Perú
Los
últimos 20 años, el Estado peruano ha impulsado una política de
desarrollo centrada en la sobreexplotación de recursos naturales, la
mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades campesinas
y nativas, las que suman más de diez mil comunidades en todo el
territorio nacional. Distribuidas en aproximadamente más de 6038
comunidades campesinas (costa y sierra), 2400 comunidades ribereñas y
2006 comunidades nativas, estos datos no son oficiales, porque en el
Perú no existe un registro oficial, ni tampoco un catastro rural
unificado que permita establecer la seguridad territorial de dichas
comunidades, las que son amenazadas por proyectos de inversión privada
y pública.
Este modelo de desarrollo es impulsado con mayor fuerza
a partir de las reformas neoliberales a inicio de 1990; en adelante
cada gobierno de turno ha ido agudizando el modelo sin reparar las
serias consecuencias que han traído (desigualdad económica, conflictos
socioambientales, muerte de pobladores, corrupción, ingobernabilidad
etc.). Una de las características de este modelo es buscar la seguridad
jurídica de las inversiones, que significa básicamente beneficiar a
cualquier costo a empresas transnacionales, vulnerando la mayoría de
veces los derechos humanos de dichas comunidades. Situación que va
llegado a límites insostenibles, prueba de ello es el reciente paquete
normativo del Ministerio de Economía y Finanzas, Ley 30230 denominado
“reactivador de la economía”, consolidando una reforma a la
legislación, que al analizarla no solo tiene visos de
inconstitucionalidad, sino que la propia forma de presentarnos esta
Ley, hace pensar en la relativización del principio de legalidad,
imprescindible para sostener una democracia.
Esto en vista de que la
Ley 30230 modifica, deroga, sustituye y remplaza con una serie de
artículos “parche” a distintas partes del ordenamiento normativo
nacional; ya sea a nivel tributario, ambiental, civil, municipal,
regional; y lo más preocupante que dicha “legalidad” mayoritariamente
va en beneficio directo de inversionistas, muchos de ellos proyectos
transnacionales, a costa de vulnerar derechos humanos irrenunciables.
La aprobación en el Congreso de la Ley 30230 pasó desapercibida en
medio del mundial de fútbol, algunos medios cubrieron tímidamente los
perjuicios que significaba este paquete, sobre todo en contra del
debilitamiento de la incipiente institucionalidad ambiental, no
olvidemos además que el Perú es anfitrión de la Cumbre Climática, COP
20. Sin embargo no se agota allí el alcance de la Ley 30230 puesto que
además de modificar medidas tributarias en beneficio de los mismos
inversionistas; se ha propuesto cambiar las débiles reglas de juego que
existen para proteger los derechos territoriales de las comunidades
campesinas y nativas; esto a través de la creación de procedimientos
especiales para realizar el saneamiento físico legal de tierras que
estén en áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos de
inversión privada y pública, y como dice la norma, independientemente
del uso actual o futuro que se les da a dichas tierras (artículo 36 y
37 Ley 30230). Esta normativa es una amenaza directa a la seguridad
territorial de las comunidades campesinas y nativas, en vista que son
en sus territorios donde existe una superposición de derechos de
concesión minera, de hidrocarburos, forestales, hidroeléctricas,
agronegocios, derechos otorgadas por el Estado, donde ahora se les crea
su propio procedimiento para ser agilizados.
Solo hace falta
recordar que las dos últimas décadas la competencia del saneamiento de
la propiedad comunal ha sido transferida de una entidad estatal a otra,
causando un verdadero caos no solo institucional sino normativo, no
suficiente con ello esta norma pretende dar procedimiento especiales,
competencia que estaría a cargo de COFOPRI, Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal que en el caso de titulación comunal fue una
competencia que tuvo durante cuatro años con pésimos resultados y que
ahora se le devuelve para facilitar el saneamiento físico legal de
proyectos de inversión.
Sin temor a estar exagerando los
nuevos cambios normativos impulsados por el Gobierno de Humala, van
generando las condiciones para que el Perú en un corto plazo, sea el
nuevo paraíso de las inversiones privadas a costa del desmantelamiento
de normas ambientales, territoriales y de derechos humanos. Recordemos
que en mayo del 2013 hubo un primer paquete de normas donde a través
del Decreto Supremo N° 060-2013 PCM se fijaba como un máximo de 100
días plazos estipulados para la aprobación de los Estudios de Impacto
Ambiental y donde otro Decreto Supremo N° 054-2013-PCM fijaba el
silencio administrativo para el CIRA, C ertificado de Inexistencia de
Restos Arqueológico s en caso que algún Patrimonio Cultural de la
Nación amenace por su ubicación a un proyecto de inversión, además de
otras medidas relacionadas a la servidumbre en terrenos eriazos y otros
cambios para la flexibilización de la gestión ambiental.
Este “paquetazo normativo” como se le ha nombrado, seguirá pasando
desapercibido hasta que se tope con su implementación en las distintas
regiones del país. A pesar de tener algunas normas que podían ser
justificadas, la forma de presentarlas a tirado por la borda sus
“buenas intenciones” si acaso las tenía. En lugar de ello estas normas
“parche” deslegitiman al Ministerio de Economía y con ella a este
Gobierno; puesto que además de debilitar la institucionalidad
ambiental, incentiva al despojo territorial legalizado que pueden
generar serios conflictos y superar los hechos trágicos de Bagua en el
2009. Más aún el Gobierno de García presento públicamente su nefasta
política del "El síndrome del perro del hortelano" a través de decretos
legislativos; este Gobierno sin embargo presenta una Ley tramposa,
supuestamente “reactivadora de la economía” pero lo que básicamente
hace es seguir creando una arquitectura normativa cuyo objetivo
principal es brindar seguridad jurídica a intereses de inversionistas
trasnacionales, a costa de los derechos humanos no solo de comunidades
campesinas y nativas sino de todos los peruanos; un alarmante giro a la
exclusión.
luis.hallazi@gmail.com Coordinador del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú del Instituto del Bien Común
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