El
10 de diciembre de 1948, se firma la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que en su Artículo 13 a letra dice: Toda persona tiene
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.
Sesenta y siete (67) años han transcurrido desde esta Declaración, a la que se suman las convenciones internacionales posteriores que incluyen los derechos particulares de mujeres, niñez, discapacitados, migrantes y otras, todas signadas por México, que además, hace cuatro años promulgó nuestra primer Ley de Migración que prometía grandes avances en el respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por el país según consta en la versión estenográfica de la sesión del 24 de febrero del 2011, donde los discursos de los senadores anunciaban libertad de tránsito y festinaban la inclusión, en el artículo 2 de la Ley, el llamado decálogo de los derechos humanos del migrante.
Más aun, al siguiente mes de promulgó la reforma al artículo primero constitucional donde se enuncia que tanto nacionales como extranjeros gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a principios de este año, hizo las siguientes declaraciones acerca de nuestro país: “México es un claro ejemplo de la forma en que la violencia criminal sin control puede poner en peligro los logros democráticos conseguidos con tanto esfuerzo. He expresado reiteradamente mi preocupación por la violencia generalizada en algunas partes de América Central y en México, y los presuntos vínculos entre la delincuencia organizada, las fuerzas de seguridad y locales y autoridades centrales. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, sino que interpela a las autoridades a tomar medidas decisivas para acabar con la impunidad y prevenir este tipo de delitos en el futuro”.
Declaración que se agrega a las múltiples llamadas de atención emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el parlamento Europeo Amnistía Internacional y numerosas instancias internacionales.
Si las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos son motivo de atención y preocupación internacional, los migrantes en tránsito, particularmente a partir del 2006 se enfrentan a un demoledor incremento de la inseguridad que los sitúa en un escenario de extorsiones, asaltos, violaciones, secuestros, desaparición forzada, y muerte, escenario que se ha acentuado y agravado por el aumento de la violencia en México y en los países centroamericanos.
A pesar de la emisión de leyes, firmas de convenciones internacionales y declaraciones de intención, es evidente que nuestra practica en política migratoria forma parte de la política de los Estados Unidos y responde a la presión que ejerce nuestro principal socio comercial, particularmente después de los atentados de Septiembre del 2001 y más recientemente con la llamada “crisis humanitaria” decretada por Barack Obama en el verano del 2014, excusas ideales para un severo endurecimiento del control de las fronteras, resultando en las constantes y cada vez más violentas acciones de detención de migrantes indocumentados potenciadas por el “Plan Frontera Sur”, estrategias de contención que invierten millones de dólares en “ayuda” militar, desestimando el rol que juegan la potencias político-económicas en crear el mismo éxodo que intentan contener por la fuerza.
Las cifras que dan cuenta de la eficiencia de los programas de contención violenta de la migración en tránsito por México, indican que un del 80% no logra su propósito y se monta al carrusel de intento-deportación-intento, para con suerte, lograr cruzar y establecerse en los Estados Unidos, (18.3%). México, su principal obstáculo, deporta al 52.2. % mientras que los Estados unidos detienen a 29.5%. En las estimaciones acerca del volumen de migrantes que cruzan por México, no se incluyen a aquellos de quienes se perdió la huella de los que tampoco se cuenta con datos duros y confiables para determinar su cantidad, son los invisibles entre los invisibles.
Se estima que hay entre 70,000 a 120,000 migrantes no localizados en tránsito por México a partir del 2006, de quienes no se cuenta con datos confiables que determinen su cantidad. Las magras cifras oficiales sólo reflejan que los familiares de los desaparecidos, no pueden venir a México, por falta de recursos o de documentos migratorios, a fincar sus denuncias formales a los ministerios públicos, única puerta de entrada al sistema de registro oficial, por lo cual no pueden considerarse ni remotamente adecuadas. Estas estimaciones se basan en el segundo Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en febrero de 2011, que da cuenta de un registro de 214 eventos de secuestro con un total de 11,333 víctimas en solo seis meses. 70,000 a 120,000 migrantes no localizados en tránsito por México a partir del 2006.
La colusión de la autoridad mexicana de todos los niveles de gobierno con la delincuencia, bien sea por acción, omisión, negligencia, colusión, protección o complicidad, está plenamente acreditada. A partir del año 2010, el gobierno de México ya no pudo seguir ocultando las masacres ni las fosas clandestinas -que contienen tanto a mexicanos como a migrantes. La noticia de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, dio la vuelta al mundo y se conoció que los policías municipales de San Fernando estuvieron involucrados en la muerte de los migrantes asesinados realizando labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber al observar, sin ejercer acción, delitos cometidos por miembros de la organización criminal “Los Zetas”.
