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domingo, 3 de agosto de 2014

Estrategia de seguridad del gobierno intensifica persecución a activistas


Adital

La llamada ‘estrategia de seguridad nacional’ aplicada en México, lejos de tener efectos positivos, ha intensificado algunas problemáticas, como las persecuciones a activistas y defensores de derechos humanos. En un informe reciente, el Comité Cerezo México revela que "las estrategias de coordinación entre los varios niveles de gobierno” provocó el aumento de las detenciones arbitrarias; una prueba de eso es que las Fuerzas Armadas participaron en por lo menos 15 detenciones de activistas.


El Comité destaca que las detenciones ocurrieron de enero a junio de este año. Además, las Fuerzas Armadas participaron en el traslado ilegal de tres activistas. De todas las personas presas, sólo Luis Alberto Mejía Rodríguez, de la Organización Campesina, Indígena y Popular Ricardo Flores Magón, sigue detenido. Está en la prisión de máxima seguridad de Sonora por acusaciones de delitos contra la salud.

"En el contexto de la guerra contra el crimen organizado (o estrategia de seguridad nacional, como se la llama hoy) se disfrazan cifras y se considera la defensa de los derechos humanos como una actividad delictiva más”, critica el Comité Cerezo.

En cuanto a las detenciones arbitrarias, la organización mexicana también revela que 3.079 personas fueron detenidas sólo en el primer semestre del año. El dato consta en un informe de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), emitido recientemente. El Comité Cerezo pondera el hecho de que el documento oficial no especifica los motivos de las detenciones ni los lugares donde se realizaron.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, utilizó datos de ese mismo informe de la Sedena para divulgar la reducción de la violencia en el país. De acuerdo con el mandatario, hubo una caída del 27% en los homicidios dolosos tanto vinculados al crimen organizado como de carácter común; hecho que fue celebrado y hasta informado –por el mismo presidente– al Papa Francisco.

Hace pocos meses, un grupo de 91 obispos mexicanos escribió al Sumo Pontífice relatando la grave situación humanitaria, relacionada con la violencia, la pobreza, la inseguridad e injusticias sociales que sufre gran parte de la población en el país. El problema fue, nuevamente, informado por los religiosos mexicanos al Papa Francisco durante la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), realizada en el Vaticano.

El Comité Cerezo cree que esa supuesta reducción de la violencia tiene su origen en las estrategias de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, como la construcción de las "Bases de Operaciones Mixtas”, que cuenta con la participación de hombres del batallón de infantería de la Marina, de la Secretaría de Seguridad ciudadana y de fuerzas federales. En abril de este año, se instalaron 10 bases en regiones con los más altos índices de criminalidad.

"Dichas estrategias tienen que ver con revisiones aleatorias, las cuales son violatorias de derechos humanos y claramente están dirigidas con una lógica de limpieza social, pues se realizan en las zonas limítrofes, también llamadas cinturones de pobreza, o en zonas con altos índices delictivos, las cuales coinciden con las que tienen mayores índices de marginación”, denuncia el Comité.

La organización subraya su disposición para seguir trabajando en la documentación de violaciones a los derechos humanos y denunciando la inactividad del Estado para cambiar las actuales condiciones de violaciones sistemáticas y cotidianas.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

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