Verdad incinerada: a barandillas sólo llegó el capitán Crespo (Parte I)
Este reportaje -en 4
partes- del periodista Gustavo Sánchez, muestra algunas de las más
graves deficiencias en el expediente de la PGR, detectadas en su mayoría
por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Gustavo Sánchez B
Por: Gustavo Sánchez/ Aristegui Noticias
En menos de un siglo, la Normal Raúl Isidro Burgos
de Ayotzinapa ha vivido múltiples tragedias: la extraña muerte (febrero
de 1972) de Genaro Vázquez -un ex alumno de esa escuela, quien se
adentró a la guerrilla; el suicidio de un ex normalista que también tomó
las armas, Lucio Cabañas, quien con su muerte evitó caer en manos de
militares que lo acorralaban (diciembre de 1974); el asesinato de 2 normalistas (Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús) a manos de la policía del estado de Guerrero, durante un bloqueo en la Autopista del Sol (diciembre 2011); y, por supuesto -la mayor de sus tragedias-,
la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, el asesinato de 3
normalistas, y la agresión contra otros tantos (uno de ellos, Aldo
Gutiérrez, en estado de coma), la noche y madrugada funesta en Iguala,
Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Tragedia más tragedia.
Enclavada en Tixtla, Guerrero, en la escuela suelen encarnarse luchas y prenderse mechas después de su fundación, en 1926.
La indignación es una constante en los alumnos de la Normal: los
indigna la pobreza, la corrupción de la clase política, la ‘guerra
sucia’, la violencia acrecentada por los grupos criminales, la
incapacidad política, la indiferencia social y más factores, que han
sumido a Guerrero en una crisis que lleva años.
Pero lo ocurrido el 26 de septiembre cruzó como una flecha al corazón de la Normal.
A los padres de los desaparecidos les causó el más insospechado de
los dolores. A 15 meses de lo ocurrido, no le mueven ni una coma a su
demanda inicial: presenten con vida a los 43.
Ayotzinapa es como un cuerpo herido, en el que no se consigue una cicatriz y queda la herida abierta.
La falta de “cicatrización” se debe en parte a una investigación deficiente por parte del Estado mexicano.
En el expediente de la PGR, pese a los tachones y nombres borrados, no
se logra ocultar el desaseo, las irregularidades, omisiones, y en
ciertos puntos, un guión judicial detrás, que a la postre no permiten
conocer la verdad.
El caso -como ha insistido el propio gobierno federal- aún no está
cerrado y no se ha conseguido lo principal: establecer el paradero de
los jóvenes.
En los informes oficiales, el gobierno (PGR) se ha dedicado a presumir más de 100 detenciones, sobre todo de policías municipales y presuntos integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Estos últimos, en su mayoría, presentan marcas de tortura, según
reportaron los expertos de la CIDH, y al revisar el expediente,
encontramos que los inculpados en principio no quisieron rendir su
declaración hasta ser instruidos por un abogado.
Es precisamente en las declaraciones de los presuntos criminales, donde empieza a enredarse más la madeja.
Los expertos de la CIDH encontraron una serie de irregularidades en la llamada “verdad histórica”
que pronunció Jesús Murillo Karam el 27 de enero 2015, con base en las
declaraciones de presuntos miembros del cártel delincuencial Guerreros
Unidos.
En aquella ocasión, la PGR fue más allá de los dichos del procurador:
hizo una “recreación” de los “hechos” del 26 y 27 de septiembre de
2014, en un video que se volvió viral en las redes sociales:
En ese material de la Procuraduría, la voz en off indicó: “Ya en la comandancia de Iguala, le son entregados (los normalistas) al comandante Aceves
entre 10 y 15 estudiantes, los cuales son subidos a dos camionetas de
la policía, y trasladados a la carretera Iguala-Teloloapan, a la brecha
conocida como Loma del Coyote. Al llegar a la brecha, se dan cuenta que
ya estaban en el lugar 3 unidades de la policía que habían trasladado
aproximadamente 30 estudiantes más y que nunca fueron ingresados a la
comandancia”. Ni siquiera cuadraron la cifra con el número exacto de desaparecidos: 43.