La desaparición forzada es el gran tema. Esta es una tragedia que une tanto a las familias mexicanas como a las centroamericanas. México tiene una enorme deuda que cubrir y tiene que rendir cuentas de lo que le sucede a la gente dentro de su territorio como garante de la seguridad social y personal. Los instrumentos internacionales consideran que la comisión de delito de desaparición forzada transgrede en perjuicio de la victima el derecho a la seguridad personal, a su libertad, a la vida, a no ser sometido a torturas y a otras penas o a tratos crueles e inhumanos o degradantes.
Las cifras sobre desaparición forzada en nuestro país han reflejado un incremento considerable en los últimos años, según cifras del Registro Nacional de Personas desaparecidas o extraviadas de la Secretaría de gobernación publicadas en octubre de 2014, 22.610 personas habían desaparecido, desde el primero de diciembre del 2006 y a fecha de octubre de 2014 seguían en paradero desconocido. Casi el 50% de esas desapariciones tuvieron jugar entre 2012 y 2014. El Secretario de Gobernación compareció ante e Senado y reconoció que hasta el 31 d dic de 2014 existían 24,812 personas desaparecidas basadas en denuncias actuales, a sabiendas que un gran número quedan sin ser presentados a la autoridad judicial, tanto de mexicanos como de la mayoría de los extranjeros.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (28 de mayo de 1996), obliga a los estados miembros a tipificar el delito de desaparición forzada en su derecho interno acorde a los estándares internacionales. México ratifica esta convención que entró en vigor en mayo de 2002.
Trece años después, México aun no ha legislado en la materia. Apenas el pasado 10 de julio se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que da atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia de Desaparición Forzada, y así cumplir con los compromisos internacionales adquiridos al tipificar esta conducta penal. Cuando se legisle, se podrá exigir la búsqueda de los desaparecidos y buscar conocer la verdad de lo acontecido.
Actualmente el senado de la republica tiene 5 iniciativas turnadas a comisiones unidas para que dictaminar y expedir la Ley sobre la Desaparición Forzada y la desaparición de personas por particulares, que debe reunir las condiciones fijadas por la norma internacional en la materia- Esta ley, fijara los criterios para una política integral y debe poner especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derecho humanos y periodistas además de contar con la opinión de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.
En esta ley de desaparición forzada se debe considerar especialmente a los migrantes que se encuentran en tránsito por el territorio mexicano ya que son presa fácil de secuestros y asesinatos que casi nunca son denunciados por a insalvable dificultad de presentarse ante un ministerio publico en México cuando faltan los recursos de los familiares, no se consigue in ingreso documentado al país, y no hay mecanismos de coordinación internacionales para denunciar desde sus países de origen, siendo que presentar la denuncia es condición para que se garantice la búsqueda de víctimas, búsqueda y el reconocimiento de la calidad de víctima, así como las condiciones de seguridad y los recursos económicos amparados en la ley.
En los pasillos de la cámara de los senadores, se escuchan rumores de que el proceso legislativo, en lo que concierne a la ley de desaparición forzada está en suspenso, esperando a que el poder ejecutivo presente al senado su propia iniciativa de ley general sobre desaparición forzada con el propósito de expedir una ley que cuente con el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Desde esta tribuna que nos dan los medios masivos de comunicación, y con los familiares de los migrantes desaparecidos en tránsito por México como testigos de honor, exigimos a las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos que concluyan la discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, incorporando en su redacción a los grupos vulnerables, específicamente a los migrantes en tránsito por el territorio mexicano y a las organizaciones de la sociedad civil que los defienden.
Así, mientras esperamos impotentes que lleguen las soluciones institucionales, el tema migrante transita entre fosas clandestinas, desapariciones, muertos en la frontera, violaciones sexuales, extorsiones y condicionantes geopolíticas, hoy, con nosotros se encuentran madres y padres, hermanos y hermanas centroamericanos en busca de sus seres queridos que no están ni en su lugar de origen, ni en el lugar de destino, y la última comunicación que recibieron fue desde aquí, desde el país de tránsito.
