La Jornada
El cuarto acuerdo
alcanzado entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que se presenta hoy en La Habana,
versa sobre las víctimas del conflicto armado que ha enfrentado a los
firmantes durante más de cinco décadas y ha dejado una cauda
incalculable de muerte, destrucción y sufrimiento en ese país
sudamericano. Según los negociadores de ambas partes, el documento
establece el derecho de las víctimas al esclarecimiento, a la reparación
del daño y a la garantía de que la violencia que han sufrido no se
repetirá.
El convenio estipula también los términos legales a aplicar a los
responsables de delitos cometidos en el marco de la confrontación
armada, para los cuales se definió en septiembre pasado una jurisdicción
especial, o una
justicia transicionalque otorgará beneficios a quienes admitan sus responsabilidades –tanto mandos y efectivos gubernamentales como insurgentes–, siempre y cuando no se trate de crímenes de lesa humanidad.
El asunto de las víctimas había sido particularmente espinoso para
los negociadores, toda vez que obliga a ambos bandos a aceptar actos de
procuración e impartición de justicia que afectarán a personas en activo
y al resarcimiento para quienes han sufrido agresiones de diversa
índole y dimensión durante el conflicto. Resulta significativo que
varias delegaciones de víctimas han participado en la negociación de
este cuarto acuerdo desde que se inició, en agosto del año pasado.
Previamente, las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos lograron
acuerdos en los temas de desarrollo rural y tierras, la inserción de la
organización guerrillera en la política institucional y cultivos de
sustancias ilícitas. Ahora, con las soluciones de consenso a la
problemática de las víctimas, las negociaciones parecen entrar en su
recta final, y si los sectores más recalcitrantemente belicistas del
país no logran torpedearlas –como ha intentado hacerlo desde que
comenzaron el líder más visible de ese bando, el ex presidente Álvaro
Uribe Vélez–, es probable que en el primer semestre de 2016 las partes
se encuentren en condiciones de firmar la paz definitiva. Para ello aún
se requiere de acuerdos para la desmovilización de la organización
guerrillera y los mecanismos para refrendar los documentos de paz.
El proceso ha sido y sigue siendo ejemplar y ha enfrentado
momentos peligrosos que habrían podido dar al traste con toda la
negociación. Por fortuna, ambas partes han dado muestras de contención,
sensatez y voluntad política y han logrado sobreponerse a situaciones de
gran tensión; la más reciente de ellas, la captura de un soldado por
efectivos de las FARC en la zona de San Vicente del Caguán, incidente
que fue rápidamente superado tras la liberación del militar.
Cabe esperar, por el bien de los colombianos y de Latinoamérica en
general, que el proceso pacificador salga avante y culmine lo antes
posible. Ciertamente, ningún acuerdo de paz resuelve por sí mismo ni en
automático los problemas de un país en guerra, pero en el caso de
Colombia poner fin al conflicto armado es un requisito indispensable
para instaurar la convivencia pacífica y democrática, la justicia social
y el desarrollo económico.
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