El abc de la crisis política peruana

César Zelada

Rebelión

La victoria del outsider Fujimori

La tierra de José Carlos Mariátegui fue uno de los laboratorios donde se experimentó el modelo neoliberal. Después del fracaso político de Izquierda Unida, y el ascenso de las guerrillas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso (SL), asumió el poder un improvisado outsider, de origen japonés y líder del movimiento Cambio 90, llamado Alberto Fujimori, que en comparsa con su asesor Montesinos (vinculado a la CIA), y el apoyo de la izquierda, sectores marginales y evangelistas, logró propinarle una derrota humillante al ahora premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa por 62.4% contra 37.6% respectivamente.

Luego de esta abrumadora victoria, argumentando la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y por la falta de mayoría congresal para aprobar leyes, ejecutó un golpe de Estado el 05 de abril de 1992 introduciendo una nueva constitución y el marco legal no solo para el sostenimiento del régimen y la derrota de SL sino, fundamentalmente, la aplicación de la política neoliberal que rige hasta nuestros días.

Esta constitución, que los poderes facticos y la mayoría de políticos defienden a raja tabla, desmantelo el emergente aparato industrial que creo el Gral. Juan Velasco Alvarado en los 70s (ensambladoras de carros, fábricas de electrodomésticos, metalúrgicas, etc.), despidiendo a más de 300 mil trabajadores bajo el eufemismo de “reducción de costos o flexibilización”. Comenzó así el gran “incentivo y protección a la inversión extranjera” y la aplicación de un programa donde el “libre mercado” era el amo y señor que fijaba los precios de los productos y servicios.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el SUTEP, Construcción Civil y la Federación de Mineros, etc. trataron de resistir organizando marchas y huelgas, pero al final la dictadura, con el grupo paramilitar denominado Colina, se impuso, aplicando, una estrategia de asesinatos selectivos eliminando a líderes como Pedro Huillca Tecse, Saúl Cantoral (dirigente constructor y minero respectivamente), entre otros, logrando descabezar al movimiento obrero y social, y cerrando de esta forma un ciclo de ascenso de luchas sociales reivindicativas.

De esta manera sangrienta y bajo las ideas de que ésta era la única forma de conquistar “la modernidad” se impuso el neoliberalismo en el Perú. Y en efecto, Fujimori y Montesinos, lograron superar la crisis económica hiperinflacionaria dejada por el ex presidente Alan García ( en 1987 llegó a 114,5 %, la balanza de pagos era de $521 millones y las RIN eran menos de $800 millones).

El PBI pasó de -13.4% en 1989 a 6.9% en 1997 y 3.0% en el 2000 (INEI). Las reservas internacionales se incrementaron y las más importantes “agencias calificadoras de riesgo” como Standars and Poors, Moody, etc. aplaudían. Pero lo que nunca dijeron estas instituciones es que esta cuestión se debía a la demanda internacional de productos primarios pesqueros, agrícolas y mineros. Lo que tampoco señalaron es que la deuda externa del Perú también se había incrementado a $30 mil millones. Y que nuestro país pagaba anualmente más de $2000 millones, lo que correspondía a un aproximado del 25% del presupuesto nacional.

EE.UU., Japón, Europa, también saludaron el “milagro económico peruano”. No obstante, para completar “el combo neoliberal” faltaban las privatizaciones de las empresas estatales. Y con el argumento de que el “Estado era un mal administrador”, el gobierno fujimorista terminó vendiendo centenas de empresas como Solgas, Electro Perú, PetroPerù, la Compañía Peruana de Teléfonos del Perú, AeroPerú, etc.

Y bajo una campaña mediática a favor del gobierno, la mayoría de la población aprobó la política económica fujimorista hasta 1997-98 (de hecho la dictadura fue reelegida con más del 50% de los votos en 1995).

La verdad sobre las privatizaciones

Sin embargo, las privatizaciones no trajeron “modernidad” sino desazón. “… Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6,445. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas)… ” redacto La República (22-04-11).