El oficial de barandillas, Ulises Bernabé, declaró como
testigo de los hechos, que los únicos detenidos esa noche fueron un
grupo de personas alcoholizadas y nunca hubo normalistas en la
comandancia municipal. Más allá de sus declaraciones, no existe registro de la entrada de los normalistas a barandillas, como sí existe de las personas borrachas que refirió el oficial.
Bernabé -hoy autoexiliado en Estados Unidos por temor a ser
asesinado- declaró que aproximadamente a las 23:30 horas del 26 de
septiembre quien sí llegó a la comandancia era personal del 27 Batallón del Ejército. Ese grupo era dirigido por el capitán José Martínez Crespo -identificado por los expertos sólo como “capitán C”.
Astuto, el capitán Crespo no preguntó a Bernabé directamente por los
normalistas -que para esa hora, aproximadamente las 11:30, ya habían
sido atacados- sino por “una moto blanca”; hasta ahora no se sabe por
qué buscaba específicamente esa motocicleta ni de quién era. El
mando militar revisó junto con sus elementos toda la comandancia de
policía, declaró Ulises. Los normalistas de Ayotzinapa no estaban ahí.
En contraste, el jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores Velásquez
-hoy prófugo de la justicia- declaró ante la Procuraduría de Justicia
de Guerrero que “en el transcurso de esas horas de la madrugada tuve conocimiento que habían sido detenidos un grupo de jóvenes, por lo que siendo las dos de la mañana le pregunté al C. José Ulises Bernabé García,
quien es el oficial de barandillas, respecto de la veracidad de esa
información, contestándome que, efectivamente, le habían llevado a unos
jóvenes, pero que esos se habían ido, que de hecho no habían entrado a barandillas, sin darme más datos”. Sin embargo, en toda su declaración las horas no coinciden y Ulises negó haber hablado con él.
Por su parte, los miembros del Ejército reconocieron haber ido a la
comandancia municipal, pero hasta la madrugada del 27 de septiembre, no
la noche del 26.
La participación de los militares en la noche de Iguala ha sido poco
explorada por las autoridades mexicanas, pese a ser una de las
exigencias de los padres de los desaparecidos. Es precisamente en la
comandancia municipal -a donde llegó el capitán Crespo- uno de los
escenarios de las diferentes intervenciones del Ejército aquella noche y
madrugada: “Él (capitán Crespo) me contesta que iba a revisarme la comandancia. Yo
inmediatamente me percato que inmediatamente va hacía las celdas. Nos
revisan toda la comandancia, prácticamente duraron como 15 minutos ahí”.
Ulises declaró también que cuando llegó Crespo, no sabía lo que estaba pasando en Iguala: “No tuve conocimiento de lo que estaba pasando en la ciudad hasta las 00:40 horas, ya siendo el 27 de septiembre, cuando
a las instalaciones de la policía arriban el Secretario de Seguridad
Pública y varias personas más. Quienes inmediatamente, una de ellas se
acerca al área de barandillas revisando las celdas. Quienes nos
piden que nos pongamos en el patio todos los que estamos en la
comandancia y nos comienza a dar una información el Secretario de
Seguridad Pública, que había unos hechos afuera, que estaba ocurriendo
una balacera sobre unos autobuses”.
Contrario a las declaraciones de los integrantes de ‘Guerreros Unidos’ -que cambiaban como veletas-, la declaración del encargado de la barandilla se volvió cada vez más sólida,
pues ha dicho lo mismo siempre, en diferentes momentos, distintas
fechas: los normalistas nunca llegaron a la comandancia municipal. El
año pasado primero se lo contó a la periodista Anabel Hernández en Proceso (ver reportaje y ver video);
después lo citó a declarar la PGR y ratificó sus declaraciones; este
2015 hizo lo propio ante el grupo de expertos de la CIDH.
