 Guatemala,
12 ago (PL) Cooperativas, ONG, y organizaciones campesinas y mayas
repudiaron hoy el desalojo violento por parte del Ejército y la Policía
de Guatemala en la comunidad de Monte Olivo, del norteño departamento de
Alta Verapaz.
La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congecoop) informó en un
comunicado que más de mil agentes de las fuerzas combinadas de la
Policía y el Ejército agredieron a los comunitarios, destruyeron
viviendas, quemaron pertenencias y capturaron a un joven y "a cuatro
mujeres madres, campesinas, indígenas y desarmadas".
Congecoop precisó que se trata de Abdilia Ical, Cristina Hun, Isabela Choc, Carmen Hun y Marbiel Ical.
"Producto de la agresión y el uso de bombas y gases lacrimógenos,
resultaron intoxicados 32 niños y niñas, así como varios heridos",
denunciaron en la nota.
La Coordinación exigió a la Procuraduría
de los Derechos Humanos investigar y denunciar "la cobarde agresión", y
a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos brindar atención prioritaria "al execrable hecho" y proveer
acompañamiento a los vecinos de aquella comunidad.
Asimismo,
llamaron al Ministerio Público y al Organismo Judicial a que investigue y
aplique la justicia a los responsables de este nuevo ataque en contra
de los habitantes de la comunidad Monte Olivo.
La Coordinación y
Convergencia Nacional Maya Waqibâ�Ö kej, al referirse al suceso expresó
que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina violentó los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, al realizar este tipo de acciones
que responden a una estrategia de represión, autoritarismo y de un
gobierno entreguista a favor de las transnacionales.
El desalojo
ocurrió con el fin de proteger los intereses de la Empresa Hidro Santa
Rita, S.A., denunicaron los integrantes de esa instancia que agrupa a
organizaciones mayas y campesinas de este país centroamericano.
Durante la gestión de Pérez Molina, quien asumió al frente del Ejecutivo
en enero de 2012, se han realizado ataques a las comunidades que han
mantenido una posición en defensa de territorios ancestrales y del
cuidado de la vida, afirmaron.
Estas acciones, indicaron, "han
contemplado estados de sitio, desalojos violentos, criminalización de
líderes comunitarios y de organizaciones sociales, campesinas, indígenas
y populares, persecución y arrestos ilegales".
Respecto al
asesinato de 18 defensores humanitarios durante 2013 en Guatemala, la
Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Flavia Pansieri, manifestó preocupación el 22 de mayo pasado.
En
conferencia de prensa entonces dijo que durante su visita al país
recibió información sobre casos de amenazas, ataques y campañas de
desprestigio contra los defensores de los derechos humanos.
Un
día después de las declaraciones de Pansieri, más de 300 policías
lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a pobladores de La Puya,
localidad ubicada a 10 kilómetros al noroeste de esta capital, que se
opone a un proyecto de extracción minera.
ro/rsm |
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