El nombramiento por decreto y sin la aprobación del Senado de dos jueces de la Corte Suprema, lleva al presidente argentino, Mauricio Macri, a hacer frente a una denuncia en su contra.
Era al principio del mes en curso cuando el nuevo Gobierno argentino oficializó el nombramiento de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia del país. Posteriormente, Ricardo Lorenzetti, presidente de la más alta instancia judicial argentina, aseguró que los nuevos magistrados “son bienvenidos” a la Corte, sin indicar que la decisión de Macri no ha contado con la aprobación del Senado.
En reacción, Pablo Llonto y Eduardo Tavani dos abogados vinculados con la defensa de los Derechos Humanos y sociales, han denunciado este jueves penalmente al presidente, Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, por el delito de “abuso de autoridad”.
Según la denuncia, presentada por los abogados Pablo Llonto y Eduardo Tavani, patrocinados por una exjueza federal, la designación de dos jueces por decreto “contraría lo que es constitucionalmente lo debido y obligatorio” y constituye “un procedimiento ilegal y manifiestamente violatorio de la Ley Suprema”.
Asimismo el texto afirma que basado en el artículo 99 de la Constitución argentina, el presidente del país tiene que nombrar “los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
El resultado de la medida de los denunciantes podría involucrar a los altos funcionarios en un escándalo puesto que teniendo en cuenta el artículo 248 del Código Penal del país suramericano “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes”.
Macri, después de haberse instalado en la Casa Rosada, ha suscrito algunos decretos que han recibido duras críticas tanto por parte de los políticos del país como por la nación argentina en su conjunto.
La decisión de los dos abogados se ha producido un día después de que el mandatario argentino eliminara de golpe dos organismos reguladores de los medios de comunicación audiovisuales.
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