El domingo 27 de diciembre, publicaremos la segunda parte de este reportaje: una entrevista con Anabel Hernández, la única periodista que ha podido hablar con Ulises Bernabé, pieza clave de este caso.
*Últimas horas del 26 de septiembre del 2014 y primeras del 27 (parte de la cronología elaborada por ayotzinapaencorto.com)
(Parte II)
Verdad incinerada: a barandillas sólo llegó el capitán Crespo (Parte I)
Este reportaje -en 4 partes- del periodista Gustavo Sánchez, muestra algunas de las más graves deficiencias en el expediente de la PGR, detectadas en su mayoría por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Gustavo Sánchez B
Por: Gustavo Sánchez/ Aristegui Noticias
En menos de un siglo, la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha vivido múltiples tragedias: la extraña muerte (febrero de 1972) de Genaro Vázquez -un ex alumno de esa escuela, quien se adentró a la guerrilla; el suicidio de un ex normalista que también tomó las armas, Lucio Cabañas, quien con su muerte evitó caer en manos de militares que lo acorralaban (diciembre de 1974); el asesinato de 2 normalistas (Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús) a manos de la policía del estado de Guerrero, durante un bloqueo en la Autopista del Sol (diciembre 2011); y, por supuesto -la mayor de sus tragedias-, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, el asesinato de 3 normalistas, y la agresión contra otros tantos (uno de ellos, Aldo Gutiérrez, en estado de coma), la noche y madrugada funesta en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Tragedia más tragedia.
Enclavada en Tixtla, Guerrero, en la escuela suelen encarnarse luchas y prenderse mechas después de su fundación, en 1926.
La indignación es una constante en los alumnos de la Normal: los indigna la pobreza, la corrupción de la clase política, la ‘guerra sucia’, la violencia acrecentada por los grupos criminales, la incapacidad política, la indiferencia social y más factores, que han sumido a Guerrero en una crisis que lleva años.
Pero lo ocurrido el 26 de septiembre cruzó como una flecha al corazón de la Normal.
A los padres de los desaparecidos les causó el más insospechado de los dolores. A 15 meses de lo ocurrido, no le mueven ni una coma a su demanda inicial: presenten con vida a los 43.
Ayotzinapa es como un cuerpo herido, en el que no se consigue una cicatriz y queda la herida abierta.
La falta de “cicatrización” se debe en parte a una investigación deficiente por parte del Estado mexicano. En el expediente de la PGR, pese a los tachones y nombres borrados, no se logra ocultar el desaseo, las irregularidades, omisiones, y en ciertos puntos, un guión judicial detrás, que a la postre no permiten conocer la verdad.
El caso -como ha insistido el propio gobierno federal- aún no está cerrado y no se ha conseguido lo principal: establecer el paradero de los jóvenes.
En los informes oficiales, el gobierno (PGR) se ha dedicado a presumir más de 100 detenciones, sobre todo de policías municipales y presuntos integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Estos últimos, en su mayoría, presentan marcas de tortura, según
reportaron los expertos de la CIDH, y al revisar el expediente,
encontramos que los inculpados en principio no quisieron rendir su
declaración hasta ser instruidos por un abogado.
Es precisamente en las declaraciones de los presuntos criminales, donde empieza a enredarse más la madeja.
Los expertos de la CIDH encontraron una serie de irregularidades en la llamada “verdad histórica” que pronunció Jesús Murillo Karam el 27 de enero 2015, con base en las declaraciones de presuntos miembros del cártel delincuencial Guerreros Unidos.
En aquella ocasión, la PGR fue más allá de los dichos del procurador: hizo una “recreación” de los “hechos” del 26 y 27 de septiembre de 2014, en un video que se volvió viral en las redes sociales:
En ese material de la Procuraduría, la voz en off indicó: “Ya en la comandancia de Iguala, le son entregados (los normalistas) al comandante Aceves entre 10 y 15 estudiantes, los cuales son subidos a dos camionetas de la policía, y trasladados a la carretera Iguala-Teloloapan, a la brecha conocida como Loma del Coyote. Al llegar a la brecha, se dan cuenta que ya estaban en el lugar 3 unidades de la policía que habían trasladado aproximadamente 30 estudiantes más y que nunca fueron ingresados a la comandancia”. Ni siquiera cuadraron la cifra con el número exacto de desaparecidos: 43.