Así también lo constato el difundo ex presidente de la Comisión de delitos financieros y destacado parlamentario de izquierda, Javier Diez Canseco, quién declaró que, “…El decreto legislativo 674 establecía que el dinero de las privatizaciones se debía invertir en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, erradicación de la pobreza y pacificación. Eso no se cumplió…”.

Y es que hubo subvaluación. Por ejemplo, las utilidades de la empresa estatal Solgas en 1991 eran de $2.9 millones, pero el 84% de sus acciones fueron vendidas en $7.5 millones. El operador que la compró luego de tres años la vendió en $39 millones. Ni que hablar de la refinería La Pampilla, que en 1994 tenía ingresos por $657 millones y utilidades operativas por $85 millones para luego ser vendida el 75% de acciones en la escandalosa cifra de $180 millones.

Por otro lado, hubo estafa en la firma de los contratos como sucedió en la minería con la compra de Hierro Perú por parte del grupo chino Shougang que se comprometió a invertir entre 1992-1995 $150 millones, pero no cumplió (ya que el contrato no lo exigía), y prefirió pagar una penalidad de $12 millones. Fueron similares los contratos de venta de Aeroperú, etc.

La recesión económica

A esto hay que sumar que durante el periodo 1998-2000 la economía ingreso en recesión. Según el economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Félix Jiménez, esto se dio porque se abarató el dólar como medida antiinflacionaria hasta alcanzar un atraso de diez años en el tipo de cambio, la política fiscal destinó todos sus esfuerzos al pago de la deuda externa en montos exorbitantes, la política monetaria fue restrictiva y encareció en demasía el crédito y el precio de la luz se disparó .

Para la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), “ unas 23 mil empresas cerraron o quebraron en el periodo 1990-2000, de las cuales el 95% pertenecían a las pymes”. Por su lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) , “ reportó no menos de 120 mil empresas endeudadas durante esa década, sin contar las que ya habían cerrado por endeudamiento. Esto trajo como resultado un descenso de 33% en el empleo industrial”.

“… El resultado fue un modelo antiindustrial y reprimarizador que elevó los costos de producción , prevaleció las importaciones y, por ende, restó competitividad al país. De ahí que la balanza comercial durante el oncenio fuera negativa, pues las importaciones crecieron en 258,5% entre 1990 y 1998, mientras las exportaciones aumentaron en 72,3%. ..”, (La República, 15/05/11).

“… Fueron (años) muy malos. Metidos en la re-reelección (de Fujimori), abandonando las reformas de segunda generación, la gestión fue muy mala…”, declaró el fujimorista y ex ministro de agricultura José Climper (La República, 15/05/11).

En Mayo de 1999, según la encuestadora Apoyo, el 69% de los limeños desaprobaba la política económica de Alberto Fujimori.

La Marcha de los 4 Suyos

Entonces, son estas razones de fracaso del “milagro económico” que no “chorreaba” a todos por igual aunada a un régimen que se caracterizaba por hacer de la corrupción una praxis política conllevando a la formación de un pequeño Estado mafioso dentro del Estado dirigido por Vladimiro Montesinos (Leer “El Espía imperfecto”, por Sally Bowen y Jane Holligan, 2003), las que generaron un hartazgo en la mayoría popular.

“Dios perdona el pecado pero no el escándalo”, dice un dicho popular. Y en efecto, lo que era un secreto a voces se convirtió en un escándalo con los vladivìdeos (14-09-00), donde se ve al asesor Montesinos sobornando con miles de dólares a congresistas, militares, policías, jueces, broadcasters o negociando arreglos judiciales a cambio de favores con banqueros del grupo Romero, grupo Wiesse, etc. donde el asesor tenía sus multimillonarias cuentas de ahorro producto del narcotráfico y lavado de activos.