———–
“No, esa no es, no te preocupes… esa fosa es de migrantes”
-Comentario de un funcionario público durante trabajos de mapeo de fosas clandestinas
“Hija Escucha, Tu madre está en la lucha”
#NosHacenFaltaTodos
Facebook: http://on.fb.me/1NMvu2b
Twitter: https://twitter.com/MMMesoamericano
Web: www.movimientomigrantemesoanericano.org
Fuente: http://www.cipamericas.org/es/archives/17890
Sesenta y siete (67) años han transcurrido desde esta Declaración, a la que se suman las convenciones internacionales posteriores que incluyen los derechos particulares de mujeres, niñez, discapacitados, migrantes y otras, todas signadas por México, que además, hace cuatro años promulgó nuestra primer Ley de Migración que prometía grandes avances en el respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por el país según consta en la versión estenográfica de la sesión del 24 de febrero del 2011, donde los discursos de los senadores anunciaban libertad de tránsito y festinaban la inclusión, en el artículo 2 de la Ley, el llamado decálogo de los derechos humanos del migrante.
Más aun, al siguiente mes de promulgó la reforma al artículo primero constitucional donde se enuncia que tanto nacionales como extranjeros gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a principios de este año, hizo las siguientes declaraciones acerca de nuestro país: “México es un claro ejemplo de la forma en que la violencia criminal sin control puede poner en peligro los logros democráticos conseguidos con tanto esfuerzo. He expresado reiteradamente mi preocupación por la violencia generalizada en algunas partes de América Central y en México, y los presuntos vínculos entre la delincuencia organizada, las fuerzas de seguridad y locales y autoridades centrales. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, sino que interpela a las autoridades a tomar medidas decisivas para acabar con la impunidad y prevenir este tipo de delitos en el futuro”.
Declaración que se agrega a las múltiples llamadas de atención emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el parlamento Europeo Amnistía Internacional y numerosas instancias internacionales.
Si las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos son motivo de atención y preocupación internacional, los migrantes en tránsito, particularmente a partir del 2006 se enfrentan a un demoledor incremento de la inseguridad que los sitúa en un escenario de extorsiones, asaltos, violaciones, secuestros, desaparición forzada, y muerte, escenario que se ha acentuado y agravado por el aumento de la violencia en México y en los países centroamericanos.
A pesar de la emisión de leyes, firmas de convenciones internacionales y declaraciones de intención, es evidente que nuestra practica en política migratoria forma parte de la política de los Estados Unidos y responde a la presión que ejerce nuestro principal socio comercial, particularmente después de los atentados de Septiembre del 2001 y más recientemente con la llamada “crisis humanitaria” decretada por Barack Obama en el verano del 2014, excusas ideales para un severo endurecimiento del control de las fronteras, resultando en las constantes y cada vez más violentas acciones de detención de migrantes indocumentados potenciadas por el “Plan Frontera Sur”, estrategias de contención que invierten millones de dólares en “ayuda” militar, desestimando el rol que juegan la potencias político-económicas en crear el mismo éxodo que intentan contener por la fuerza.
Las cifras que dan cuenta de la eficiencia de los programas de contención violenta de la migración en tránsito por México, indican que un del 80% no logra su propósito y se monta al carrusel de intento-deportación-intento, para con suerte, lograr cruzar y establecerse en los Estados Unidos, (18.3%). México, su principal obstáculo, deporta al 52.2. % mientras que los Estados unidos detienen a 29.5%. En las estimaciones acerca del volumen de migrantes que cruzan por México, no se incluyen a aquellos de quienes se perdió la huella de los que tampoco se cuenta con datos duros y confiables para determinar su cantidad, son los invisibles entre los invisibles.
Se estima que hay entre 70,000 a 120,000 migrantes no localizados en tránsito por México a partir del 2006, de quienes no se cuenta con datos confiables que determinen su cantidad. Las magras cifras oficiales sólo reflejan que los familiares de los desaparecidos, no pueden venir a México, por falta de recursos o de documentos migratorios, a fincar sus denuncias formales a los ministerios públicos, única puerta de entrada al sistema de registro oficial, por lo cual no pueden considerarse ni remotamente adecuadas. Estas estimaciones se basan en el segundo Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en febrero de 2011, que da cuenta de un registro de 214 eventos de secuestro con un total de 11,333 víctimas en solo seis meses. 70,000 a 120,000 migrantes no localizados en tránsito por México a partir del 2006.
La colusión de la autoridad mexicana de todos los niveles de gobierno con la delincuencia, bien sea por acción, omisión, negligencia, colusión, protección o complicidad, está plenamente acreditada. A partir del año 2010, el gobierno de México ya no pudo seguir ocultando las masacres ni las fosas clandestinas -que contienen tanto a mexicanos como a migrantes. La noticia de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, dio la vuelta al mundo y se conoció que los policías municipales de San Fernando estuvieron involucrados en la muerte de los migrantes asesinados realizando labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber al observar, sin ejercer acción, delitos cometidos por miembros de la organización criminal “Los Zetas”.