El oficial de barandillas, Ulises Bernabé, declaró como
testigo de los hechos, que los únicos detenidos esa noche fueron un
grupo de personas alcoholizadas y nunca hubo normalistas en la
comandancia municipal. Más allá de sus declaraciones, no existe registro de la entrada de los normalistas a barandillas, como sí existe de las personas borrachas que refirió el oficial.
Bernabé -hoy autoexiliado en Estados Unidos por temor a ser asesinado- declaró que aproximadamente a las 23:30 horas del 26 de septiembre quien sí llegó a la comandancia era personal del 27 Batallón del Ejército. Ese grupo era dirigido por el capitán José Martínez Crespo -identificado por los expertos sólo como “capitán C”.
Astuto, el capitán Crespo no preguntó a Bernabé directamente por los normalistas -que para esa hora, aproximadamente las 11:30, ya habían sido atacados- sino por “una moto blanca”; hasta ahora no se sabe por qué buscaba específicamente esa motocicleta ni de quién era. El mando militar revisó junto con sus elementos toda la comandancia de policía, declaró Ulises. Los normalistas de Ayotzinapa no estaban ahí.
En contraste, el jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores Velásquez -hoy prófugo de la justicia- declaró ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero que “en el transcurso de esas horas de la madrugada tuve conocimiento que habían sido detenidos un grupo de jóvenes, por lo que siendo las dos de la mañana le pregunté al C. José Ulises Bernabé García, quien es el oficial de barandillas, respecto de la veracidad de esa información, contestándome que, efectivamente, le habían llevado a unos jóvenes, pero que esos se habían ido, que de hecho no habían entrado a barandillas, sin darme más datos”. Sin embargo, en toda su declaración las horas no coinciden y Ulises negó haber hablado con él.
Por su parte, los miembros del Ejército reconocieron haber ido a la comandancia municipal, pero hasta la madrugada del 27 de septiembre, no la noche del 26.
La participación de los militares en la noche de Iguala ha sido poco explorada por las autoridades mexicanas, pese a ser una de las exigencias de los padres de los desaparecidos. Es precisamente en la comandancia municipal -a donde llegó el capitán Crespo- uno de los escenarios de las diferentes intervenciones del Ejército aquella noche y madrugada: “Él (capitán Crespo) me contesta que iba a revisarme la comandancia. Yo inmediatamente me percato que inmediatamente va hacía las celdas. Nos revisan toda la comandancia, prácticamente duraron como 15 minutos ahí”.
Ulises declaró también que cuando llegó Crespo, no sabía lo que estaba pasando en Iguala: “No tuve conocimiento de lo que estaba pasando en la ciudad hasta las 00:40 horas, ya siendo el 27 de septiembre, cuando
a las instalaciones de la policía arriban el Secretario de Seguridad
Pública y varias personas más. Quienes inmediatamente, una de ellas se
acerca al área de barandillas revisando las celdas. Quienes nos
piden que nos pongamos en el patio todos los que estamos en la
comandancia y nos comienza a dar una información el Secretario de
Seguridad Pública, que había unos hechos afuera, que estaba ocurriendo
una balacera sobre unos autobuses”.
Contrario a las declaraciones de los integrantes de ‘Guerreros Unidos’ -que cambiaban como veletas-, la declaración del encargado de la barandilla se volvió cada vez más sólida, pues ha dicho lo mismo siempre, en diferentes momentos, distintas fechas: los normalistas nunca llegaron a la comandancia municipal. El año pasado primero se lo contó a la periodista Anabel Hernández en Proceso (ver reportaje y ver video); después lo citó a declarar la PGR y ratificó sus declaraciones; este 2015 hizo lo propio ante el grupo de expertos de la CIDH.
