La Cámara de Diputados dio el visto bueno a la Ley Corta de Gratuidad con 92 votos a favor, dos en contra y una abstención, ratificando así la decisión del Senado. La ley estuvo a punto de morir el pasado 10 de diciembre cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en contra al considerar que era “discriminatoria” por favorecer a las universidades seleccionadas para disfrutar de la gratuidad.
Para reactivarla, el Gobierno decidió modificar el título de beneficiarios, que finalmente abarca a las universidades públicas que se comprometan a mantener o mejorar su “acreditación institucional” (certificado de calidad) y a las privadas que lo mantengan o mejoren al menos cuatro años y no tengan fines lucrativos.
La Moneda ha salvado el espíritu de la ley al incluir una ayuda estatal para las universidades públicas, que pasará de 2.500 a 5.000 millones de pesos (de 3,2 a 6,5 millones de euros) y se financiará con los aportes del sistema privado. Además, aunque los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales han quedado fuera de la gratuidad (en contra de lo que pedía la oposición), se ha aumentado el importe de las becas para sus alumnos.
Fruto de las luchas estudiantiles
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, celebró ayer la promulgación de la esta ley que se empezará a implementar a partir de 2016. “Ayer, como país, dimos un paso importante en el camino de la gratuidad en la educación superior, un paso que hace tres años era impensable y parecía imposible de realizar“, dijo la mandataria.Bachelet manifestó su agradecimiento a todos los parlamentarios que apoyaron el proyecto del Gobierno y “se la jugaron por las familias”, pues gracias a ellos “miles de jóvenes podrán estudiar gratis” en 2016.
La promulgación de la nueva norma “no fue fácil”, según Bachelet, quien señaló que “ha prevalecido la sensatez y este 27 de diciembre, cuando los chiquillos tengan que postular, (…) van a poder acceder a la gratuidad las y los jóvenes pertenecientes al 50 % más vulnerable y que estudien en instituciones que cumplan condiciones de calidad y que no tengan lucro“.
La gratuidad en la educación superior universitaria fue una de las principales demandas de los estudiantes que, desde 2011 se lanzaron a las calles para reclamar su derecho a estudiar sin estar condicionados por su capacidad económica.
(Con información de El Huffington Post)
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