La desaparición forzada es el gran tema. Esta es una tragedia que une tanto a las familias mexicanas como a las centroamericanas. México tiene una enorme deuda que cubrir y tiene que rendir cuentas de lo que le sucede a la gente dentro de su territorio como garante de la seguridad social y personal. Los instrumentos internacionales consideran que la comisión de delito de desaparición forzada transgrede en perjuicio de la victima el derecho a la seguridad personal, a su libertad, a la vida, a no ser sometido a torturas y a otras penas o a tratos crueles e inhumanos o degradantes.
Las cifras sobre desaparición forzada en nuestro país han reflejado un incremento considerable en los últimos años, según cifras del Registro Nacional de Personas desaparecidas o extraviadas de la Secretaría de gobernación publicadas en octubre de 2014, 22.610 personas habían desaparecido, desde el primero de diciembre del 2006 y a fecha de octubre de 2014 seguían en paradero desconocido. Casi el 50% de esas desapariciones tuvieron jugar entre 2012 y 2014. El Secretario de Gobernación compareció ante e Senado y reconoció que hasta el 31 d dic de 2014 existían 24,812 personas desaparecidas basadas en denuncias actuales, a sabiendas que un gran número quedan sin ser presentados a la autoridad judicial, tanto de mexicanos como de la mayoría de los extranjeros.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (28 de mayo de 1996), obliga a los estados miembros a tipificar el delito de desaparición forzada en su derecho interno acorde a los estándares internacionales. México ratifica esta convención que entró en vigor en mayo de 2002.
Trece años después, México aun no ha legislado en la materia. Apenas el pasado 10 de julio se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que da atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia de Desaparición Forzada, y así cumplir con los compromisos internacionales adquiridos al tipificar esta conducta penal. Cuando se legisle, se podrá exigir la búsqueda de los desaparecidos y buscar conocer la verdad de lo acontecido.
Actualmente el senado de la republica tiene 5 iniciativas turnadas a comisiones unidas para que dictaminar y expedir la Ley sobre la Desaparición Forzada y la desaparición de personas por particulares, que debe reunir las condiciones fijadas por la norma internacional en la materia- Esta ley, fijara los criterios para una política integral y debe poner especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, defensores de derecho humanos y periodistas además de contar con la opinión de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.
En esta ley de desaparición forzada se debe considerar especialmente a los migrantes que se encuentran en tránsito por el territorio mexicano ya que son presa fácil de secuestros y asesinatos que casi nunca son denunciados por a insalvable dificultad de presentarse ante un ministerio publico en México cuando faltan los recursos de los familiares, no se consigue in ingreso documentado al país, y no hay mecanismos de coordinación internacionales para denunciar desde sus países de origen, siendo que presentar la denuncia es condición para que se garantice la búsqueda de víctimas, búsqueda y el reconocimiento de la calidad de víctima, así como las condiciones de seguridad y los recursos económicos amparados en la ley.
En los pasillos de la cámara de los senadores, se escuchan rumores de que el proceso legislativo, en lo que concierne a la ley de desaparición forzada está en suspenso, esperando a que el poder ejecutivo presente al senado su propia iniciativa de ley general sobre desaparición forzada con el propósito de expedir una ley que cuente con el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Desde esta tribuna que nos dan los medios masivos de comunicación, y con los familiares de los migrantes desaparecidos en tránsito por México como testigos de honor, exigimos a las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos que concluyan la discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, incorporando en su redacción a los grupos vulnerables, específicamente a los migrantes en tránsito por el territorio mexicano y a las organizaciones de la sociedad civil que los defienden.
Así, mientras esperamos impotentes que lleguen las soluciones institucionales, el tema migrante transita entre fosas clandestinas, desapariciones, muertos en la frontera, violaciones sexuales, extorsiones y condicionantes geopolíticas, hoy, con nosotros se encuentran madres y padres, hermanos y hermanas centroamericanos en busca de sus seres queridos que no están ni en su lugar de origen, ni en el lugar de destino, y la última comunicación que recibieron fue desde aquí, desde el país de tránsito.
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“No, esa no es, no te preocupes… esa fosa es de migrantes”
-Comentario de un funcionario público durante trabajos de mapeo de fosas clandestinas
“Hija Escucha, Tu madre está en la lucha”
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Fuente: http://www.cipamericas.org/es/archives/17890
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