El domingo 27 de diciembre, publicaremos la segunda parte de este reportaje: una entrevista con Anabel Hernández, la única periodista que ha podido hablar con Ulises Bernabé, pieza clave de este caso.
*Últimas horas del 26 de septiembre del 2014 y primeras del 27 (parte de la cronología elaborada por ayotzinapaencorto.com)
La indignación es una constante en los alumnos de la Normal: los indigna la pobreza, la corrupción de la clase política, la ‘guerra sucia’, la violencia acrecentada por los grupos criminales, la incapacidad política, la indiferencia social y más factores, que han sumido a Guerrero en una crisis que lleva años.
Pero lo ocurrido el 26 de septiembre cruzó como una flecha al corazón de la Normal.
A los padres de los desaparecidos les causó el más insospechado de los dolores. A 15 meses de lo ocurrido, no le mueven ni una coma a su demanda inicial: presenten con vida a los 43.
Ayotzinapa es como un cuerpo herido, en el que no se consigue una cicatriz y queda la herida abierta.
La falta de “cicatrización” se debe en parte a una investigación deficiente por parte del Estado mexicano. En el expediente de la PGR, pese a los tachones y nombres borrados, no se logra ocultar el desaseo, las irregularidades, omisiones, y en ciertos puntos, un guión judicial detrás, que a la postre no permiten conocer la verdad.
El caso -como ha insistido el propio gobierno federal- aún no está cerrado y no se ha conseguido lo principal: establecer el paradero de los jóvenes.
Es precisamente en las declaraciones de los presuntos criminales, donde empieza a enredarse más la madeja.
Los expertos de la CIDH encontraron una serie de irregularidades en la llamada “verdad histórica” que pronunció Jesús Murillo Karam el 27 de enero 2015, con base en las declaraciones de presuntos miembros del cártel delincuencial Guerreros Unidos.
En aquella ocasión, la PGR fue más allá de los dichos del procurador: hizo una “recreación” de los “hechos” del 26 y 27 de septiembre de 2014, en un video que se volvió viral en las redes sociales:
En ese material de la Procuraduría, la voz en off indicó: “Ya en la comandancia de Iguala, le son entregados (los normalistas) al comandante Aceves entre 10 y 15 estudiantes, los cuales son subidos a dos camionetas de la policía, y trasladados a la carretera Iguala-Teloloapan, a la brecha conocida como Loma del Coyote. Al llegar a la brecha, se dan cuenta que ya estaban en el lugar 3 unidades de la policía que habían trasladado aproximadamente 30 estudiantes más y que nunca fueron ingresados a la comandancia”. Ni siquiera cuadraron la cifra con el número exacto de desaparecidos: 43.
Bernabé -hoy autoexiliado en Estados Unidos por temor a ser asesinado- declaró que aproximadamente a las 23:30 horas del 26 de septiembre quien sí llegó a la comandancia era personal del 27 Batallón del Ejército. Ese grupo era dirigido por el capitán José Martínez Crespo -identificado por los expertos sólo como “capitán C”.
Astuto, el capitán Crespo no preguntó a Bernabé directamente por los normalistas -que para esa hora, aproximadamente las 11:30, ya habían sido atacados- sino por “una moto blanca”; hasta ahora no se sabe por qué buscaba específicamente esa motocicleta ni de quién era. El mando militar revisó junto con sus elementos toda la comandancia de policía, declaró Ulises. Los normalistas de Ayotzinapa no estaban ahí.
En contraste, el jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores Velásquez -hoy prófugo de la justicia- declaró ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero que “en el transcurso de esas horas de la madrugada tuve conocimiento que habían sido detenidos un grupo de jóvenes, por lo que siendo las dos de la mañana le pregunté al C. José Ulises Bernabé García, quien es el oficial de barandillas, respecto de la veracidad de esa información, contestándome que, efectivamente, le habían llevado a unos jóvenes, pero que esos se habían ido, que de hecho no habían entrado a barandillas, sin darme más datos”. Sin embargo, en toda su declaración las horas no coinciden y Ulises negó haber hablado con él.
