Editorial La Jornada
La cancillería mexicana anunció ayer un acuerdo alcanzado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y nuestro país para efectuar una
prueba piloto, a realizarse en enero próximo, a fin de trasladar a México a algunos de los cubanos que desean viajar a Estados Unidos y que se encuentran varados en Costa Rica, luego que las autoridades de Nicaragua cerraron sus fronteras al tránsito de esos migrantes.
El ministro costarricense de Relaciones Exteriores, Manuel González,
puntualizó que la prueba consistirá en trasladar a los migrantes de
Costa Rica a El Salvador –con boletos pagados por ellos mismos– y de
ahí, llevarlos por tierra a través de Guatemala y México hacia la
frontera estadunidense. Si todo sale bien, la solución se aplicará a los
entre 5 mil y 7 mil cubanos que están en territorio costarricense.
El canciller González dijo sin embargo que la medida reviste un carácter
absolutamente excepcionaly regirá sólo para los isleños que ya se encuentran en Costa Rica, mas no para los que pretendan, en lo sucesivo, pasar por ese país, el cual suspendió recientemente las visas de tránsito a los ciudadanos de Cuba.
La medida anunciada ayer es positiva y humanitaria, sin duda, pero
del todo insuficiente; no sólo por su excepcionalidad sino también
porque deja intactos problemas de fondo que deben ser corregidos.
Los intentos de cubanos por llegar a Estados Unidos se han
incrementado a raíz del proceso de normalización de las relaciones entre
Washington y La Habana, debido al temor de algunos isleños de que la
regularización conduzca a la supresión de las condiciones de privilegio
de que gozan los ciudadanos de Cuba para obtener residencia
estadunidense. Pero esa prebenda no aplica a quienes se trasladan en
condiciones regulares de la isla hacia Estados Unidos, sino únicamente
para quienes logran llegar a territorio de la Unión Americana por mar o a
través de terceros países, lo que ha alentado la migración ilegal desde
hace décadas, además de que ha sido un doble rasero discriminatorio e
infame: a diferencia del resto de los latinoamericanos, a los cubanos
les basta con presentarse en un puesto fronterizo estadunidense y
declarar su nacionalidad para ingresar al país.
Con tales antecedentes, resulta inexplicable a primera vista
que gobiernos como los de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México
hayan cerrado el tránsito a ese flujo migratorio que no tiene a esos
países como destino final. Lo sensato, humano y correcto sería permitir
que esos cubanos atraviesen los territorios de esas naciones en
dirección a Estados Unidos.
La única razón que permite entender la intolerancia de los gobiernos
referidos es la presión desde Washington a fin de que impidan a los
cubanos llegar a territorio estadunidense, una presión que se ejerce de
manera furtiva, porque la Casa Blanca, si bien considera indeseable el
arribo de miles de isleños a su territorio, no puede contradecir
abiertamente sus propias políticas, aún vigentes, de aliento a la
migración de Cuba.
Hay datos sólidos para afirmar que México y Guatemala han sido
convertidos por Washington en una suerte de garitas migratorias
adelantadas a fin de obstaculizar el tránsito de centro y sudamericanos
hacia Estados Unidos. Todo indica que esa estrategia –que conlleva tanto
una injerencia como una sumisión injustificables– está siendo aplicada
ahora para cerrar el paso a los migrantes cubanos.
Pero para los gobiernos involucrados no hay razón legítima para
persistir en la aplicación de restricciones migratorias. Resulta
humanamente obligado que se permita a los cubanos el libre tránsito
hacia el país vecino del norte. Si las autoridades de Washington se
encuentran ahora atrapadas entre su legislación anticubana –la cual
pretendió siempre presentar a la isla como un infierno que sus
habitantes deseaban abandonar a toda costa– y su temor por una llegada
masiva de cubanos, a ellas corresponde encontrar una solución, y es
exigible que dejen de subrogar los problemas en esta materia a otras
naciones.
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