 Por Néstor Rosa-Marbrell
San
Juan, 25 dic (PL) En una acción que revoca su histórica postura desde
hace 63 años, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que el Estado
Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico no goza de soberanía.
Sin emplear el término, el procurador general estadounidense, Donald
Verrilli, admitió que Puerto Rico mantiene su condición de colonia a
pesar de la representación que Washington hizo en 1953 ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La intervención de
Verrilli como "amigo de la corte" en el caso judicial Pueblo de Puerto
Rico vs. Sánchez Valle recurrido al Tribunal Supremo de Estados Unidos
bajo el alegato de "doble exposición", al ser acusado en el tribunal
federal en San Juan y ante el foro puertorriqueño, ha desatado de
inmediato un maremágnum político.
El gobernante puertorriqueño,
Alejandro García Padilla, estableció que el ELA goza de una relación sin
paralelo en el andamiaje constitucional estadounidense.
García
Padilla reafirmó la postura tradicional del oficialista Partido Popular
Democrático (PPD), que preside, que asumió como propio el Estado Libre
Asociado (ELA) establecido el 25 de julio de 1952, mismo día que 54 años
antes Estados Unidos invadió por el sur a Puerto Rico en 1898.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de contradecir este
aspecto al sostener que la constitución del ELA hace poco más de seis
décadas no transformó la relación territorial que Puerto Rico mantiene
con Washington, al solicitar intervenir en el caso de doble exposición
judicial, que se ventilará en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Para el mandatario puertorriqueño esta isla del Caribe, como ELA, "goza
de una relación sin paralelo en el andamiaje constitucional
estadounidense".
Anticipó que su administración "continuará
insistiendo en su posición", a través del Ministerio de Justicia de
Puerto Rico, por lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá que
"enfrentar definitivamente este asunto".
"La pregunta planteada
ante el máximo foro federal es si Puerto Rico posee un grado de
soberanía propia que le permite acusar criminalmente a personas que han
sido convictas por el mismo delito en un tribunal federal", dijo el
gobernador.
La diputada Jenniffer González, vicepresidenta del
anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), apostilló que la postura
del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que ha hecho es
reafirmar los planteamientos de ese sector sobre la condición
"territorial" de Puerto Rico.
La legisladora, quien aspira a
ocupar en la boleta del PNP la candidatura a delegada de Puerto Rico
ante el Congreso en Washington para las elecciones de noviembre de 2016,
subrayó que "el gobierno federal nos dice lo que es evidente, el ELA es
una colonia y no garantiza la ciudadanía americana de forma
permanente".
Atribuyó a esta situación que Puerto Rico reciba un
trato injusto y discriminatorio con relación a los programas de
asistencia federal y no permite ejercer el derecho al voto en la nación a
la cual la Isla está subordinada.
Washington impuso en 1917,
mediante la Ley Jones, la ciudadanía estadounidense a los
puertorriqueños para reclutarlos como soldados durante la Segunda Guerra
Mundial, por lo que no está vinculada al establecimiento del ELA 35
años después.
"Es hora de que todos los que atesoramos nuestra
relación permanente con Estados Unidos y la ciudadanía americana nos
demos cuenta que solo la estadidad (anexión) garantiza la ciudadanía
americana y el vínculo indisoluble, siendo el verdadero plan para que
Puerto Rico salga de su crisis económica", manifestó González.
En 1953, Estados Unidos alegó ante la Organización de las Naciones
Unidas que Puerto Rico había alcanzado soberanía propia, por lo que no
tenía que rendir más informes sobre su condición colonial.
"Curiosamente, el propio Procurador General señala en su escrito que ha
decidido adoptar una posición reñida con las posturas previas de su
oficina en cuanto a la soberanía del Estado Libre Asociado. Esa posición
del Procurador General es también contraria a toda la jurisprudencia
vigente del Tribunal Supremo federal", observó García Padilla.
El gobernador insistió en que "Puerto Rico no es un mero territorio,
sino que goza de una relación sin paralelo en el andamiaje
constitucional estadounidense".
Una decisión del Tribunal
Supremo de Estados Unidos mantiene que "Puerto Rico pertenece a pero no
es parte de Estados Unidos", lo que ha llevado en el pasado a sugerir
que, incluso, se le puede vender a otra nación.
El sector
independentista ha sostenido históricamente que desde la invasión en
1898 Puerto Rico ha permanecido bajo la subordinación de Washington, por
lo que no ha alcanzado ningún grado de soberanía, a pesar de tener un
limitado poder para su administración interna.
En los últimos
años, ha denunciado la izquierda boricua, Estados Unidos ha
intensificado su presencia en el país y ha asumido jurisdicción en áreas
que había quedado bajo el exclusivo dominio de las autoridades
puertorriqueñas.
En la actualidad, el Buró Federal de
Investigaciones (FBI) tiene una mayor actividad policial que en décadas
pasadas y el Tribunal de Distrito de Estados Unidos interviene cada vez
más en asuntos que antes quedaban reservados a los tribunales
puertorriqueños, lo que denota una pérdida de poder con relación a los
conferidos hace 63 años. |
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