Por su parte, los miembros del Ejército reconocieron haber ido a la comandancia municipal, pero hasta la madrugada del 27 de septiembre, no la noche del 26.
La participación de los militares en la noche de Iguala ha sido poco explorada por las autoridades mexicanas, pese a ser una de las exigencias de los padres de los desaparecidos. Es precisamente en la comandancia municipal -a donde llegó el capitán Crespo- uno de los escenarios de las diferentes intervenciones del Ejército aquella noche y madrugada: “Él (capitán Crespo) me contesta que iba a revisarme la comandancia. Yo inmediatamente me percato que inmediatamente va hacía las celdas. Nos revisan toda la comandancia, prácticamente duraron como 15 minutos ahí”.
Ulises declaró también que cuando llegó Crespo, no sabía lo que estaba pasando en Iguala: “No tuve conocimiento de lo que estaba pasando en la ciudad hasta las 00:40 horas, ya siendo el 27 de septiembre, cuando
a las instalaciones de la policía arriban el Secretario de Seguridad
Pública y varias personas más. Quienes inmediatamente, una de ellas se
acerca al área de barandillas revisando las celdas. Quienes nos
piden que nos pongamos en el patio todos los que estamos en la
comandancia y nos comienza a dar una información el Secretario de
Seguridad Pública, que había unos hechos afuera, que estaba ocurriendo
una balacera sobre unos autobuses”.Contrario a las declaraciones de los integrantes de ‘Guerreros Unidos’ -que cambiaban como veletas-, la declaración del encargado de la barandilla se volvió cada vez más sólida, pues ha dicho lo mismo siempre, en diferentes momentos, distintas fechas: los normalistas nunca llegaron a la comandancia municipal. El año pasado primero se lo contó a la periodista Anabel Hernández en Proceso (ver reportaje y ver video); después lo citó a declarar la PGR y ratificó sus declaraciones; este 2015 hizo lo propio ante el grupo de expertos de la CIDH.
El domingo 27 de diciembre, publicaremos la segunda parte de este reportaje: una entrevista con Anabel Hernández, la única periodista que ha podido hablar con Ulises Bernabé, pieza clave de este caso.
*Últimas horas del 26 de septiembre del 2014 y primeras del 27 (parte de la cronología elaborada por ayotzinapaencorto.com)
(Parte II)
Luego de que en la
primera parte se documentó que no existe evidencia de que los
normalistas hayan llegado a la comandancia municipal -como lo sostiene
la versión oficial-, hablamos con una de las periodistas que más ha
profundizado en este caso y aún lo sigue investigando.
La revista de Proceso que se repartió la tarde del sábado 13 de junio de 2015 (aunque con fecha del domingo siguiente) fue titulada: “Nuevos testimonios refutan la historia oficial”. En la portada, la imagen estremecía: sobre el asfalto mojado por la lluvia, estaba el cuerpo de uno de los jóvenes asesinados la madrugada del 27 de septiembre en Iguala; quedó rodeado por algunas piedras que se arrojaron horas antes, y de fondo se podía ver una patrulla, además de una camioneta Urvan que usaron los normalistas para ir en apoyo de sus compañeros que habían sido atacados horas antes, sin saber que correrían con la misma suerte.
El reportaje firmado por Anabel Hernández mostró en un primer plano el testimonio del ahora ex oficial de barandillas, Ulises Bernabé, quien le dijo a la periodista lo que ha venido sosteniendo desde el año pasado: los normalistas nunca llegaron a la comandancia municipal de Iguala.
