los refugiados que vemos en las noticias.
Sólo por contarnos esa verdad Assange ya se ha ganado
su libertad, aunque tiene derecho a la justicia.
Fuente en inglés: www.johnpilger.com
Fuente en español: Rebelión
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