Esta situación creo una gran convulsión social de características insurreccionales que se denominó la Marcha de los 4 suyos. Así las cosas, la lucha del Foro Democrático contra la reelección presidencial de Fujimori rompió su aislamiento y contó con el apoyo del candidato Alejandro Toledo, quien se puso a la cabeza del combate de los movimientos sociales que habían decidido intervenir en la escena política por la defensa de sus derechos ciudadanos.

De esta manera, decenas de miles de ciudadanos de todo el país despertaron a la vida política y marcharon a Lima, aperturando un nuevo ciclo de luchas por la democracia. Y después de varios meses de protestas, con las mesas de la OEA (reunida con políticos, sindicalistas, empresarios, etc.) tratando de desinflar el movimiento popular (pidiendo que Fujimori sea el presidente de transición); con conspiraciones y psicosociales (asesinatos de agentes de seguridad del Banco de la Nación para embarrar la Marcha, helicópteros para causar zozobra, francotiradores en los techos del centro Lima, etc.); y el levantamiento de un militar llamado Ollanta Humala en Locumba, Tacna, los movimientos sociales lograron derrocar a la dictadura, marcando un hito en la historia contemporánea. Fujimori renunció por fax desde Japón (19-11-00), y Montesinos fugó a Panamá y Venezuela, desde donde sería deportado en Junio del 2001.

La urgencia de una nueva izquierda y el ascenso de Toledo al poder

Así las cosas, el movimiento social peruano comenzaba a plantear la necesidad de una nueva izquierda (diferente a la que se cayó con el Muro de Berlín), que retome el tema indígena y la mística de las rebeliones obreras, estudiantiles y campesinas del siglo XX así como la transición a una verdadera democracia. Pero lo que había era Toledo y Perú Posible (PP) quienes planteaban un programa de gobierno de centro derecha.

No obstante, “…la naturaleza aborrece el vació…” decía Hegel, y éste fue cubierto por Toledo quién ganó las elecciones prometiendo “más trabajo, más democracia, más educación” a la misma vez que se presentaba como el “Pachacutek” del siglo XXI con el símbolo político milenario de la “chakana” (que expresa el vínculo con el Perú profundo), y derrotando a Alan García en las elecciones del 2001 con 53.08% contra 46,92%.

Pero la ilusión en Toledo se convirtió rápidamente en decepción ya que su administración, si bien es verdad, tuvo un crecimiento económico del 4.9% en promedio (liderado por la minería, manufactura y construcción), con un déficit fiscal menor al 1% y más de $15 mil millones en RINs, pues, se caracterizó por el continuismo del modelo económico y los escándalos de corrupción (planillas del PNUD, no reconocer a su hija extramatrimonial Zaraì, etc.).

Y cuando intento privatizar Egasa y Egesur (empresas públicas de energía), el pueblo arequipeño (en especial las clases medias), se rebeló con enfrentamientos sociales con la policía que no se veían desde hace décadas. El saldo fue de dos ciudadanos muertos, decenas de heridos y la renuncia del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Y fue tan profunda la crisis política del gobierno de Toledo que los analistas hablaban de la “democracia de un dígito” ya que llego a tener 8% de aprobación popular.

“Alan vuelve” pero como converso neoliberal

Luego, asumiría el poder el ex presidente Alan García, quién terminó su primer mandato (85-90) odiado por el pueblo ya que su gobierno fue un desastre económico (hiperinflación), político (aplicación de políticas “estatistas” que generaron marchas de miles lideradas por Vargas Llosa), y moral (el tren eléctrico, la venta de los aviones Mirage, dólares muc, etc.).

En el 2006, el líder del APRA le gano (con una guerra sucia apoyada por los poderes fácticos y la intervención de la embajada EE.UU.), a Ollanta Humala por 52,62% contra 47,37% prometiendo un “cambio responsable” frente al “salto al vacío del chavista Ollanta”.