Tras aquellas declaraciones a Proceso, Bernabé fue perseguido y optó por huir del país. Actualmente está en un centro de detención en Estados Unidos, en busca de asilo político, mientras en México la PGR ofreció una recompensa por datos que lleven a su captura, pese a que tiene información sobre su paradero en EU. Se trata de un ex funcionario municipal que estuvo meses en Guerrero sin ser molestado. Hasta el día en que habló con Anabel, por lo que fue en principio fue citado a declarar.
“La PGR lo tuvo a la mano y no lo detuvieron, ya después en diciembre fue cuando la situación se volvió más crítica para él, cuando le hicimos la entrevista estaba muy preocupado… él piensa que lo que él sabía era una parte clave del caso que al gobierno no le convenía (que se supiera), es lo que él argumentaba”, indica Hernández, una reportera con más de dos décadas de experiencia y más de un año indagando este caso. Ella habla para Aristegui Noticias y cuenta lo que sabe:
-No hay claridad sobre si un grupo de normalistas estuvo o no detenido en la comandancia municipal…
“Desde noviembre de 2014 fue mi primer encuentro con esta persona (Ulises) que me contó, directamente lo vi, allí en Iguala, él estuvo en Iguala durante meses, me refiero a que ocurrió lo de septiembre, pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, durante todos esos meses estuvo en Iguala, ya no siguió siendo juez de barandilla porque, recordarás, la policía federal tomó control de todas las acciones de la policía municipal, ni siquiera es que lo hayan despedido de mala manera, simplemente como que se disolvió todo ahí, incluso hay policías municipales que están libres y que caminan por las calles y no han tenido jamás ningún problema ahí en Iguala”.
“Él fue el primero que me narró que había estado ahí el capitán Crespo (del batallón 27), dijo ‘vino
aquí el capitán Crespo’, él es el primero que lo menciona, narra que
‘estuvo aquí buscando supuestamente una motocicleta blanca’ y
me dijo ‘aquí nunca traen las motocicletas que se detienen por
infracciones, siempre se las llevan al corralón de vehículos, pero aquí
estuvo e inspeccionó todo, inspeccionó los baños, inspeccionó las
oficinas, inspeccionó las celdas, inspeccionó cada rincón y ya nada más
me dijo que si veía la motocicleta pues que me comunicara con él’.
“Se va el capitán y dice que al poco tiempo
llegan ya las autoridades ministeriales del estado, llegan a la base, y
esto me lo contó desde noviembre… después de que hablé con él,
la PGR lo cita a declarar a la delegación de la PGR en Iguala, y él se
presentó a declarar, lo que él ya había declarado. El 27 de
septiembre, cuando a él lo citan junto con todos los demás policías
municipales y está en la base de la policía estatal donde los concentran
a todos… dice ‘yo quiero declarar: (y dice) los muchachos nunca
estuvieron en la base’, su prueba de que no habían estado es que había
ido el capitán Crespo, en ese momento el gobierno no quiso tomarle su
declaración.
“Entonces en noviembre lo cita la PGR y es la primera vez que tiene
la oportunidad de declarar oficialmente ante las autoridades. Y él lleva
sus boletas de detención, llega a la delegación de la PGR en Iguala y
declara, y ya lo dejan ir, nunca tuvo ningún problema legal. Es después,
en diciembre, cuando publiqué el reportaje (en Proceso) de que teníamos
información de que a la base municipal no había llegado nadie, y que
había un capitán Crespo que había estado ahí, es ahí cuando realmente empieza la persecución contra él”, asegura Anabel sobre su entrevistado. “Yo no estuve ahí, tratamos de reconstruir los hechos lo más apegados a la verdad. Lo que te puedo decir es: este juez de barandilla afirma categóricamente que los estudiantes no estuvieron en la base de la policía municipal de Iguala. Él dice que ahí estuvo todo el día del 26 de septiembre, hasta la mañana del 27 de septiembre, y que ahí no llevaron a los estudiantes. En noviembre, hablé con vecinos de la zona, porque la base municipal está rodeada de vecinos, no es que sea un lugar aislado o lejano que nadie pudo haber visto lo que pasaba, había vecinos ahí… No imagino esa operación silenciosa o sin que nadie lo hubiera notado. Yo pregunté a los vecinos: ¿ustedes vieron actividades?, ¿ustedes vieron a gente gritando?, ¿ustedes vieron a los estudiantes aquí en la calle (porque la calle es muy angosta)?.
“Otra cosa muy importante es que el capitán Crespo sí estuvo ahí. De los 14 elementos del pelotón que iban con Crespo, tres declararon: sí fuimos a la base municipal. Habrán llegado como a las 11:30”, señala.
Gran dosis de simulación
Para Anabel Hernández, la investigación que ha realizado hasta ahora la PGR es una “gran dosis de simulación, no me cabe la menor duda de eso, tengo documentos y tengo pruebas fehacientes de que así es”.
Se trata de una “simulación de principio a fin, prácticamente no hay nada auténtico en la PGR, más que efectivamente ocurrió el ataque, más que efectivamente desaparecieron los estudiantes, más que efectivamente la policía municipal de Iguala algunos policías dispararon al aire, y que los policías de Cocula estuvieron en la calle de Juan N. Álvarez por unos minutos, eso es lo único auténtico que hay en el expediente. Todo lo demás realmente no tiene ninguna credibilidad ni valor jurídico, porque la gran mayoría de los testimonios que tienen ahí fueron obtenidos bajo tortura… es prácticamente el 80 por ciento (de los detenidos), uno no puede confiar, hemos visto tantas historias así, de casos que se deshacen porque las personas fueron obligadas a declarar algo…”.
La periodista asevera que las fallas en la investigación de Iguala son de origen: desde los primeros minutos en que la Fiscalía de Guerrero estuvo en Iguala, apuntó la periodista. Fue la procuraduría local la que en principio dio a conocer la primera falsa “verdad histórica” de los hechos: afirmó que los normalistas habían sido quemados y sus restos terminaron en fosas de Iguala; sin embargo, los exámenes de ADN confirmaron que esos cuerpos no eran de ellos sino de otros desaparecidos en el estado.
Y considera que las declaraciones de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos “ni siquiera tienen una congruencia de nada”, “si uno compara las declaraciones, ninguna tiene sentido”.
Aunque resalta la labor de los expertos de la CIDH, les sugiere investigar los casquillos encontrados la madrugada del 27 de septiembre.
“Debió haberse hecho inmediatamente un peritaje a las armas de la policía municipal y a las de la policía federal que tienen el mismo calibre. Y debieron haber hecho un peritaje al G-3 que esa noche portaba el escuadrón del Ejército, porque los casquillos que se encontraron en las escenas del crimen, de 197 casquillos, sólo 2 dieron positivo con policías municipales, ¿y todos los demás? el calibre correspondía también a policías federales, el calibre correspondía también a militares, ¿por qué no se hizo un peritaje en ese momento? Me parece que es algo que este grupo de especialistas debería analizar todavía con más profundidad, ¿a quién pertenecen esos casquillos?, ¿de qué armas son?”, pregunta.
Anabel tiene 22 años haciendo periodismo, pero resalta este caso en particular como “el más importante que he investigado durante toda mi trayectoria, el más impactante, el más dramático, y el que tristemente mejor retrata lo que es nuestro país en estos momentos, en lo que se han convertido las instituciones supuestamente responsables de impartir justicia o seguridad pública; en lo que nos hemos convertido también como sociedad, en linchamientos a personas que no nos consta ni siquiera que sean culpables, pero como la PGR nos dice que son culpables, a nadie le importa si estas personas han sido terriblemente violentadas físicamente, de la manera más cruel que uno puede imaginar, para obtener esas confesiones bajo tortura, y me parece que ni los periodistas ni los ciudadanos podemos ser indiferentes a esas prácticas, porque hoy es el albañil de Cocula, pero mañana puede ser cualquier ciudadano que pase por la calle”.
*Conclusiones de expertos de CIDH sobre el caso Ayotzinapa (cronología de Ayotzinapa en corto)
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