Sin embargo, una vez en el poder, si bien es cierto, la economía creció al 7% en promedio (liderado por la construcción, comercio y servicios), García continuó con la misma política económica neoliberal, que se expresó en un artículo escrito por él en El Comercio titulado “El síndrome del perro del hortelano” (28-10-07). Y que luego, al tratar de imponer unos decretos ley, para supuestamente, firmar el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., desembocó en una rebelión social denominada Baguazo, con el saldo de 33 muertos, entre indígenas y policías, que le obligo a dar un paso atrás y la derogatoria de los mismos decretos.

La victoria de Ollanta: De la gran transformación a la gran capitulación

De esta forma llegamos a las elecciones del 2011. Un país con crecimiento económico (por los altos precios de los minerales), pero con una fallida transición democrática y por tanto con una crítica polarización social donde la mayoría ciudadana demandaba un cambio del modelo económico que se cimienta en la constitución política fujimorista.

Y justamente, después de varios procesos judiciales y guerra sucia llamándolo “chavista”, fue Ollanta Humala, el que prometía no solo una revolución educativa sino una gran transformación del modelo y el Estado a través de una Asamblea Constituyente, conquistando así una alianza con la izquierda y los movimientos sociales, el que ganó las elecciones a la hija del dictador, Keiko Fujimori, Hoja de ruta de por medio (un documento de negociación de centro político para que Perú Posible y Mario Vargas Llosa lo apoyen en el ballotage).

Y con 51.44% contra 48.55% Ollanta juramento (28/07/11) simbólicamente “en el nombre de la constitución de 1979” (que le daba al Estado un carácter gerencial de la economía y que penaba la traición a la Patria con la muerte) dejando entrever que iba a pelear por una nueva constitución. No obstante, a tres años de su mandato la única transformación que la ciudadanía ve es la de Ollanta y su esposa Nadine Heredia (muy cuestionada por su obsesivo protagonismo sui generis llegando a generar crisis política al gobierno), quienes son acusados de haberle capitulado a los poderes facticos y al “garante” Vargas Llosa respetando la constitución espuria del 93 y continuando con el tercer piso del neoliberalismo con la aplicación de reformas estructurales que ninguno de sus antecesores se animó por el ascenso de ingentes rebeliones sociales.

Y en efecto, hoy, el Perú, con un crecimiento económico que bordea el 4.5% en su primer trimestre (con elementos de desaceleración), tiene uno de los salarios más paupérrimos de la región y una desigualdad social que llega al 0.6% del índice GINI (uno de los más altos de AL), con un sector formal que solo llega al 12% de la PEA mientras que el informal está en el 70%, sin ninguna clase de seguro social.

Y esto porque la constitución sistémica instaurada por la dictadura, además de introducir el libre comercio en la salud, educación, trabajo, vivienda, etc., estaba diseñada para el control absoluto (y a veces hasta mafioso como sucedió con Fujimori-Montesinos), de los poderes del Estado por parte de la presidencia de la República.

Esta es la razón de fondo de la crisis de corrupción (según Pulso Perú el 91% de la población cree que la corrupción es muy alta), de la caída en las encuestas de la pareja presidencial hasta el 25% de apoyo público, de la crisis entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura, entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, de la crisis educativa en general (y universitaria en particular), de la crisis en la salud (con médicos en huelga), de los más de 200 conflictos sociales, de las mafias en los gobiernos regionales, de que la iglesia católica sea privilegiada por el Estado, de la guerra entre gran minería y minerìa informal (con el Estado a favor del primero), de que la transnacional DOE RUN no respete las leyes o que la gran minerìa haya convertido a La Oroya en la quinta ciudad más contaminada del mundo o que quieran imponer minerìa en cabecera de cuenca como en Conga, Cajamarca, y de que Perù no pueda superar su carácter primario exportador y avanzar hacia una economía industrializada con tecnología de punta para competir en el mercado mundial.

Este es el abc de la crisis política peruana.

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